DNU 690, un búmeran que vuelve a amenazar al Gobierno tras el ole de las telcos
La norma lleva más de dos años judicializada y suspendida de hecho. Los precios, en alza. Las empresas van por la derogación. El Ejecutivo, en aprietos.
Una ventana de esperanza se abrió para millones de argentinos sin acceso a internet en plena pandemia, cuando el presidente Alberto Fernández declaró «servicios públicos esenciales» a Internet, la telefonía móvil y la televisión paga. La promulgación del DNU 690/20 sorprendió a propios y extraños, y la respuesta de las grandes empresas de telecomunicaciones se manifestó en bloque: la medida implicaba un «inédito cambio de reglas» para el que, además, no habían sido consultadas. De allí, sin escalas a los tribunales para frenar el decreto por la vía judicial.
De nada sirvieron las reuniones organizadas por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) a fin de reglamentar la medida en diálogo con quienes operan en el sector, ni el aval otorgado por el Senado al refrendar el DNU, ni los proyectos de ley presentados en la Cámara alta que procuraban brindarle una mayor legitimidad a la condición de servicio público para las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC).
A más de dos años de su sanción, el DNU 690 se encuentra vigente pero suspendido por una serie de medidas cautelares dictadas a favor de las grandes firmas del sector; mientras que pymes y cooperativas cumplen con la normativa.
Las compañías reclaman que el decreto y sus normas modificatorias sean declarados inconstitucionales, con el argumento de que introdujeron cambios sobre las condiciones originales en las que accedieron a licencias de servicios de TIC (con la excepción de la telefonía fija, que ya era considerada un servicio público). Demandan, en general, un horizonte de previsibilidad para el desarrollo de sus negocios e inversiones, y libertad para la fijación de precios en un contexto de alta inflación e insumos dolarizados.
Las primeras medidas cautelares fueron concedidas a dos cableoperadoras de la provincia de Córdoba (TV Cable Color y Catrie Televisora Color), a las que se sumó la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC) como parte actora. En abril de 2021, la demanda iniciada por Telecom (fusionada con Cablevisión) logró una cautelar dictada por la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que ha sido recientemente prorrogada hasta abril de 2023. Consultada por Letra P, la empresa declinó la invitación para opinar sobre el tema.
Del mismo modo, Telecentro, DirectTV y Telefónica/Movistar obtuvieron medidas cautelares que les permitieron seguir aumentando unilateralmente los precios de sus servicios. Telefónica explicó a Letra P el motivo de su demanda: «El Decreto 690 ha provocado un fuerte impacto, ya que alteró de manera repentina las reglas de juego de una industria que demanda capital intensivo y en moneda extranjera», planteó.
Por su parte, la Cámara Argentina de Internet (Cabase), que nuclea a quienes proveen servicios de TIC y empresas de tecnología, presentó hace un año una demanda de inconstitucionalidad similar. Ariel Graizer, quien preside la entidad, explicó por qué iniciaron acciones legales una vez superada la crisis de la pandemia. «Los servicios de telecomunicaciones fueron dados con una licencia en competencia. Esas fueron las condiciones a las cuales nos tuvimos que ceñir y desarrollar nuestro negocio. Los servicios públicos son servicios concesionados, no licenciados», recordó.
Al respecto, el vicepresidente del Enacom, Gustavo López, subrayó la paradojal situación que conllevan las medidas cautelares. «Acá la legalidad no está cuestionada, porque no fue declarado inconstitucional. La Justicia cambia el sentido de la presunción de legalidad y dice: «mientras lo estudio, lo suspendo»», puntualizó el funcionario. El Estado presentó un recurso extraordinario ante la Corte, pero fue denegado. Actualmente, según explicó López, hay tres recursos de queja por apelación denegada que el máximo tribunal no ha resuelto.
¿Cómo sigue la disputa?
El camino para encontrar una «regulación superadora» que permita salir de la parálisis actual se discute en las filas de la coalición gobernante. En cualquier caso, fuentes gubernamentales y quienes operan en el sector consideran que derogar lisa y llanamente el DNU 690 sería «bochornoso» para el Frente de Todos.
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