La Argentina en la encrucijada de la inteligencia artificial

«Argentina, rendidos ante los dueños de la inteligencia artificial» es el título de un dossier publicado por Le Monde Diplomatique, edición Cono Sur, que reúne tres notas para pensar un mismo fenómeno desde ángulos complementarios: el modo en que el gobierno de Javier Milei se posiciona frente a la IA y la manera en que los magnates tecnológicos observan, y aprovechan a la Argentina. La conclusión que atraviesa las tres piezas es poco alentadora: lejos de construir una política soberana, el Estado argentino optó por desregular, ceder y aplaudir, mientras otros países intentan poner algún tipo de límite.

Firman el dossier Juan Gabriel Juara y Juan O’Farrell, autores de la primera nota, dedicada al armazón legal que el gobierno diseñó para la IA; Pablo Manolo Rodríguez, quien reconstruye el desembarco de Peter Thiel y la geopolítica de la inteligencia artificial en la segunda entrega; y Pierre Rimbert, que cierra el dossier con un relevamiento de la creciente resistencia social a la IA en Estados Unidos y Europa. Los tres trabajos, aunque distintos en enfoque y escala, comparten una misma pregunta de fondo: qué margen le queda a la democracia cuando la política tecnológica se decide en Silicon Valley y se ratifica, sin demasiadas objeciones, en la Casa Rosada.

Un Estado que deja de planificar

La primera nota, «Argentina, laboratorio del futurismo reaccionario», parte de una definición que el propio Milei reivindica: la de «tecnooptimista fanático». Juara y O’Farrell repasan el primer intento oficial de política de IA, el Centro Argentino de Inteligencia Artificial anunciado en febrero de 2025 y todavía sin ponerse en marcha, y contrastan la inacción argentina con los indicadores regionales. Según el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA),^[1]Institución con base en Chile pero de gran impacto en toda Latinoamérica. Se dedica a la investigación científica de vanguardia, el desarrollo de modelos de lenguaje (como LatamGPT) y la … Continue reading el país ocupa el sexto puesto de la región, detrás de Chile, Brasil, Uruguay, Colombia y Costa Rica, tanto en investigación como en cómputo y talento. A ese cuadro estructural se suma, advierten los autores, el desfinanciamiento universitario y científico, que erosiona justamente la base de formación de los profesionales que la propia IA necesita para desarrollarse.

El eje de la nota es el Súper RIGI, el régimen que promete beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios por treinta años a las inversiones en centros de datos, y la reforma de la Ley General de Sociedades, que habilita las llamadas «sociedades automatizadas». El informe detalla que una inversión de 25.000 millones de dólares podría tributar apenas el 0,5% de Ingresos Brutos y quedar prácticamente exenta de Ganancias, mientras el Estado se compromete a no legislar ni actuar contra esos proyectos durante tres décadas, incluso en el acceso a recursos críticos como agua, gas y electricidad. Los autores también cuestionan la letra chica sobre desarrollo local: el 20 % de provisión exigido a los inversores incluye servicios y obras, y la inversión en investigación y desarrollo queda planteada como opcional. Citan como contraejemplo a Chile y Brasil, que condicionan sus beneficios a energía renovable, inversión local y estándares ambientales.

Sobre las «sociedades automatizadas» —empresas operadas por algoritmos, sin necesidad de personal humano—, Juara y O’Farrell son categóricos: no se trata de una innovación jurídica real, ya que ninguna ley obliga hoy a las empresas a emplear humanos, sino de una figura pensada para diluir responsabilidades. Citan la propia admisión del ministro Federico Sturzenegger ante el Senado —«¿Va a funcionar esto? No lo sabemos»— y la respuesta de Milei al historiador Yuval Harari, quien especuló con que una IA programaría sus decisiones para evitar su propia «extinción» ante una eventual disolución judicial. Esa mezcla de ciencia ficción y desregulación es lo que los autores bautizan «futurismo reaccionario»: la retórica de vanguardia tecnológica combinada con la renuncia deliberada del Estado a sus funciones de control y planificación.

La Patagonia en el mapa del poder tecnológico

La segunda nota, «El Anticristo, la Patagonia y la geopolítica de la IA», de Pablo Manolo Rodríguez, cambia de escala: de la arquitectura legal argentina a la disputa geopolítica global. El punto de partida es el desembarco de Peter Thiel en Buenos Aires, donde se instaló hace dos meses con su familia. Cofundador de PayPal junto con Elon Musk, fundador de Palantir y primer inversor externo de Facebook, Thiel es descripto como uno de los ideólogos reaccionarios que financiaron las campañas de Donald Trump y su vicepresidente Vance. Rodríguez recupera el manifiesto de veintidós puntos que Palantir publicó mientras Thiel se mudaba a Buenos Aires, donde la empresa se define con una «deuda moral» hacia Estados Unidos y reclama sustituir el poder blando por un poder duro basado en IA, ante lo que llama, sin matices, adversarios que «no se detendrán».

Rodríguez traza una genealogía que va del New Deal de Roosevelt al Screen New Deal que la periodista Naomi Klein identificó durante la pandemia, cuando el estado de Nueva York delegó funciones de salud y educación en plataformas privadas de la mano de Eric Schmidt, hasta llegar al Tech New Deal actual, en el que las corporaciones digitales asumen tareas antes reservadas a la defensa nacional. Palantir, señala Rodríguez, replica en la era digital la lógica del complejo militar-industrial: contratos pequeños con instituciones grandes —desde el sistema de salud británico hasta agencias de seguridad estadounidenses— que devienen en dependencia estructural, el mecanismo que la nota describe como land and expand. ^[2]Literalmente «aterrizar y expandirse». Es una estrategia de ventas muy común que funciona en dos fases. Aterrizar (Land): Consiste en conseguir un primer contrato con un cliente, aunque sea … Continue reading

En ese tablero, la Argentina de Milei ofrece un menú de concesiones que Rodríguez detalla con precisión cronológica: la modificación por decreto del Régimen de Inversiones Mineras para facilitar la explotación de oro, plata, cobre, litio y petróleo; la media sanción del Súper RIGI en Diputados, con tribunales extranjeros incluidos para dirimir litigios; y el proyecto de sociedades automatizadas que Sturzenegger defendió en el Senado. Según Rodríguez, Thiel dispone de un abanico de opciones que ya ensayó en otras latitudes: desde apropiarse de estructuras de datos estatales —el Gobierno anunció un gemelo digital social a cargo de la ministra Sandra Pettovello— hasta instalar directamente una infraestructura propia, aprovechando el frío patagónico, el agua liberada por la Ley de Glaciares y la eventual derogación, vía el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, del límite a la tierra en manos extranjeras.

La opción de máxima, advierte la nota, es la que Thiel ya intentó en 2022 en la isla hondureña de Roatán, con la ciudad privada Prospera: un «tecnofalansterio»^[3]Un falansterio es una comunidad diseñada como la base de un sistema social autosuficiente, propuesta por el pensador socialista utópico francés Charles Fourier a comienzos del siglo XIX. ultraderechista con autonomía política propia —leyes, normas, gobierno—, sustraído al control democrático, y que hoy sostiene una demanda de 1.600 millones de dólares contra el Estado hondureño por su cancelación. Rodríguez suma otras señales dispersas pero convergentes: los incendios en El Bolsón y Los Alerces, el convenio entre la Armada argentina y la Cuarta Flota estadounidense para vigilar el Mar Argentino y el desdén oficial por el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. Es en ese contexto que el autor recupera las conferencias de Thiel sobre el Anticristo, al que identifica con cualquier intento de regular el «reino de los cielos» tecnológico que él mismo aspira a controlar. La verdadera batalla cultural, sugiere Rodríguez, ya no la protagonizan los influencers vernáculos sino magnates como Thiel, su socio Alex Karp o Steve Bannon, con manifiestos propios y hasta una encíclica papal de por medio.

La resistencia también entra en escena

La tercera nota del dossier, «Todo el mundo odia la IA», de Pierre Rimbert, invierte la perspectiva: mientras el Gobierno argentino se rinde, en Estados Unidos crece una resistencia social heterogénea. El artículo arranca con la anécdota de Eric Schmidt, ex-CEO de Google, abucheado por estudiantes de la Universidad de Tucson al pronunciar la sigla «IA» en un discurso de graduación.

Rimbert también enumera episodios más graves —un ataque con bomba molotov contra la casa del fundador de OpenAI, disparos contra un concejal de Indianápolis favorable a un data center— como síntomas de un hartazgo que, según una encuesta citada en la nota, alcanza a más de dos tercios de los estadounidenses, que consideran «demasiado rápido» el desarrollo de la IA, incluidos los jóvenes de entre dieciocho y veintinueve años.

El análisis identifica tres lógicas distintas detrás de ese enojo. La primera es el temor al reemplazo de empleos profesionales e intelectuales —finanzas, consultoría, ingeniería, arquitectura, programación—, antes reservado a los sectores industriales. La segunda es la angustia por el poder de élites no electas: Rimbert recuerda que Anthropic decidió no liberar públicamente Claude Mythos Preview, su modelo más avanzado, por temor a que usuarios malintencionados pudieran comprometer infraestructuras críticas, un gesto que la jurista Mariana Olaizola Rosenblat cuestionó al advertir que las democracias no deberían depender de la moderación moral de directivos de empresa cuando está en juego la estabilidad de sistemas financieros, redes eléctricas u hospitales. La tercera lógica es el rechazo territorial a los centros de datos, que según Gallup resiste el 70 % de la población por su consumo de agua, electricidad y su escaso aporte de empleo. Datos duros acompañan la descripción: 142 grupos militantes activos en veinticuatro estados y 75 proyectos por 130.000 millones de dólares bloqueados o retrasados solo en el primer trimestre de 2026, contra 48 proyectos por 156.000 millones postergados o anulados durante todo 2025.

Rimbert subraya la heterogeneidad política de esa reacción, que reúne a estudiantes endeudados, granjeros, católicos inspirados en la encíclica Magnifica Humanitas del papa León XIV y sectores del propio movimiento MAGA, donde Steve Bannon impulsó la carta Humans First, firmada por unas sesenta personalidades conservadoras, para reclamar una regulación más estricta. El autor compara ese fenómeno con los «chalecos amarillos» franceses: una protesta que no distingue tanto entre izquierda y derecha como entre «arriba» y «abajo». Como dato elocuente, cita la votación de Monterrey Park, California, que aprobó por más del 86 % de los votos la primera prohibición permanente de centros de datos. Sin embargo, advierte, esa energía todavía no logra traducirse en una fuerza política capaz de torcer la agenda de los grandes partidos —salvo excepciones como Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez o, del otro lado del espectro, Ron DeSantis—, ni en Estados Unidos ni en Francia, donde los centros de datos también generan movilizaciones locales en Marsella, Grenoble o Seine-et-Marne.

El contraste que ordena el dossier

Leídas en conjunto, las tres notas dibujan un contraste que excede la coyuntura local: mientras en otras latitudes la IA empieza a encontrar resistencias sociales, institucionales e incluso religiosas, el Gobierno argentino elige el camino contrario, ofreciendo tierra, agua, energía y marco legal sin condiciones a cambio de inversiones que, según el propio dossier, en su mayoría todavía no llegaron. La pregunta que atraviesa las tres notas de Le Monde Diplomatique no es solo qué gana la Argentina con este modelo, sino qué pierde: soberanía sobre sus datos, capacidad regulatoria futura y, eventualmente, control sobre su propio territorio patagónico.

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Silicon Valley busca un laboratorio político

POR ESFERA REDACCIÓN | Peter Thiel no llegó a Buenos Aires por fascinación mística ni por devoción a la retórica libertaria: llegó porque la Argentina de Milei ofrece, a precio de liquidación, las condiciones materiales que el capitalismo tecnológico más radical necesita para ensayarse sin límites.

Así lo plantea Pablo Alabarces en «Peter Thiel: un fantasma en el paraíso», publicado en La Tecl@ Eñe como adaptación de un artículo de News Lines Magazine. El texto disputa dos lecturas mediáticas: la de una nueva fuga de nazis a Sudamérica y la de un simple exilio fiscal ante una eventual derrota republicana. Según Alabarces, ninguna alcanza a explicar la ubicuidad de Thiel —alemán, estadounidense, neozelandés, próximo argentino, comprador de tierras en Uruguay— ni el verdadero objeto de su desembarco: Palantir, la empresa que provee infraestructura de vigilancia al Departamento de Defensa de Estados Unidos y al NHS británico.

El análisis se apoya en la economista Francesca Bria, para quien la derecha tecnológica de Silicon Valley ya no teoriza un mundo nuevo, sino que lo construye: mantiene la democracia como interfaz de estabilidad mientras vacía sus instituciones y transfiere a agentes privados el control de cinco dominios estratégicos (información, moneda, defensa, comunicaciones orbitales y energía).

Alabarces detalla por qué la Argentina resulta funcional a ese proyecto. Vaca Muerta ofrece energía barata para la computación intensiva que exige la IA; el litio y los minerales raros abastecen el hardware global; y un gobierno dispuesto a desregular sin condiciones convierte al país en zona franca de pruebas para las utopías de Silicon Valley, con costo político nulo para los inversores. La nota firmada por Milei y Sturzenegger en el Financial Times, que proclama a la Argentina «el territorio más desregulado del mundo», tiene su correlato legislativo en la reforma societaria que habilita sociedades automatizadas: empresas gestionadas por sistemas algorítmicos, sin trabajadores en relación de dependencia. Alabarces subraya, con sorna, que sus impulsores invocan como antecedente a la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, sin reparar en su historia colonial y esclavista.

El artículo repasa también la escena social de Thiel: reuniones con Milei, Caputo y Bausili; tertulias sobre el Anticristo con las elites porteñas; y un encuentro inesperado con Juan Grabois, en torno a la encíclica de León XIV sobre inteligencia artificial. Alabarces relativiza el peso intelectual de ese diálogo y lo compara, más bien, con el espectáculo de un raje entre magnates.

La conclusión no es tranquilizadora: si el nazismo dependía de la movilización estatal, este autoritarismo tecnológico opera mediante infraestructura y coordinación financiera, lo que vuelve la resistencia no solo difícil sino arquitectónicamente obsoleta. La pregunta que deja abierta el ensayo de Alabarces excede a la Argentina: ¿qué le queda a la soberanía democrática cuando el laboratorio ya no es una metáfora, sino una economía real que otros países podrían replicar?

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La IA entra en la nueva guerra fría

POR ESFERA REDACCIÓN | Cuando la Casa Blanca restringió el acceso extranjero a los modelos más avanzados de Anthropic, muchos leyeron un choque entre Washington y Silicon Valley. Jacob Davis, en Jacobin, propone la lectura inversa: el episodio no expone una ruptura sino un consenso cada vez más sólido entre el Estado y la industria de IA, que convierte a la tecnología en un arma de la competencia entre grandes potencias.

Davis reconstruye el trasfondo de la medida, que limitó a ciudadanos estadounidenses —incluidos empleados no nacionales de la propia empresa— el uso de Mythos y Fable, sus modelos más avanzados, invocando razones de seguridad nacional. La ironía, señala el autor, es que Anthropic había presionado durante años para que Washington tratara su política comercial como un asunto de seguridad nacional: la empresa obtuvo, literalmente, lo que pidió. Esa presión, sostiene Davis, no nació con la actual administración: desde el final del primer gobierno de Trump, un coro de halcones tecnológicos impulsó controles de exportación para frenar el desarrollo de IA en China, Irán, Cuba y Rusia, presentando la cruzada como un proyecto genuinamente bipartidista.

El artículo traza esa presión hasta el Center for Security and Emerging Technologies (CSET), think tank inspirado en el altruismo efectivo, y muestra sus vínculos personales y financieros con Anthropic: Jason Matheny, su fundador, integró el Fideicomiso de Beneficio a Largo Plazo de la empresa; Ben Buchanan, asesor de Anthropic, diseñó buena parte de los controles de exportación; y Dario Amodei coescribió columnas exigiendo restricciones más duras contra la IA china. Según Davis, no sería inexacto describir a Anthropic como el brazo corporativo de ese movimiento, con el CSET como su representante institucional en Washington.

De acuerdo con el análisis, esa alianza tiene un correlato doctrinario en Machines of Loving Grace, el ensayo de Amodei que propone una «estrategia de entente»: una coalición de democracias que use la IA para asegurar superioridad militar —el palo— y ofrecer beneficios tecnológicos a cambio de alineamiento político —la zanahoria—. Davis conecta esa lógica con la hostilidad de Anthropic hacia la «destilación» china de sus modelos y con su presunta colaboración con la Agencia de Seguridad Nacional en el diseño de ciberataques contra China e Irán.

El texto repasa además el perfil ideológico del Consejo Asesor Económico de Anthropic, inclinado hacia el liberalismo de mercado, y las posiciones de Amodei sobre selección genética de embriones para prevenir enfermedades mentales. Para Davis, nada de esto responde a un cinismo reputacional: Anthropic actúa según un genuino proyecto moral, cuyo problema es que ese proyecto está al servicio de la guerra, el imperialismo y el empobrecimiento de las mayorías. La pregunta que Davis deja flotando no es si la IA puede regularse con criterios éticos, sino qué significa la ética cuando su vocabulario —seguridad, alineamiento, valores— se vuelve el lenguaje oficial de una nueva carrera armamentista.