Argentina 2025: retrocesos acelerados en libertad de expresión y violencia estatal contra la prensa
Un monitoreo elaborado por la Dirección de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) revela un deterioro profundo de los derechos comunicacionales durante el segundo año del gobierno de Javier Milei. El informe identifica un patrón sistemático de represión, censura, persecución judicial y restricciones administrativas que afectan tanto al periodismo como al debate público.
El Informe sobre libertad de expresión en Argentina 2025 describe un deterioro acelerado y sistemático de las condiciones para el debate público y el ejercicio del periodismo durante el segundo año del gobierno de Javier Milei. A partir de un monitoreo cuantitativo y cualitativo, el documento registra un retroceso sostenido en derechos comunicacionales, un aumento de la violencia estatal y paraestatal y el avance de medidas administrativas y judiciales que restringen la protesta, la labor periodística y la circulación de información de interés público.
El documento es el resultado un proyecto conjunto entre la Dirección de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos, la Federación Argentina de Trabajadores (Fatpren), y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) en el marco del proyecto «Fortalecimiento sindical y seguridad en tiempos desafiantes para trabajadores y trabajadoras de prensa en Argentina» de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), con el apoyo del Fondo para la Democracia y el Trabajo.
El informe destaca la consolidación de una política estatal orientada a limitar el derecho a la protesta mediante represión directa, criminalización y uso desproporcionado de las fuerzas de seguridad. Entre enero y junio de 2025 se contabilizaron 1251 personas heridas en manifestaciones, de las cuales 179 eran trabajadores de prensa. La represión recurrente de las marchas de jubilados frente al Congreso se convirtió en un símbolo del disciplinamiento estatal. El caso más grave fue el del fotorreportero Pablo Grillo, herido de manera crítica por el disparo horizontal de una cápsula de gas lacrimógeno —en violación de protocolos nacionales e internacionales—, lo que evidenció la falta de control civil, la impunidad dentro de las fuerzas y el abandono estatal hacia las víctimas. La identificación del gendarme responsable se logró gracias a reconstrucciones audiovisuales realizadas por organizaciones civiles, ante la renuencia oficial a entregar pruebas.
El documento registra también un incremento de las agresiones a periodistas en múltiples protestas a lo largo del año: impactos de balas de goma, golpes, intoxicaciones con gases, detenciones arbitrarias y hostigamiento directo a reporteros y reporteras identificados como prensa. Estas acciones ocurrieron tanto en operativos federales como locales, y alcanzaron picos de violencia en las movilizaciones del 12 de marzo, 21 y 28 de mayo, 23 y 29 de julio y diversas jornadas de agosto, septiembre y octubre. En todos los casos se verificó un patrón de intervención policial orientado a obstaculizar el registro periodístico.
En paralelo, se consolidó el uso de la herramienta judicial como mecanismo de silenciamiento. El informe documenta un aumento de denuncias penales y civiles promovidas por el presidente Milei y funcionarios oficiales contra periodistas y figuras públicas por expresiones críticas: Carlos Pagni, Ari Lijalad, Viviana Canosa, Julia Mengolini, Nicolás Lantos, Jorge Rial, Fabián Doman y Mauro Federico, entre otros. Aunque la mayoría de las causas no prosperaron, su sola existencia produce un efecto disciplinador y un costo material y simbólico para quienes investigan al poder. El caso de Mengolini —que además sufrió campañas de desinformación, deepfakes, amenazas y hostigamiento digital— fue emblemático del riesgo agravado para mujeres periodistas.
El informe incluye la censura judicial del caso «audios de Karina Milei», donde una medida cautelar ordenó bloquear la difusión de grabaciones vinculadas a presuntos hechos de corrupción. El juez actuó sin analizar el contenido ni ponderar el interés público, generando un precedente de censura previa incompatible con los estándares democráticos. La intervención estatal se extendió a allanamientos solicitados contra periodistas y a intentos de criminalizar la labor informativa en Uruguay.
Asimismo, se registraron regresiones en provincias, especialmente en Tucumán, donde un juez impuso un «bozal legal» a un multimedio local, prohibiéndole criticar al Poder Judicial durante seis meses. El fallo fue repudiado por organizaciones periodísticas y de derechos humanos por constituir un caso grave de censura previa.
El informe también da cuenta de un conjunto de restricciones indirectas que, aunque menos visibles, afectan la transparencia democrática. Se destacan la limitación inédita del acceso de reporteros gráficos al Congreso en la apertura de sesiones; el anuncio de mecanismos de control a periodistas en conferencias oficiales; y, especialmente, la Resolución 1319/2025, que establece criterios restrictivos y discrecionales para las acreditaciones en la Casa Rosada, fija cupos reducidos, prohíbe transmisiones en vivo, impone códigos de vestimenta, limita desplazamientos y habilita sanciones que pueden derivar en la pérdida de la credencial. Estas regulaciones consolidan un sistema de acceso restringido y selectivo a la información estatal.
El informe contextualiza también la respuesta del sistema internacional de derechos humanos: la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Naciones Unidas, la Federación Internacional de Periodistas y Reporteros Sin Fronteras (RSF) han expresado preocupación por el agravamiento del clima de hostigamiento, la baja tolerancia presidencial a la crítica y el incremento de la violencia institucional, lo cual explica el porqué la Argentina descendió 47 puestos en el índice global de libertad de prensa de RSF.
Finalmente, el documento subraya que el conjunto de medidas —represión, judicialización, censura, restricciones administrativas y campañas de descrédito— produce un efecto inhibitorio generalizado, erosiona el pluralismo, afecta de manera diferencial a los sectores más vulnerables y consolida una matriz estructural de silenciamiento que compromete la calidad democrática. Las organizaciones que elaboran el informe destacan la responsabilidad del Estado de garantizar el derecho a la comunicación y llaman a fortalecer las redes de documentación, incidencia y articulación para frenar la erosión del espacio público.
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