Praxis: la utopía tecnolibertaria desembarca en el Río de la Plata

Marcelo Valente

Editor de Esfera Comunicacional

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IDEAS CLAVE

• Praxis forma parte de una corriente tecnolibertaria que busca crear comunidades con autonomía respecto de los Estados nacionales.

• Próspera, en Honduras, es un antecedente relevante para comprender el desarrollo de ciudades privadas con modelos propios de gobernanza.

• Jorge Majfud cuestiona los imaginarios raciales y coloniales que identifica en el entorno ideológico del proyecto.

• La inversión y la innovación no garantizan por sí mismas un desarrollo equitativo ni una mayor soberanía.

• El control del agua, la tierra y la infraestructura tecnológica plantea interrogantes estratégicos para América Latina.

• El debate central es quién define las reglas del futuro, quién se beneficia y qué derechos colectivos deben preservarse.

Praxis, un proyecto estadounidense que busca crear una comunidad soberana organizada según los principios del tecnolibertarismo, anunció el inicio de la construcción de una nueva ciudad en Uruguay, sobre la costa del Río de la Plata y a poca distancia de Buenos Aires. Sus promotores imaginan una sociedad preparada para un mundo posterior a la inteligencia artificial general; es decir, una etapa en la que la inteligencia artificial habría alcanzado capacidades cognitivas e intelectuales comparables a las humanas. Sin embargo, detrás de esta promesa de futuro tecnológico aparece una aspiración política más amplia: ensayar formas de organización social que reduzcan la dependencia de los Estados nacionales y de sus marcos regulatorios.

Según el artículo de Le Grand Continent, Praxis nació en 2019, impulsado por Dryden Brown y Charlie Callinan. Su historia se inscribe en una tradición estadounidense de proyectos que procuran establecer comunidades autónomas, tanto en tierra como en el mar. Uno de sus antecedentes es el seasteading, una corriente que promovió la creación de asentamientos independientes en aguas internacionales, aprovechando las dificultades jurídicas que supondría su regulación. El Seasteading Institute, fundado en 2008 por Wayne Gramlich y Patri Friedman —nieto del economista Milton Friedman—, contó con el apoyo financiero del inversor Peter Thiel.

Aunque aquellos proyectos perdieron impulso, la idea de construir comunidades al margen de las estructuras políticas existentes encontró nuevas expresiones durante la última década. Entre ellas se destaca el concepto de «Estado en red» desarrollado por Balaji Srinivasan, empresario e inversor tecnológico. En su libro The Network State, publicado en 2022, propone crear comunidades digitales capaces de evolucionar hasta competir con los Estados-nación. En esta perspectiva, la organización política tradicional aparece como un sistema obsoleto que podría ser reemplazado por estructuras diseñadas con criterios propios del mundo empresarial y tecnológico.

Praxis forma parte de esa corriente. Entre sus inversores y apoyos se encuentran figuras vinculadas a Silicon Valley, al capital de riesgo y al universo de las criptomonedas. Le Grand Continent menciona a Joe Lonsdale, cofundador de Palantir, a Marc Andreessen y a Apollo Projects, un fondo de capital de riesgo cofundado por Sam Altman. Peter Thiel también respaldó el proyecto, aunque posteriormente tomó distancia.

El antecedente de Próspera, una ciudad privada situada en una isla de Honduras, permite comprender mejor el alcance de estas experiencias. Concebida para albergar alrededor de mil residentes, forma parte de los intentos de crear enclaves con modelos particulares de gobernanza y regulación. No se trata, por tanto, de una iniciativa aislada, sino de una corriente que busca experimentar con formas de autonomía política y económica dentro de territorios nacionales.

La propuesta de Praxis también ha modificado su presentación pública. De las primeras referencias a un «criptoestado» y a una comunidad organizada en torno a figuras de comerciantes, guerreros y sacerdotes, pasó a una imagen más amable, asociada con el bienestar, la vida social y una arquitectura contemporánea. Las simulaciones difundidas por sus promotores muestran edificios de diseño minimalista, espacios acristalados y referencias estéticas a la Antigüedad clásica.

La iniciativa afirma reunir a 150.000 miembros y sostiene que 2700 personas manifestaron interés en trasladarse a Uruguay. Sin embargo, el anuncio debe distinguirse de su realización efectiva. De acuerdo con Le Grand Continent, el proyecto se vincularía con +Colonia, un desarrollo inmobiliario impulsado por el empresario Eduardo Bastitta, nombrado asesor del presidente Javier Milei. El acuerdo entre ambas iniciativas no es vinculante y los anuncios de compra de terrenos y comienzo de las obras todavía no equivalen a una concreción material.

La dimensión política, no obstante, ya está presente. Brown se reunió con el presidente uruguayo Yamandú Orsi en Nueva York, al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sus promotores presentan la iniciativa como una oportunidad de inversión y desarrollo urbano. Pero la historia del proyecto y sus referencias ideológicas plantean interrogantes que exceden ampliamente el negocio inmobiliario.

Meeting with President @OrsiYamandu to discuss Praxis Uruguay 🇺🇾 Thank you for your support! https://t.co/GEoMBL6Z1p

— Praxis (@praxisnation) September 25, 2026

Una lectura crítica

En su artículo «¿Colonizar Uruguay para mejorar la raza?», el escritor y ensayista Jorge Majfud propone examinar Praxis desde una perspectiva histórica y política. Su mirada pone el acento en las corrientes de extrema derecha que rodean a algunos de sus promotores y en la recuperación de discursos sobre superioridad racial, masculinidad excluyente y homogeneidad cultural.

Majfud vincula estas expresiones con una larga historia de proyectos que justificaron la expansión territorial y económica en nombre de la civilización y el progreso. Para desarrollar su argumento, recuerda episodios del colonialismo del siglo XIX y los relaciona con las teorías raciales y eugenésicas que adquirieron legitimidad en determinados ámbitos intelectuales y políticos. Su crítica apunta a mostrar que las ideas de superioridad cultural o racial no son ajenas a ciertos imaginarios contemporáneos de las élites tecnológicas.

Uno de los elementos que destaca es la proximidad entre el entorno de Praxis y figuras de la derecha radical estadounidense. Majfud menciona al activista Nick Fuentes y recupera declaraciones que interpreta como expresión de una visión excluyente de la sociedad. También alude al propio Brown y a sus vínculos con comunidades digitales de la derecha más radical. Desde su perspectiva, la aspiración de construir una comunidad selectiva no puede separarse de las concepciones políticas y culturales que la orientan.

El ensayista lleva esa crítica al terreno de la historia latinoamericana. Recuerda la experiencia de Nueva Germania, una colonia fundada en Paraguay en 1887 por Elisabeth Förster-Nietzsche con el propósito de preservar una supuesta identidad aria. También evoca Colonia Dignidad, el enclave creado en Chile por Paul Schäfer, cuyo funcionamiento combinó una fachada de orden moral y religioso con graves violaciones de derechos humanos y colaboración con la dictadura de Augusto Pinochet.

Los casos no son equivalentes a Praxis, pero funcionan en el argumento de Majfud como advertencias sobre las consecuencias que pueden adquirir los proyectos comunitarios cuando se organizan alrededor de ideales de pureza, disciplina y exclusión. Su crítica cuestiona, además, la idea de que las sociedades puedan ordenarse mediante la selección de sus integrantes y la eliminación de la diversidad como supuesto obstáculo para el desarrollo.

La reflexión adquiere otra dimensión cuando Majfud se detiene en los recursos estratégicos. Uruguay se encuentra en una región que alberga una de las mayores reservas de agua dulce del planeta. El autor advierte que el control de ese recurso puede convertirse en un factor decisivo en los conflictos económicos y políticos del siglo XXI. Para ilustrarlo, recuerda las disputas provocadas por la privatización del agua en Bolivia y los conflictos en Estados Unidos por la contaminación y el uso de recursos hídricos asociados a centros de datos.

En su interpretación, el lenguaje de la innovación puede ocultar relaciones de poder que reproducen viejas formas de dependencia. La historia latinoamericana ofrece numerosos ejemplos de inversiones presentadas como motores del progreso que terminaron subordinando territorios y economías a intereses externos. Majfud recuerda que, durante el siglo XIX, la construcción de ferrocarriles y puertos en distintas regiones del sur global fue celebrada como una señal de modernización, aunque muchas de esas infraestructuras estuvieran orientadas principalmente a conectar las zonas de extracción de recursos con los mercados internacionales.

La advertencia no consiste en negar de antemano el valor de toda inversión extranjera ni en afirmar que Praxis repetirá necesariamente esas experiencias. Consiste en preguntar qué intereses organizan estos proyectos, qué capacidades de decisión conservan las sociedades que los reciben y cuáles son sus consecuencias para los derechos colectivos. Desde esta perspectiva, la promesa de una ciudad para el futuro exige examinar también sus condiciones políticas, económicas y sociales.

¿Innovación para quién? Soberanía, recursos y poder

Las dos miradas permiten situar Praxis más allá de la arquitectura futurista y las expectativas de inversión. El artículo de ­Le Grand Continent reconstruye la genealogía de un movimiento que pretende ensayar formas alternativas de organización política; Majfud, por su parte, interroga los presupuestos ideológicos y las posibles consecuencias de esas experiencias. La convergencia entre ambos enfoques abre una discusión sobre el lugar de los Estados, la democracia y los bienes comunes frente al poder creciente de los grandes capitales tecnológicos.

La pregunta no es solamente si Praxis conseguirá instalarse en Uruguay, cumplir sus anuncios o atraer a los residentes que espera convocar. También importa qué modelo de sociedad propone y qué relación establece con el territorio en el que busca desarrollarse. Una inversión puede generar actividad económica y, al mismo tiempo, plantear desafíos regulatorios, ambientales o sociales. Su valoración requiere considerar tanto las oportunidades como las obligaciones y los derechos que deben quedar protegidos.

El problema adquiere especial relevancia en América Latina, una región atravesada por experiencias de dependencia económica y disputas por el control de sus recursos naturales. El agua dulce, la tierra y la infraestructura tecnológica forman parte de una agenda estratégica que no puede quedar reducida a los intereses de los inversores ni a la promesa de modernización. Tampoco alcanza con invocar la innovación: es necesario establecer quién decide sus objetivos, quién obtiene sus beneficios y quién asume sus costos.

En el fondo, el proyecto plantea una tensión entre dos maneras de imaginar el futuro. Una deposita en comunidades selectivas, capital privado y autonomía regulatoria la posibilidad de construir nuevas formas de vida. La otra recuerda que la convivencia democrática exige instituciones, derechos compartidos y mecanismos colectivos de decisión.

La región no necesita rechazar de antemano la tecnología ni las inversiones para defender su soberanía. Necesita, sí, evitar que las promesas de progreso se conviertan en argumentos suficientes para ceder capacidad de decisión, debilitar regulaciones o comprometer recursos esenciales.

La pregunta que deja abierta esta iniciativa es, por eso, más amplia que el destino de una ciudad privada: ¿quién tiene derecho a diseñar el futuro y bajo qué reglas? En la respuesta se juega algo más que el éxito de un emprendimiento tecnológico. Se juega la posibilidad de que la innovación contribuya al desarrollo de sociedades democráticas, en lugar de convertirse en una nueva forma de concentrar poder.