Quién controla los medios y quién decide el futuro de la inteligencia artificial
Leímos dos textos que nos parecieron interesantes para pensar las relaciones entre tecnología, poder y democracia. Por un lado, Martín Becerra analiza cómo la retirada de capitales extranjeros del sistema argentino de medios y telecomunicaciones favorece la expansión de conglomerados nacionales concentrados. Por otro, Evgeny Morozov propone discutir cómo reapropiarse de la inteligencia artificial para construir alternativas al dominio corporativo, en lugar de reducir la respuesta política al rechazo de la tecnología. Desde perspectivas diferentes, ambas lecturas nos interpelan sobre una misma cuestión: quién controla las infraestructuras que organizan nuestra vida social y qué alternativas podemos construir frente al poder de las grandes corporaciones.
IDEAS CLAVE
- La nacionalización no garantiza pluralismo: el cambio de propietarios extranjeros por empresarios locales puede profundizar la concentración del sistema de medios.
- La crisis de los medios tiene consecuencias democráticas: la caída de los ingresos publicitarios, la precarización laboral y el debilitamiento de los medios públicos afectan la diversidad informativa y el federalismo.
- La inteligencia artificial es también una disputa política: sus impactos dependen de las decisiones económicas, las infraestructuras y los intereses que orientan su desarrollo.
- La crítica necesita alternativas: tanto en los medios como en la IA, ampliar la autonomía exige políticas públicas, instituciones sólidas y formas de apropiación social de los recursos tecnológicos.
En su artículo «Medios de cabotaje: la nacionalización del mapa de medios con Milei», publicado por La Tecl@ Eñe, Martín Becerra examina una paradoja de la política económica argentina: mientras el Gobierno promete abrir la economía y atraer inversiones extranjeras, el sector de medios y telecomunicaciones atraviesa un proceso de retirada de capitales internacionales que favorece la expansión de los grandes grupos empresarios locales.
La venta de Telefé, el traspaso de DirecTV al Grupo Werthein y la adquisición de Telefónica por parte de Telecom son algunos de los movimientos que modificaron la estructura de propiedad del sistema infocomunicacional. Detrás de esas operaciones, Becerra identifica una tendencia que excede el cambio de nacionalidad de los propietarios: la consolidación de conglomerados con intereses económicos que van mucho más allá de la producción y circulación de contenidos.
El Grupo Clarín, el Grupo América y el Grupo Werthein aparecen entre los principales beneficiarios de esta reconfiguración. La concentración de activos en pocas manos convive con una crisis económica que golpea a los medios tradicionales, una transformación del mercado publicitario en favor de las plataformas digitales y un deterioro de las condiciones laborales de periodistas, productores y trabajadores de la cultura.
El diagnóstico del investigador pone en cuestión la idea de que la nacionalización de la propiedad implique, por sí misma, una mayor autonomía o una democratización del sistema. La salida de inversores extranjeros no ha dado lugar a una estructura más diversa, sino a un mercado dominado por actores con una fuerte capacidad económica y estrechos vínculos con el poder político.
A este panorama se suma el debilitamiento de los medios públicos, con el desguace de Télam, el vaciamiento de señales educativas y culturales y el desfinanciamiento de la televisión y la radio estatales. La pérdida de corresponsalías y capacidades de producción en las provincias profundiza, además, una centralización informativa que tiene al Área Metropolitana de Buenos Aires como principal centro de decisión y producción.
La pregunta que deja abierta Becerra no es solamente quiénes son los dueños de los medios, sino qué consecuencias tiene esa estructura para el pluralismo, el federalismo y la circulación de información de interés público. Un sistema puede tener propietarios nacionales y, sin embargo, estar lejos de garantizar una diversidad efectiva de voces. En ese sentido, el modelo de cabotaje que describe el autor no supone necesariamente una mayor soberanía comunicacional: puede representar, por el contrario, una concentración todavía más pronunciada del poder.
Evgeny Morozov: imaginar alternativas más allá del boicot
En la entrevista Morozov: «Un proyecto militante debe formular alternativas más allá del boicot», realizada por Betania Nuñez y Natalia Gelós y publicada por la revista Crisis, el investigador y fundador de The Syllabus propone otra entrada a la discusión sobre las relaciones entre tecnología y poder. Su preocupación es evitar que la crítica al modelo de Silicon Valley termine atrapada entre dos posiciones igualmente limitantes: la tecnofobia y la aceptación acrítica de las soluciones que ofrecen las grandes empresas.
Morozov sostiene que la inteligencia artificial no constituye una realidad cerrada, inevitablemente asociada con las formas de producción y explotación que hoy predominan. Su desarrollo está atravesado por decisiones políticas, económicas y culturales. Por eso, discutir la tecnología implica también preguntarse qué necesidades debe atender, qué formas de organización social puede facilitar y bajo qué condiciones conviene utilizarla.
Desde esa perspectiva, la IA podría contribuir a resolver problemas de coordinación colectiva y ampliar la autonomía, la creatividad y la experimentación. Pero esa posibilidad no se realizará automáticamente. Las herramientas disponibles están mediadas por intereses comerciales, modelos de suscripción y una infraestructura material que demanda energía, agua y recursos. El problema, entonces, no reside solamente en las capacidades de la tecnología, sino también en la economía política que organiza su desarrollo.
Morozov propone explorar alternativas: modelos locales que puedan funcionar en computadoras personales, políticas públicas que amplíen el acceso a esas herramientas y formas de intervención estatal que no se limiten a subsidiar a las grandes compañías para instalar centros de datos. En lugar de aceptar que la innovación debe quedar en manos de Silicon Valley, plantea discutir cómo orientar los recursos y las capacidades tecnológicas hacia objetivos colectivos.
Su mirada también introduce una dimensión geopolítica. La competencia entre Estados Unidos y China por el liderazgo en inteligencia artificial reproduce, según advierte, una dinámica que recuerda a la carrera armamentista de la Guerra Fría. Las decisiones tecnológicas forman parte de proyectos de poder que involucran a los Estados, las corporaciones y sus respectivas estrategias de influencia internacional. Para Morozov, enfrentar esa disputa requiere algo más que iniciativas aisladas: supone construir capacidades institucionales y políticas capaces de disputar la orientación del desarrollo tecnológico.
De allí su crítica a una militancia que se limita al boicot. La resistencia, sostiene, necesita formular alternativas concretas. También interpela a las bibliotecas, las universidades y las instituciones públicas, a las que atribuye un papel decisivo en la experimentación y la construcción de infraestructuras de conocimiento que no dependan exclusivamente de las grandes plataformas.
La propuesta no consiste en idealizar la inteligencia artificial ni en desconocer sus impactos sociales y ambientales. Se trata de disputar sus usos, su organización y sus finalidades. Para Morozov, la pregunta relevante no es si debemos aceptar o rechazar la IA en bloque, sino qué tecnologías necesitamos, cómo podemos apropiarnos de ellas y qué proyecto de sociedad queremos construir.
Dos lecturas, una disputa por la autonomía
Aunque parten de objetos diferentes, los textos de Becerra y Morozov convergen en una preocupación central: las infraestructuras de comunicación y tecnología no son espacios neutrales. Su propiedad, sus formas de financiamiento y sus mecanismos de funcionamiento expresan relaciones de poder que condicionan la producción de información, el acceso al conocimiento y las posibilidades de intervención colectiva.
Becerra muestra cómo la concentración empresarial puede avanzar incluso cuando cambia la nacionalidad de los propietarios. Morozov, por su parte, advierte que la crítica al poder tecnológico pierde fuerza si no logra traducirse en alternativas institucionales, políticas y materiales. En ambos casos, la autonomía no se resuelve mediante declaraciones de principios ni depende exclusivamente del origen de los capitales o de la disponibilidad de nuevas herramientas.
Las dos lecturas también invitan a distinguir entre innovación y democratización. Que un sistema incorpore nuevas tecnologías o quede bajo control de empresarios nacionales no significa que amplíe la participación social, distribuya mejor sus beneficios o garantice una mayor diversidad. Para que eso ocurra, hacen falta políticas, instituciones y capacidades públicas que orienten el desarrollo hacia objetivos de interés colectivo.
Desde Esfera Comunicacional, proponemos leer estos trabajos como una invitación a ampliar la discusión sobre la soberanía comunicacional y tecnológica. No alcanza con preguntarse quién controla los medios o quién desarrolla la inteligencia artificial. También es necesario discutir qué regulaciones, infraestructuras públicas y formas de organización pueden garantizar que la información y la tecnología contribuyan a una sociedad más plural, autónoma y democrática.
La cuestión de fondo es cómo pasar del diagnóstico del poder concentrado a la construcción de alternativas. Porque tanto en el sistema de medios como en el universo de la inteligencia artificial, la disputa no se limita a quién posee los recursos: también involucra quién puede utilizarlos, con qué propósitos y en beneficio de quiénes.
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