Redes, desinformación y discursos antidemocráticos: ¿regular o dejarlos pasar?
Un chiste, un malentendido, un error o la difusión de datos maliciosos no serían tan peligrosos si no contaran con el alcance, la monetización y la permanencia que ofrecen los medios digitales. ¿El Estado debería intervenir?
La desinformación y los discursos antidemocráticos han sido señalados como grandes problemas a la hora de lograr consensos en política y hasta para instaurar medidas sanitarias (como la vacunación y las cuarentenas originadas por la pandemia de la covid-19). ¿Cuál es la respuesta adecuada desde el Estado? ¿Deberían regularse? Y si así fuera, ¿cuáles son las formas adecuadas para no dañar la libertad de expresión?
En primer lugar, es esencial definir qué entendemos por desinformación. A los fines de esta columna, englobamos tanto la información falsa creada deliberadamente con la intención de influir en el debate público o generar confusión, como la información falsa que circula sin esa intencionalidad (distinción que en inglés suele hacerse con los términos disinformation y misinformation, respectivamente).
Por otro lado, encontramos discursos específicamente dirigidos a socavar los fundamentos e instituciones de la democracia liberal, conocidos como discursos «antidemocráticos», que pueden o no formar parte del fenómeno de la desinformación.
Estos discursos se manifiestan al cuestionar maliciosamente y sin fundamentos los sistemas de votación, los resultados electorales, la institucionalidad, la división de poderes, la legitimidad de la oposición política, el imperio de la ley y los principios fundamentales de convivencia, como las garantías constitucionales contra la discriminación de grupos vulnerables y los abusos del Estado.
Es importante destacar que no creemos que estos problemas sean exclusivos de las redes sociales o las tecnologías, y su solución no se limita únicamente a tecnologías mejores o diferentes. Una regulación que asuma alguno de estos postulados caerá en lo que suele llamarse «determinismo tecnológico» o «tecnosolucionismo».
Somos conscientes de que este es un problema multicausal, donde intervienen la alfabetización digital, los incentivos económicos, la crisis de confianza en las instituciones y la afectación a los lazos sociales durante crisis económicas y políticas. En este sentido, una política pública efectiva para abordar este fenómeno debe abarcar diversos aspectos.
La desinformación y los discursos antidemocráticos presentan particularidades en su definición, alcance y manifestación en el debate público, especialmente en el ámbito digital. Sin embargo, al pensar en soluciones regulatorias, identificaremos características comunes para exponer las dificultades y oportunidades, delineando así una posible respuesta estatal a este problema.
