La simulación Malvinas, un análisis del discurso de Milei
En un análisis publicado originalmente en La Tecla Eñe, Martín González Sanmartin propone leer la cadena nacional de Javier Milei sobre Malvinas y la soberanía como una operación política sobre una memoria popular que conserva una fuerte carga anticolonial. El autor encuentra allí una paradoja: mientras el Gobierno intenta apropiarse del significante «soberanía» su política económica promueve la explotación de recursos estratégicos por grandes inversiones extranjeras.
IDEAS CLAVE
1. La soberanía como significante vacío – El concepto central del análisis es que «soberanía» no funciona aquí exactamente como en la formulación clásica de Laclau. No está vacío de significado: ocupa un lugar político que quedó vacante frente a una serie de demandas sociales insatisfechas y dispersas.
2. Malvinas condensa una memoria popular – La cuestión Malvinas conserva una fuerte carga anticolonial y una capacidad de activar sentidos vinculados con territorio, recursos naturales, identidad y soberanía. Esa memoria excede las operaciones de los gobiernos y puede reaparecer desde abajo.
3. Milei intenta ocupar ese lugar vacante – La cadena nacional del 3 de septiembre aparece, desde esta perspectiva, como un intento de apropiación política de ese significante después de derrotas parlamentarias y de la resistencia generada por el proyecto de extranjerización de tierras.
4. La soberanía entra en tensión con la política económica – El discurso contra la explotación británica de los recursos de Malvinas contrasta con un régimen económico que promueve grandes inversiones extranjeras en sectores estratégicos del territorio continental mediante el RIGI.
5. La historia de 1982 vuelve como advertencia – El alineamiento con Washington no garantiza reciprocidad. La experiencia de la dictadura, que confió en el respaldo estadounidense y terminó enfrentando el apoyo de Washington a Londres, vuelve especialmente problemática la idea de una subordinación estratégica como garantía de soberanía.
6. El poder puede ocupar un lugar sin representar aquello que ese lugar expresa – La operación discursiva de Milei puede apropiarse del significante «soberanía», pero eso no implica que represente las demandas sociales, territoriales y económicas que confluyeron alrededor de él.
7. La memoria popular conserva una capacidad de resistencia – La historia de la bandera de Malvinas que llegó al campo de juego desde una tribuna del Mundial condensa la tesis final: los símbolos pueden ser apropiados por el poder, pero también pueden conservar una trayectoria propia, nacida de solidaridades y memorias populares.
«Si quieren venir, que vengan». La frase pertenece a Leopoldo Fortunato Galtieri y fue pronunciada el 2 de abril de 1982, ante una multitud reunida en Plaza de Mayo, después de la ocupación de las Islas Malvinas por la dictadura militar. Cuarenta y cuatro años después, Javier Milei volvió a poner en escena el significante Malvinas mediante una cadena nacional grabada el 3 de septiembre de 2026.
El contexto no es menor. La intervención presidencial ocurrió después de una derrota política que había obligado al Gobierno a retirar del Congreso el capítulo de su proyecto destinado a flexibilizar la extranjerización de la tierra. En la cadena nacional, Milei anunció el endurecimiento de las sanciones a empresas petroleras y de servicios que exploten recursos en la zona de las islas sin autorización argentina, reivindicó como decisión propia la aplicación de una ley vigente desde 2011 y anunció, entre otras medidas, una nueva base naval en Tierra del Fuego y un Consejo de Seguridad Nacional.
Para González Sanmartin, detrás del evidente oportunismo existe una operación más profunda: la reapropiación política de un significante que condensa una sensibilidad social que el propio Gobierno había contribuido a dejar vacante.
Malvinas no es un significante cualquiera para la memoria popular argentina. La derrota parlamentaria del proyecto de extranjerización de tierras había vuelto a mostrar que existe en la sociedad una sensibilidad respecto del territorio, los recursos naturales y la soberanía que no necesariamente coincide con las posiciones y políticas oficiales. Poco después, durante el pospartido de Argentina contra Inglaterra en el Mundial disputado en Estados Unidos, Canadá y México, una bandera improvisada con la inscripción «Las Malvinas son argentinas» desafió las disposiciones que prohibían exhibir simbología vinculada con las islas.
Aquella bandera, sostiene el autor, expresa algo más que una reivindicación puntual. La cuestión de la soberanía volvió a activar una reserva de memoria popular capaz de articular demandas diversas. Y allí aparece su hipótesis central.
La soberanía puede ser pensada como un «significante vacío», aunque no exactamente en el sentido planteado por Ernesto Laclau. Para Laclau, un significante vacío puede condensar una serie de demandas sociales insatisfechas. Aquí habría ocurrido, en cierto sentido, el mecanismo inverso: el significante «soberanía» —o su equivalente «Malvinas»— habría ocupado un lugar que estaba vacío, el de la representación política de una serie de demandas dispersas.
El significante no está vacío de sentido; está, por el contrario, cargado de significaciones históricas y afectivas. Lo que está vacío es el lugar de representación política. Allí aparecen el salario, las jubilaciones, la asistencia a la discapacidad, la salud pública, los medicamentos, la universidad y el sistema científico. «Soberanía» pasó a ocupar simbólicamente ese lugar vacante y, de ese modo, pudo funcionar como representación de un sujeto colectivo: el pueblo.
Milei habría advertido esa vacancia, pero tarde y de manera paradójica. El problema es que ocupar un lugar simbólico no significa necesariamente representar aquello que ese lugar expresa.
El resto anticolonial
Para comprender la potencia de esa operación hay que remontarse a la formación de la identidad nacional. Durante las últimas décadas del siglo XIX se consolidó un Estado-nación basado en la unificación territorial y una identidad homogénea. La llamada «Campaña al Desierto» presentó como vacío un territorio habitado y organizado por pueblos indígenas, mientras la historiografía mitrista construía un relato centrado en grandes héroes individuales y desplazaba a los sujetos colectivos de la historia: trabajadores, pueblos indígenas, afrodescendientes, mujeres, milicias y comunidades locales.
La historiografía social de las guerras de independencia permitió luego recuperar esa dimensión. El Ejército de los Andes no fue simplemente la expresión espontánea de una comunidad patriótica, sino el resultado de un proceso de militarización social en el que participaron oficiales, milicianos, campesinos, artesanos, trabajadores, afrodescendientes y esclavizados. Para muchos de ellos, además, la guerra estaba vinculada con la expectativa concreta de libertad.
Esa participación popular constituye una memoria histórica que, según el autor, persiste como reserva anticolonial. Las invasiones inglesas contribuyeron a la politización y militarización de la sociedad porteña; la guerra de independencia movilizó a sectores que excedieron largamente a sus grandes nombres; y, mucho después, los «pibes de Malvinas» volvieron a ocupar el lugar subalterno de la historia.
Las élites declaran las guerras, pero son mayoritariamente los hijos de las clases trabajadoras quienes van a matar y morir, especialmente en ejércitos basados en la conscripción, como el argentino.
En 1982, Galtieri intentó apropiarse de esa reserva anticolonial para recuperar la legitimidad que la dictadura había perdido por la represión, las denuncias sobre las desapariciones y el deterioro de las condiciones materiales de vida. El cálculo no fue solamente militar: también fue político y geopolítico. La Junta creyó que su alineamiento con Washington garantizaría reciprocidad, pero cuando llegó el momento decisivo Estados Unidos eligió a Londres.
La referencia resulta particularmente significativa en el presente. Donald Trump dijo recientemente que Washington estaba reevaluando su posición histórica sobre Malvinas, pero esas declaraciones no implicaron hasta ahora un cambio formal de la política estadounidense ni un reconocimiento de los derechos soberanos argentinos. Fueron formuladas en el marco de una disputa más amplia con el Reino Unido y de una política exterior fuertemente transaccional.
La cuestión, entonces, no es solamente si Trump modificó su posición ni si Milei cree que lo hizo. El problema es la idea de que la subordinación estratégica puede garantizar reciprocidad. La historia de 1982 debería haber enseñado precisamente lo contrario.
La base y la contradicción
Milei anunció también la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, presentada como fundamental para la «proyección geopolítica» argentina y para convertir al país en un polo logístico del Atlántico Sur.
Pero la iniciativa no nació con el Gobierno actual. El proyecto de reubicación de la Base Naval Integrada Ushuaia había comenzado en marzo de 2022, durante el gobierno de Alberto Fernández, con un muelle militar y capacidades logísticas, científicas y de patrulla antártica.
La cuestión es, entonces, con qué recursos se financiará una obra que el Gobierno todavía buscaba financiar pocos meses antes. Al mismo tiempo, el proyecto había adquirido una dimensión geopolítica vinculada con Washington y con el interés del Comando Sur en Ushuaia y la Antártida.
El discurso presidencial no responde una pregunta inevitable: ¿se trata de una base argentina o de una instalación estadounidense bajo bandera argentina? El autor no afirma que esté ocurriendo esto último —y recuerda que el Ministerio de Defensa había negado un acuerdo para construir una base conjunta con Estados Unidos—, pero sostiene que precisamente por eso la pregunta debe ser formulada.
La contradicción se vuelve todavía más evidente cuando se observa la política económica del Gobierno. Si la soberanía consiste en defender los recursos naturales frente al saqueo colonial, González Sanmartin pregunta cómo se concilia esa defensa con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
El RIGI está diseñado para favorecer grandes inversiones extranjeras en sectores como infraestructura, minería, energía, petróleo y gas, otorgándoles estabilidad tributaria, aduanera, cambiaria y regulatoria durante treinta años. El propio Milei lo reivindicó como una herramienta para convertir a la Argentina en una potencia exportadora de recursos estratégicos.
La pregunta es inevitable: ¿por qué la soberanía debería defender los recursos naturales frente a la explotación británica en las islas y, al mismo tiempo, adoptar otra lógica frente a la explotación de litio, petróleo, gas, minerales, tierras o agua en el territorio continental?
La defensa de la soberanía, concluye el razonamiento, no puede detenerse en la línea imaginaria que separa el continente de los espacios marítimos e insulares.
La ley que ya existía
Hay otra paradoja en el anuncio presidencial. Milei presentó como novedad la decisión de acelerar los procedimientos sancionatorios previstos por la Ley 26659, conocida como Ley Pino Solanas, contra quienes participen en actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en territorios bajo ocupación británica, y anunció una reforma para endurecer sus sanciones.
Pero la ley fue sancionada el 16 de marzo de 2011. Ya establece que la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina requieren autorización argentina y contempla sanciones para quienes operen sin ella. La novedad, entonces, no es la existencia de una herramienta jurídica, sino la decisión política de presentarse como quien acaba de descubrirla.
La explicación puede encontrarse en la disputa por el lugar simbólico que la cuestión de la soberanía volvió a ocupar después de la derrota parlamentaria del proyecto de extranjerización de tierras. El Gobierno intenta disputar ese lugar vacante, pero ocuparlo no significa necesariamente representar las demandas que lo llenaron.
Además, la cadena significante en la que se inscribe el discurso presidencial conduce hacia Washington y hacia intereses económicos vinculados con la explotación petrolera alrededor de Malvinas. Entre ellos aparece el proyecto Sea Lion, operado por Navitas Petroleum, de capitales israelíes, y Rockhopper Exploration, de origen británico. Ambas compañías adoptaron la decisión final de inversión para su primera fase, por unos 1.800 millones de dólares, con un esquema de financiamiento internacional cercano a los mil millones.
La carta robada
La comparación con 1982 vuelve así al punto de partida. Galtieri intentó apropiarse del sentimiento anticolonialista popular para salvar a una dictadura en crisis. Milei parece ensayar una operación similar en un escenario político completamente diferente: recuperar, mediante el significante «soberanía», parte de una legitimidad erosionada por derrotas políticas, económicas y parlamentarias.
Pero hay una diferencia decisiva. La memoria popular responde a una lógica que el poder nunca controla por completo.
La bandera de Malvinas que apareció en un estadio estadounidense puede leerse como un resto imposible de domesticar. Improvisada sobre una sábana, pasó de la tribuna al campo de juego mediante una cadena de solidaridades populares. Luego se supo, por el relato de Thiago Almada, que había sido realizada por un amigo suyo del barrio Fuerte Apache, quien se la arrojó desde la tribuna para que llegara a sus compañeros en el campo. La bandera que anunció al mundo que «las Malvinas son argentinas» nació, como Almada, en Fuerte Apache.
Y allí aparece la sutileza final de esta historia: el nombre oficial de «Fuerte Apache» es Barrio Ejército de los Andes.
Como decía Lacan, la carta robada siempre llega a destino.
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