El aumento en alimentos agrava la pobreza

En el país que presume de ser uno de los principales productores de alimentos del mundo, millones de personas son cada día más pobres y tienen carencias alimentarias que condicionan su futuro. Para revertir esta situación, agudizada por la disparada inflacionaria, es preciso eliminar o disminuir la intermediación, lo que requiere una deliberada política estatal con recursos para sostener una logística adecuada y una planificación participativa que involucre a trabajadores, productores y consumidores.

Los datos de inflación a febrero del 2023 preocupan. En efecto, el 6,6 % de febrero de 2023, un 13,1% en el primer bimestre del año y el 102,5% acumulado en doce meses preocupa, pero más aún en los sectores sociales empobrecidos. Es un tema agravado cuando el rubro alimentos creció un 9,8 % en febrero, un 17,2 % entre enero y febrero y 102,6 % en el acumulado de doce meses.

Convengamos que, con ingresos populares en baja, sean salarios, jubilaciones o asistencia social diversa, el deterioro de las condiciones de vida cotidiana de la mayoría de la población agrava la situación de empobrecimiento.

Un dato de la realidad es la desigualdad, manifiesta en la concentración de ingresos y riqueza en muy pocas manos y una ampliación del empobrecimiento social.

Hace rato que preocupa el tema inflacionario, y no alcanza con señalar que se trata de un fenómeno mundial, ya que la inflación en EE. UU. llegó al 8/9 % anual y ahora está en torno al seis por ciento. En general, sea en Europa u otros países del sistema mundial, la inflación anualizada ronda entre el ocho y el 20 %. Claro que hay países con registros menores, muchos de ellos en la región latinoamericana y caribeña. La especificidad de Argentina es que la inflación anual para varios países es mensual en los registros locales. No es un tema nuevo, sino de largo aliento, que, en la última etapa, con alzas y bajas empezó a escalar desde el 2006/07.

Teoría, política, alimentos y pobreza

Hay un debate teórico y político sobre las causas de la inflación y las políticas antiinflacionarias. Es un debate inconciliable, sustentado en bases teóricas y políticas que pretenden objetivos diferenciados y expresan intereses económicos, políticos y culturales particulares.

Desde el liberalismo se sostiene un enfoque monetarista que desemboca en políticas de ajuste fiscal, elevando al déficit fiscal y la emisión monetaria como los problemas esenciales. La escuela keynesiana, con variantes, sustenta políticas de «acuerdos» entre distintos eslabones del proceso de producción y circulación, y resuelve el diagnóstico abusando de una multicausalidad que puede explicitar variadas causas y efectos.

Obvio que en cada corriente existen matices, como los hay en quienes polemizan desde el marxismo, que asientan sus posiciones en la ley del valor de Marx y, por ende, el carácter monetario mercantil de la sociedad capitalista. El debate está inacabado y puede parecer un diálogo sin escucha, imposible de sintetizar y, mientras tanto, los precios generan la creciente desigualdad, lo que supone la extensión del empobrecimiento.

La suba de precios afecta en primer lugar a las y los generadores de la riqueza social: las y los trabajadores. A ello se suman un conjunto de sectores pequeños de la producción y la actividad económica en general, sin capacidad de intervenir en la disputa por el excedente económico.

Desde esta preocupación, del deterioro agravado de los empobrecidos, es que nos interesa específicamente qué ocurre con los alimentos, el rubro de mayor incidencia en el índice de inflación, que oscila entre el 25 % en el Gran Buenos Aires (GBA) y el 38 % en el noreste.

El gasto de la pobreza es principalmente en alimentos y si estos crecen en precio con deterioro de ingresos populares, queda claro el resultado de mayor indigencia y pobreza. Algunos datos provistos por el Indec para febrero y el GBA evidencia una suba de precios respecto de enero del 35 % en carne picada común, 34,3 % el cuadril, 33,5 % la paleta, 32,8 % la nalga y 28, 6% el asado; 14,6 % el arroz blanco simple, 13,2 % los huevos de gallina, 9,9 % el queso cremoso o el yogur firme; y más aún, 72,4 % la naranja, o 13 % la batata. Son solo algunos datos que ilustran la mayor suba de alimentos respecto del promedio de los precios que subieron 6,6 % en febrero pasado, y recordemos 9,8 % los alimentos.

Claro que también se explica que la sequía agrega problemas, que genera escases y pérdida de calidad en la mercadería. Es un tema asociado a otros países y vinculado al cambio climático, que pone de manifiesto que es un tema que transciende la coyuntura y que todo indica que es escasa la planificación de iniciativas que contemplen un problema estructural que debiera resolverse en el marco de la integración regional.

Discutir el diagnóstico y las propuestas

Mucho se discute sobre la fijación de precios en general, y existen ramas monopolizadas en la producción y circulación de alimentos, al tiempo que existe una diversidad de productores de frutas y verduras distribuidos por todo el territorio que producen, en simultáneo, con una red inmensa de puestos de ventas diseminados por todo el país. Consultados pequeños comerciantes de barrio, productores de frutas y verduras, incluso profesionales que atienden a esos pequeños empresarios del campo o la ciudad, todos coinciden que un problema central está en la intermediación, por lo que una primera conclusión que habría que sacar remite a la necesidad de organizar la articulación entre esa masa de productores y distribuidores al menudeo, acercando la producción al consumo.

No se trata de establecer vínculos individuales entre productores y consumidores, sino que bien podrían desarrollarse formas comunitarias, cooperativas y de autogestión para la producción y circulación de frutas y verduras, sin perjuicio de otros alimentos en los que el país tiene elevada experiencia y desarrollo tecnológico, sea en carnes o lácteos, por ejemplo.

La propuesta involucra a trabajadores y consumidores, incluso con participación universitaria en la asistencia técnica y ámbitos específicos de las administraciones municipales provinciales y nacionales.

El mercado de alimentos, especialmente frutas y verduras demanda la extensión de los «mercados centrales», no solo los que hoy existen en varios territorios, sino que debiera extenderse como política de articulación de la producción, la circulación, el intercambio y el consumo, vías «ferias» o «mercados populares» con participación de trabajadores, productores y usuarios, impulsado por la política estatal.

Debe reconocerse que el precio aparece inducido por las grandes cadenas de circulación, fuertes concentradores de la producción y formadores de precios, a los que se adecuan los pequeños establecimientos. Es un dato que el productor pequeño es el que menos posibilidades tiene de intervenir en la fijación de precios.

Eliminar o disminuir la intermediación resulta estratégico, lo que requiere una deliberada política estatal con recursos para sostener una logística adecuada y una planificación participativa que involucre a trabajadores, productores y consumidores.

La especulación intermediaria solo puede resolverse con planificación y participación, aunque es cierto que detrás de todo está la ley del valor y, por ende, unos precios atados al régimen de producción capitalista que domina las relaciones económicas y sociales en su conjunto.

Julio Gambina

Doctor en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. El artículo original puede leerse en El blog de Julio Gambina (julio.gambina@blogspot.com).

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