Propuestas ante los retos regulatorios del audiovisual en Internet. Desafíos de audiencias, plataformas y contenidos

El desarrollo y la expansión del mercado audiovisual en Internet avanza según las necesidades y demandas de los actores privados, comerciales y globales. Estos dominan cada vez más la oferta en los países y acaparan la atención y el dinero de las audiencias. La necesidad que existan regulaciones que protejan a las ciudadanías resulta tan relevante como urgente. 

Los días 25 y 26 de junio se realizó en Ciudad de México el segundo SIMRA, luego del realizado en 2023 en Bucaramanga, Colombia. Allí presenté, en representación de Observacom, un conjunto de propuestas para identificar temas claves, desarrollar estrategias y configurar acciones (planes, programas, proyectos, leyes) tomando en cuenta el derecho de las personas/audiencias a la información, el pluralismo y la diversidad. Las propuestas pueden encontrarse en el documento publicado junto con Unesco «Desafíos y asimetrías regulatorias de los servicios audiovisuales en Internet ¿Qué hacer?».

Como trabajamos con anterioridad desde Observacom, esa nueva regulación debe ampliar la perspectiva de «regulación de la televisión» a una regulación de los «servicios de comunicación audiovisual». Para ello resulta clave distinguir los servicios y sujetos a regular. Demanda, además, el tratamiento específico de los operadores audiovisuales por el tipo de mercancías con los que opera y los derechos que afectan los servicios que prestan. 

Los Estados deben promover y proteger el ejercicio a la libertad de expresión, adoptando legislaciones, políticas y prácticas administrativas que brinden un entorno regulatorio adecuado para que los prestadores de servicios audiovisuales en internet frente a amenazas y presiones ilegítimas de remoción, filtrado o bloqueo de contenidos por parte de autoridades estatales y otros actores privados. 

La regulación debería proteger a las personas y fomentar la diversidad de contenido audiovisuales incluyendo, al menos, los siguientes aspectos:

• Fomento de la exhibición de contenido de producción local, porcentajes y cuotas más visibilidad en la interface;
• Definición de plazos de adecuación de los jugadores alcanzados para adaptarse a las normativas;
• Lineamientos sobre géneros a incluir y sobre la necesaria diversidad de productores de las obras a ubicar en esa “sección fácilmente accesible”; 
• Estímulo a los jugadores regulados, pero también a los productores nacionales y extranjeros para generar contenido local. 

Otro aspecto central a contemplar es la protección de niños, niñas y adolescentes, tanto en los servicios de comunicación audiovisual lineales como los no lineales. Tal como se expresa en un trabajo de Observacom denominado «Estándares regulatorios en la protección de los derechos de niños y niñas en los servicios audiovisuales en Internet» —en el que trabajaron María Capurro y María José Guembe—, los contenidos de estas plataformas deberán contener y exponer un sistema de calificación obligatoria en función de las edades de las audiencias, según parámetros previsibles y generalizables de desarrollo, en un sistema que permita abarcar la oferta audiovisual en todas sus modalidades en pos de brindar mayores herramientas para el control parental. Estas medidas  de protección deberían, a su vez, estar en línea con las definiciones y alcance de la Directivas de Servicios de Comunicación Audiovisual (2018/1808). 

Por otra parte, resulta necesario que las plataformas operadas por jugadores privados comerciales implementen acciones para reducir —complementariamente, mediante decisiones de autorregulación—:

• la falta de transparencia de sus sistemas de recomendación;
• su impacto la prominencia y «descubribilidad» de los contenidos locales ofrecidos en su plataforma;
• la muy demostrada escasez de obras locales, en comparación con la abundancia de programación originaria de Estados Unidos en los catálogos ofrecidos;

Estas acciones podrían contribuir a desarrollar la calidad (nada la asegura), la diversidad, pluralidad, la promoción de los valores nacionales y la seguridad de los contenidos. 

En cuanto a la complementación con la regulación estatal, eso sería posible en los países donde la hay. Y el mayor problema en América Latina es su ausencia, no la «sobrerregulación». 

Por otra parte, una regulación de tamaña importancia no debería aprobarse de apuro y sin participación ciudadana. Es posible, y es una tarea de los Estados, hacerlo en diálogo con organizaciones de la sociedad civil y con las empresas a regular.