Solicitan a la CIDH que intervenga por el derecho a la información y la libertad de expresión en la Argentina
En seis meses, el gobierno de Javier Milei impulsó medidas que generan más concentración y menos pluralismo en el sistema de medios. Por esta regresión en el derecho a la información, organizaciones de derechos humanos, medios comunitarios, trabajadores de prensa y carreras de comunicación volvieron a presentarse ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría para la Libertad de Expresión.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), junto con organizaciones de medios comunitarios, trabajadores de prensa y carreras de comunicación presentaron un documento a la CIDH y la Relatoría para la Libertad de Expresión en el que detallan los nuevos avances del Gobierno nacional sobre los medios públicos y los retrocesos en materia de derecho a la comunicación en la Argentina y solicitan que ésta «considere formular una comunicación urgente al Estado Argentino instándolo a respetar y asegurar los derechos a la libertad de expresión y acceso a la información y los estándares internacionales en materia de pluralidad de medios y voces».
En seis meses de gestión, el gobierno de Milei impulsó una serie de medidas que afectan el derecho al acceso a la información y la libertad de expresión. Además de las dificultades graves para el trabajo de periodistas, que incluyen actos de violencia física y verbal, el Gobierno tomó decisiones legales y administrativas que conducen a una mayor concentración del sistema de medios argentino —ya de por sí concentrado— y al achicamiento de su pluralismo y diversidad.
Por este motivo, el CELS, junto con la Asociación Mundial de Radios Comunitarias- Argentina (AMARC), el Centro de Investigaciones Industrias Culturales y Espacio Público de la Universidad Nacional de Quilmes (Centro ICEP-UNQ), la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas (Conta), el Foro Argentino de Radios Comunitarias (Farco), la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren), la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo (Redcom), la Red de Medios Digitales (RMD), y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) volvieron a presentarse ante la CIDH y a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. En febrero habían advertido a la CIDH sobre el incumplimiento de los estándares de libertad de expresión de parte del Gobierno que había asumido dos meses antes. Ahora, en la ampliación de aquella presentación, enumeran los nuevos hechos que implican una grave regresión en materia de derecho a la comunicación, al acceso en condiciones de igualdad a la información y al conocimiento, no mercantilizada, y a la libertad de expresión en Argentina.
Al respecto, el documento señala que el 21 de mayo el Gobierno nacional anunció que comenzó un «proceso de reorganización» en todo el sistema de señales de televisión y radios estatales. La primera medida suspendió los contenidos de las redes sociales y páginas web de la Televisión Pública, radio Nacional, las emisoras del interior, FM Clásica, FM Rock, FM Folklórica, Paka Paka y canal Encuentro. Y que todavía no se sabe cuánto durará esta medida aparentemente temporal, ni tampoco existe una fundamentación de esta restricción que amenaza la igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación. Además, amplía, la decisión afecta el acceso al archivo de documentos públicos de estos medios, lo que dificulta mantener una memoria y archivo de los sucesos de la nación a nivel federal.
A continuación, recuerda que el mensaje que aparece en las páginas web suspendidas es idéntico al publicado desde marzo de este año en la página de Télam, la agencia de noticias estatal que fue vallada y silenciada por el Gobierno y lleva más de ochenta días cerrada.
Tras señalar que la Argentina tiene un sistema de medios de comunicación altamente concentrado desde el punto de vista económico y centralizado desde el punto de vista geográfico —circunstancia que torna aún más relevante el rol de los medios de comunicación públicos para la producción y circulación de información, entretenimiento y educación—, subraya que las diferentes políticas del Gobierno nacional apuntan a desmontar pilares fundamentales de la comunicación y la pluralidad de voces, orientando toda decisión a sus metas de ajuste fiscal y al dogma de que sólo el mercado merece sobrevivir, razón por la cual todo lo que no tiene fines de lucro es atacado y desguazado.
Ante esta situación, las organizaciones firmantes de esta nueva presentación peticionan a la CIDH y a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión que insten al Estado argentino a cesar con el apagón informativo digital de los medios públicos, garantizar el acceso público a todo el material periodístico creado por los medios públicos de forma urgente, preservar la totalidad del archivo y ponerlo a disposición de manera accesible, ordenada y práctica para su búsqueda. También solicitan a la CIDH a que pida al Estado a que adopte las medidas necesarias para evitar la aprobación de normativas que limiten la libertad de expresión o el acceso a la información y proteja los derechos a la libertad de prensa de las y los trabajadores de los medios públicos.
Con información del CELS
