Trump y Putin: el autoritarismo contra la Corte Penal Internacional

Miguel Rodríguez Villafañe

Abogado constitucionalista cordobés, exjuez federal de Córdoba, especialista en cooperativas y mutuales y periodista de opinión.

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IDEAS CLAVE

• La independencia judicial bajo presión. Las sanciones y amenazas de Rusia y Estados Unidos contra la CPI ponen en cuestión la capacidad de la justicia internacional para actuar frente a los Estados más poderosos.

• La igualdad ante la ley como principio en disputa. Las órdenes de arresto contra Putin, Netanyahu y Gallant expresan la pretensión de investigar presuntos crímenes internacionales sin que la jerarquía política de los acusados determine el alcance de la justicia.

• La Argentina frente a sus compromisos internacionales. La aprobación del Estatuto de Roma mediante la Ley 25390 y su implementación a través de la Ley 26200 obligan a examinar con rigor cualquier iniciativa de apartamiento de la CPI.

• La defensa de la CPI es también la defensa de las víctimas. Proteger la autonomía del tribunal significa preservar la posibilidad de investigar crímenes graves y evitar que las presiones políticas y económicas garanticen impunidad.

El 17 de julio de 1998, ante la necesidad de contar con un tribunal permanente para juzgar crímenes de interés internacional, los Estados aprobaron el Estatuto de Roma, que estableció la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya. La Corte comenzó a funcionar en 2002, con el propósito de investigar y juzgar a personas acusadas de cometer los crímenes más graves que afectan a la comunidad internacional.

En este primer cuarto del siglo XXI, el tribunal atraviesa una grave crisis institucional. Sus decisiones han provocado reacciones de Rusia, Estados Unidos e Israel, cuyos gobiernos cuestionan su jurisdicción o impulsan medidas contra sus integrantes. El conflicto plantea una cuestión fundamental: ¿puede la justicia internacional actuar con independencia cuando sus investigaciones alcanzan a dirigentes de Estados poderosos?

Órdenes de arresto contra Putin, Netanyahu y Gallant

El 17 de marzo de 2023, la CPI emitió órdenes de arresto contra el presidente ruso, Vladímir Putin, y María Lvova-Belova, comisionada presidencial para los Derechos del Niño de Rusia. Ambos fueron considerados presuntamente responsables de crímenes de guerra vinculados con la deportación y el traslado ilegal de niños desde territorios ocupados de Ucrania hacia la Federación Rusa. Los hechos investigados se habrían producido, al menos, desde el 24 de febrero de 2022.

El entonces fiscal de la Corte, Karim A. A. Khan, sostuvo que los responsables de los presuntos crímenes debían rendir cuentas y que los niños tenían que ser devueltos a sus familias y comunidades. «No podemos permitir que se trate a los niños como si fueran botín de guerra», afirmó. Según la investigación, los decretos presidenciales rusos habrían facilitado su adopción por familias de ese país.

La CPI también emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant. La decisión, adoptada el 21 de noviembre de 2024, se basó en la existencia de motivos razonables para creer que ambos podían ser responsables de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en Gaza, al menos entre el 8 de octubre de 2023 y el 20 de mayo de 2024.

Entre los hechos señalados figuran el uso del hambre como método de guerra, mediante la restricción de la ayuda humanitaria, y los ataques intencionales contra la población civil. La Corte consideró que existían motivos razonables para atribuirles responsabilidad penal por la privación deliberada de recursos esenciales para la supervivencia de la población civil de Gaza.

En el mismo contexto, la CPI había emitido una orden de arresto contra Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri, conocido como Mohammed Deif, exjefe militar de Hamás, por presuntos crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra relacionados con los ataques del 7 de octubre de 2023. Tras confirmarse su muerte, la Corte dio por terminado el procedimiento en su contra en febrero de 2025.

La reacción de Rusia

Moscú rechazó la jurisdicción de la CPI, adoptó medidas internas para proteger a sus funcionarios y respondió con acciones judiciales contra integrantes del tribunal. El 20 de marzo de 2023, el Comité de Investigación de Rusia abrió una causa penal contra el fiscal Karim Khan y los jueces Rosario Aitala, Sergio Ugalde y Tomoko Akane, a quienes acusó de adoptar «medidas deliberadamente ilegales».

La respuesta de la Corte fue contundente. Consideró inaceptables esas medidas y reclamó a los Estados parte del Estatuto de Roma que protegieran la independencia del tribunal y a sus funcionarios. El enfrentamiento puso de manifiesto las dificultades para hacer cumplir las decisiones judiciales internacionales cuando los Estados involucrados desconocen su autoridad.

La ofensiva de Estados Unidos

Donald Trump también lanzó una campaña de presión contra la CPI, en particular por sus investigaciones relacionadas con Afganistán y sus decisiones sobre Israel.

El tribunal sostiene que puede ejercer su jurisdicción sobre presuntos crímenes cometidos en el territorio de un Estado parte o en territorios cuya jurisdicción haya sido reconocida conforme al Estatuto de Roma, como sucede en el caso de Palestina.

El 6 de febrero de 2025, Trump firmó la Orden Ejecutiva 14203, que declaró una emergencia nacional y habilitó sanciones financieras y restricciones de visado contra funcionarios de la CPI. La medida apuntó a bloquear bienes y penalizar económicamente a jueces, fiscales y otros integrantes del tribunal involucrados en investigaciones o procedimientos que afectaran a ciudadanos estadounidenses o de países aliados que no forman parte del Estatuto de Roma.

La disposición tuvo como objetivos las investigaciones sobre presuntos crímenes cometidos en Afganistán y las órdenes de arresto emitidas en noviembre de 2024 contra Netanyahu y Gallant.

La presión estadounidense continuó en 2026. El 19 de agosto, la CPI rechazó nuevas sanciones de Washington contra su presidenta, la jueza japonesa Tomoko Akane, y Abdoulaye Seye, abogado principal de la Oficina del Fiscal. La Corte advirtió que esas medidas constituían un ataque a la independencia de una institución judicial imparcial y ponían en riesgo el orden jurídico internacional.

Las sanciones afectan la capacidad operativa del tribunal y el acceso de sus integrantes a servicios financieros y tecnológicos. Su alcance excede, por lo tanto, a las personas directamente sancionadas: compromete las condiciones materiales necesarias para que la Corte pueda cumplir sus funciones con independencia.

A ello se suma la disputa política en torno al Premio Nobel de la Paz. Sin duda, las nuevas medidas de Washington están relacionadas con el reconocimiento a la jurista sudafricana Navi Pillay, exjueza de la CPI y de otros tribunales internacionales, y contrapone ese reconocimiento a las aspiraciones de Trump de obtener el galardón.

La contradicción que señala resulta especialmente grave frente a las amenazas del presidente estadounidense contra Irán, cuando afirmó que «toda una civilización morirá» y aludió al posible uso de la llamada «madre de todas las bombas». ¿Cómo conciliar semejantes advertencias con una pretensión de liderazgo en favor de la paz?

La CPI ha condenado las sanciones estadounidenses por considerarlas un ataque al Estado de derecho y ha sostenido que nadie debería ser castigado por servir a la causa de la justicia. En la misma línea, Margaret Satterthwaite, relatora especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados, advirtió que esas medidas buscan doblegar al tribunal y frustrar la promesa de que nadie esté por encima de la ley.

Defender la independencia de la justicia internacional

Las acciones de Trump y Putin obligan a examinar una cuestión decisiva: la independencia de la justicia internacional y la capacidad de los Estados para protegerla frente a los intereses de las grandes potencias.

La Comisión Europea también expresó su rechazo a las sanciones estadounidenses, que calificó de profundamente lamentables, y reafirmó su compromiso con la independencia de la Corte.

Defender la independencia judicial no significa únicamente proteger a los jueces, fiscales y funcionarios de la CPI. Significa, sobre todo, resguardar a las personas frente al abuso y la arbitrariedad de los poderosos. Cuando quienes ejercen el poder político o militar pueden sustraerse al control judicial mediante presiones económicas, sanciones o amenazas, se debilita el principio de igualdad ante la ley.

La justicia internacional solo puede cumplir su cometido si los Estados respetan las reglas que aceptaron y si sus integrantes pueden investigar sin sufrir represalias por sus decisiones.

Presiones sobre la Argentina

La ofensiva de Washington también alcanzó a la Argentina. El 12 de agosto de 2026, durante una reunión en Panamá de la denominada Coalición de las Américas contra los Cárteles, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, instó a los países aliados a retirarse de la CPI, a la que presentó como una amenaza para la soberanía nacional.

El planteo merece especial atención en un contexto en el que Estados Unidos busca evitar que sus propias acciones sean sometidas a escrutinio judicial internacional. Las operaciones militares estadounidenses contra embarcaciones sospechadas de transportar drogas en el Caribe y el Pacífico han sido objeto de cuestionamientos por sus consecuencias mortales y por la legalidad del uso de la fuerza.

Si se confirma que esas operaciones provocaron la muerte de personas sin un procedimiento judicial previo y sin que existieran condiciones legales para recurrir a la fuerza letal, podría plantearse una grave vulneración del derecho internacional. Las sospechas sobre la comisión de delitos no habilitan, por sí solas, ejecuciones sumarias en alta mar. La actuación estatal debe ajustarse a las normas aplicables y respetar las garantías fundamentales.

La Argentina firmó y ratificó el Estatuto de Roma

El Gobierno de Javier Milei mantiene una posición de respaldo a las medidas y presiones de Estados Unidos contra la CPI. Esa postura exige recordar que la Argentina asumió compromisos internacionales concretos.

Nuestro país firmó el Estatuto de Roma el 8 de enero de 1999. El Congreso lo aprobó mediante la Ley 25390 y la Argentina depositó su instrumento de ratificación el 16 de enero de 2001. Posteriormente, en 2006, se sancionó la Ley 26200, que implementó sus disposiciones en el ordenamiento jurídico nacional y reguló la cooperación con la Corte.

Por lo tanto, el Gobierno argentino debe respetar los compromisos asumidos en el marco del Estatuto de Roma. Una eventual decisión de retirarse no puede confundirse con una simple declaración política: debe ajustarse al procedimiento de denuncia previsto en el propio tratado y a las exigencias constitucionales e institucionales que correspondan.

La cuestión de fondo es si la Argentina contribuirá a defender una justicia internacional independiente o acompañará las presiones de los Estados más poderosos para limitar su alcance. La respuesta compromete no solo la política exterior, sino también la coherencia del país con los principios del Estado de derecho y la igualdad ante la ley.