¿Armas menos letales?
En los países de América latina es cada vez más frecuente la utilización de armas menos letales por parte de las fuerzas policiales y de seguridad. Su uso —abusivo y sin regulaciones ni protocolos— permite el aumento de la violencia estatal sobre quienes protestan. Ya no son el último recurso, sino el primero. En este contexto, desde Temblores (Colombia) y el CELS (Argentina) elaboraron un informe especial que incluye información sobre: qué son las armas menos letales; contra quiénes se usan; cómo se utilizan; qué consecuencias pueden tener sobre la salud; el negocio de la violencia policial. Aquí, un adelanto del Informe.
El uso cada vez más frecuente de armas menos letales por parte de las fuerzas policiales y de seguridad en América da lugar a situaciones de creciente violencia estatal. Al mismo tiempo, parece bloqueada la posibilidad de discutir cómo y cuándo pueden utilizarse.
Las armas «menos letales» llevan la confusión en su nombre, más aún cuando se las denomina armas «no letales» o armas de «control de multitudes», como sucede en los países angloparlantes. Son armas que se comercializan como menos letales que las convencionales, que minimizan los riesgos de lesiones graves o muerte a la vez que son efectivas para mantener el orden público.
Esta idea es atendible en una región signada por masacres generadas por las fuerzas de seguridad o militares que han disparado contra su propia población mientras se manifestaba. En los últimos años se registraron represiones sangrientas, en las que policías o militares volvieron a disparar balas de plomo. Esto ocurrió en las masacres de Sacaba y Senkata en Bolivia, en 2019, que dejaron al menos veintidós muertos y las represiones en Perú, de diciembre de 2022 y enero de 2023, en las que murieron al menos 49 personas. No es casualidad que en ambos casos la represión fue ordenada por gobiernos que acababan de llegar de facto al poder. Ocurrió además en Venezuela y Nicaragua, de la mano de la represión estatal, pero también de grupos paraestatales que asesinaron manifestantes en las calles.
Pero el consenso en torno a que las armas «menos letales» constituyen un avance no permite discutir que en América están siendo utilizadas de manera abusiva y criminal por las policías y fuerzas de seguridad, que no han sido integradas a un modelo de uso racional de la fuerza ni hay regulaciones o protocolos para su uso. Y que mientras exista la tendencia regional de los gobiernos a considerar a las protestas sociales como prácticas delictivas y a los manifestantes como terroristas, esto funcionará como justificación para el uso indiscriminado de este tipo de armas, con objetivos ilegítimos como por ejemplo disolver las manifestaciones. La práctica sistemática de disparar proyectiles contra el rostro de manifestantes, que se registra en todo el continente, es la expresión más clara de este problema.
La ola de protestas de los últimos cinco años en América movilizó a grupos subalternizados: defensores ambientales, pueblos indígenas, grupos racializados, jóvenes, mujeres, trabajadores precarizados. Para estos grupos y otros, la presencia en las calles es esencial si no quieren ver sus derechos aplastados por el extractivismo, el extremismo de mercado, el racismo y el machismo. Por eso mismo, se ven más expuestos y son afectados de manera especialmente grave por el uso abusivo de armas «menos letales». También los trabajadores de prensa han sufrido de manera desproporcionada esta violencia, con el fin de hacer más riesgoso su trabajo y así disciplinarlos.
Sabemos hace tiempo que las armas menos letales presentan una «letalidad encubierta». La idea de menor letalidad viene funcionando como una coartada para favorecer el déficit de regulación y la ampliación del uso de este tipo de armas, que ya no son el último recurso, sino el primero. Tanto las fuerzas policiales como los gobiernos y el poder judicial parecen haber naturalizado que una protesta puede ser disuelta y que los manifestantes pueden ser atacados, siempre y cuando esto se lleve a cabo con armas menos letales.
MIRÁ TAMBIÉN
¿Qué hacer con la inteligencia artificial?
POR BRUNO MASSARE | La Fundación Sadosky elaboró un documento que intenta responder a lo que consideran son preguntas urgentes sobre la inteligencia artificial. El informe aborda interrogantes sobre el origen y el uso de estas tecnologías, su impacto en la sociedad y sus implicancias éticas.
Protocolo marco sobre violencia de género contra mujeres periodistas
POR ESFERA REDACCIÓN | Medios de América Latina avanzan en el diseño de un protocolo marco sobre violencia de género contra mujeres periodistas.
Ataques legales contra el periodismo de investigación
POR ESFERA REDACCIÓN | Este documento, que aborda el preocupante incremento de las amenazas legales contra la libertad de expresión en América Latina y el Caribe, fue elaborado por Edison Lanza, exrelator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
