El Estado en el banquillo: Crónica de un contrato roto
La paradoja de una sociedad agobiada: matan a un docente que trabajaba como chofer de una app de viajes; su pasajero, un policía. Cristian Eduardo Pereyra daba clases en distintas escuelas técnicas de La Matanza. Como el sueldo no le alcanzaba, hacía viajes en una aplicación. Durante la madrugada del domingo fue asaltado y asesinado por un policía que luego le robó el auto.
La muerte del docente a manos de un policía no es un accidente del destino, sino el resultado lógico de un Estado en retirada. Cuando el guardapolvo blanco debe refugiarse tras un volante para ganarse el pan, y el uniforme azul se convierte en el disfraz de un delincuente, lo que se ha roto no es solo una vida: es el pacto fundamental que sostiene a una nación.
El Estado argentino ha fallado en su doble misión de educar y proteger. La paradoja es una radiografía de la desidia institucional, de la anunciada por Milei destrucción del Estado.
Por un lado,la claudicación educativa, un país que condena a sus maestros al pluriempleo y a la fatiga crónica está hipotecando su futuro. El salario docente no es un gasto, es el termómetro de la dignidad nacional. Por otra parte, la perversión de la fuerza, un sistema que permite que un agente utilice su formación y su arma reglamentaria para el pillaje no es solo ineficiente, es cómplice. La falta de control y la degradación de los cuadros de seguridad han transformado al «servidor público» en una amenaza latente. En este caso y en muchos otros, como cuando reprimen a granel y lastiman jubilados y periodistas.
El azar y su contrasentido son una herida abierta: ninguno de los dos debería haber estado allí. El educador merecía la tranquilidad de un sueldo que honrara su vocación y el policía debía ser el escudo, nunca el puñal
La paradoja es tan cruel como evidente: el docente no debería estar frente a un volante por necesidad, sino descansando para su próxima clase. El policía no debería estar empuñando el arma contra el civil, sino siendo su muralla. Cuando el salario de un trabajador formal es una invitación a la indigencia y la formación de un agente es un curso acelerado para el delito, la estructura misma del contrato social se desmorona.
Y en todo esto surge la institucionalización del desamparo. La responsabilidad política es ineludible.
El Estado es responsable por la inflación que devora el sueldo del trabajador honesto y por congelar su salario, y por la anomia que permite que un policía confunda su placa con una licencia para matar. Y no es válido excusarse desde el gob.nac en que los sueldos docentes son responsabilidad de las provincias. Existe un contorno de políticas públicas nacionales que inciden en todo el pais, en cada estado provincial y deterioran condiciones de vida. No hay excusa sobre jurisdicciones.
Cuando el delito se convierte en una opción salarial para quien debe combatirlo y el agotamiento es el único premio para quien enseña, la república es apenas un simulacro.
No podemos permitir que el horror se convierta en paisaje. La justicia por el maestro asesinado exige más que una sentencia penal. Exige una reconstrucción ética de las instituciones.
Mientras el Estado siga ausente en la protección de sus ciudadanos y presente solo en el abandono de sus trabajadores, la paradoja argentina seguirá escribiendo su historia con sangre y resignación.
Hoy lloramos a un maestro, pero también lloramos la naturalización del espanto.
Demasiada tristeza hay hoy en nuestro pais. Demasiada.
Osvaldo Nemirovsci
Diputado nacional (MC) por Río Negro. Presidente de la Comisión de Comunicaciones e Informática (2003/07). Ex coordinador general del Consejo Argentino de Televisión Digital (2009/2015). Director de Propuesta para la Industrialización y Recuperación de la Cultura Audiovisual (Pirca).
