El palacio para las mineras, la calle por el agua
La semana pasada, como resultado de la convocatoria realizada por la Cámara de Diputados para una audiencia pública sobre la reforma de la Ley de Glaciares, se produjeron dos escenas simultáneas que resumen el estado de la política ambiental argentina: adentro del Congreso, un proceso diseñado para aparentar participación sin garantizarla; afuera, una ciudadanía que llegó con carteles en el pecho para decir lo que el Gobierno prefirió no escuchar. En un informe de la Agencia Tierra Viva, que aquí se presenta resumido, Nahuel Lag reconstruye ese panorama.
Más de cien mil personas se inscribieron para exponer en las audiencias públicas convocadas para tratar la reforma a la Ley de Glaciares. El Gobierno permitió hablar a doscientos. La proporción (0,3 %) no fue un error administrativo: fue una declaración política.
«Soy una de las104 mil personas inscriptas en la audiencia pública», decía el cartel en el pecho de Claudia, parada sobre uno de los vallados con los que Gendarmería y Policía Federal cercaron diez cuadras a la redonda del Congreso. Desde el cruce de Riobamba y Mitre, convocados por la campaña «La Ley de Glaciares no se tocan», los excluidos pusieron en palabras lo que los legisladores evitaron escuchar. Claudia no necesitó el megáfono: «Si se pierde el agua de los glaciares, si se rompe esa cadena santa, por una guita que ni siquiera va a quedar acá, no tenemos ninguna perspectiva».
Lo que Lag documenta con precisión es el mecanismo de la farsa. El reglamento de la audiencia preveía ampliar los días de participación según la cantidad de inscriptos: no se hizo. Preveía cinco minutos por expositor: se avisó minutos antes del inicio que serían cuatro. Lo que se publicó como «registro de inscripción» pasó a ser «solicitud de inscripción». Se habilitaron fuera de reglamento ponencias por YouTube, formato que, como denunciaron los impugnantes, «no garantiza que dichas intervenciones sean efectivamente escuchadas, consideradas ni integradas al proceso deliberativo». La lista de los doscientos seleccionados no se hizo pública hasta que comenzó la audiencia, y los criterios de selección no tuvieron respuesta oficial. Hubo personas que habían recibido el correo de confirmación y no pudieron ingresar.
La crónica documenta también quiénes sí entraron a defender la reforma. Pablo Marcet se presentó como geólogo, pero la periodista Tais Gadea Lara denunció que era miembro de la junta directiva de Pan American Silver Corp, minera canadiense que lleva años intentando romper el «No a la mina» en Chubut. Las diputadas Lucía Cámpora y Sabrina Selva denunciaron en voz alta, frente a los presidentes de las comisiones, que se habían agregado sobre la marcha un representante del Ministerio de Minería de San Juan y uno del Grupo de Empresas Mineras Exploradoras de la Argentina. El presidente de Lithium Argentina —cuyo yacimiento en el Salar de Hombre Muerto pasó en febrero a control de Río Tinto— también expuso a favor. En paralelo, el ministro Luis Caputo anunciaba más beneficios del RIGI para esa misma empresa británica, que además participa del proyecto Los Azules en ambiente glaciar.
Las autoridades ambientales de Buenos Aires, la ministra Daniela Vilar, y de La Pampa, la secretaria de Ambiente Vanina Basso, se presentaron en la audiencia para rechazar la norma. Una falta de acuerdo entre las provincias que quedó expresada en la última reunión extraordinaria del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) —organismo reconocido por la Ley de Ambiente para ordenar la política ambiental del país— donde la reforma no tuvo quórum. Córdoba, Santa Fe, Jujuy, Formosa, Santa Cruz y La Rioja también se opusieron. Las propias provincias reconocieron que una aplicación sin criterios federales y abandonados los glaciares a las decisiones provinciales resultará en una victoria para la presión económica que ejercerán las mineras, algo que el Senado ya desoyó a favor de las multinacionales y las provincias mineras que pidieron esta reforma: San Juan, Salta, Catamarca y Mendoza (Jujuy, la impulsó, pero mostró un cambio de posición para sumar modificaciones que aún no se reflejaron en el texto).
El abogado ambientalista Enrique Viale identificó en su exposición los proyectos con nombre propio que se beneficiarían: MARA y El Pachón, de Glencore; Vicuña, de BHP y Lundin Mining; Los Azules, de McEwen Cooper. Todos en zona de glaciares, todos bajo el paraguas del RIGI. La directora ejecutiva del Círculo de Políticas Ambientales, María Eugenia Testa, fue categórica: «Nunca el sujeto regulado puede ser el que diseña las regulaciones que tiene que cumplir. Si aprueban esta ley, diseñada por las empresas mineras, va a ser la mayor estafa que hagan desde el Congreso».
Lo que está en juego tiene escala concreta. Los glaciares y periglaciares ocupan el 0,2 % del territorio nacional, pero abastecen 36 cuencas hídricas, un millón de kilómetros cuadrados, 1800 localidades y siete millones de personas. Si la norma aprobada por el Senado avanzara, cada provincia definiría —sin criterios federales— si un glaciar cumple «función hídrica» o si una explotación minera podría generar una «alteración relevante». Como resumió el titular de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Andrés Nápoli: «Cuanto más cerca de un emprendimiento minero, menos chance va a tener un glaciar de ser considerado reserva de agua». Nápoli advirtió, además, que la norma permitiría a las provincias ordenarle al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) borrar glaciares del inventario y legalizar proyectos que ya operan en la ilegalidad.
El Poder Judicial, por su parte, rechazó de manera exprés las medidas cautelares presentadas por FARN, Greenpeace, Abogados Ambientalistas y otras organizaciones, sin detenerse en las cuestiones de fondo. El juez Enrique Lavié Pico negó incluso la posibilidad de veedores judiciales que registraran las irregularidades. Un grupo de diputados de la oposición —del radicalismo, la Coalición Cívica, Unión por la Patria y Provincias Unidas— presentó una impugnación formal ante el presidente de la Cámara, Martín Menem, que también fue ignorada.
Tras el cierre de las audiencias, el diputado Nicolás Mayoraz publicó un video burlándose de los expositores en defensa del agua, convocando a la «batalla cultural para reconstruir los valores de occidente». Carlos Herrera, vecino de Famatina y uno de los últimos en exponer, ofreció la síntesis más seca: »¿Ya se sabe qué se hizo desde los noventa con la apertura de inversiones mineras como para que tengamos que seguir destruyendo nuestros ecosistemas?»
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