¿Por qué transformar en sociedad anónima a EPEC, una empresa provincial eficiente?
La Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), una empresa estatal que mantiene una gestión eficiente con resultados comprobables, obtuvo recientemente un reconocimiento de la Comisión de Integración Energética Regional (CIER) por sus proyectos energéticos sostenibles. La distinción llega en un momento en que el Gobierno provincial avanza con políticas orientadas a privatizar activos estratégicos, que redefinen el rol del Estado en el control de la energía.
La EPEC participó en la edición 2025 del Programa de Reconocimiento a las Mejores Prácticas, impulsado por la CIER. El organismo internacional le otorgó certificación internacional por sus proyectos energéticos y sostenibles. Sus proyectos fueron seleccionados entre más de veinte propuestas provenientes de trece empresas de siete países de América Latina y el Caribe. Cabe rescatar que, en la categoría de eficiencia energética residencial, fue distinguido el proyecto de Microrredes Fotovoltaicas en zonas rurales del noroeste cordobés, desarrollado junto con el Ministerio de Desarrollo Social. Esta iniciativa garantiza un suministro seguro, estable y renovable a familias de los parajes Las Jarillas y El Retamo, combinando soluciones comunitarias e individuales de generación distribuida que mejoran la calidad de vida y fortalecen la autonomía energética de los hogares.
Pese a tratarse de un echo claramente noticiable —una empresa provincial administrado de manera exitosa, que no concesionó su explotación y tiene ganancias por su eficaz accionar recibe distinciones de un organismo regional— los medios de difusión en general no publicaron nada al respecto.
Se prioriza privatizar lo estatal
Resulta que se nos quiere hacer creer que el Estado mejora cuando se deshace de las empresas públicas, porque privadas son más eficientes.
En este aspecto, se vive un proceso, impulsado por el gobierno de Javier Milei, por el que se está a punto de perder la soberanía energética en Argentina. Se está por privatizar Nucleoeléctrica S.A., que es una empresa estatal responsable de operar las centrales nucleares de Argentina, que generan energía eléctrica, como Atucha I, Atucha II y Embalse de Río III.
También, el Gobierno nacional ha puesto en venta las acciones que integran el capital social de las empresas sociedades anónimas, que manejan las centrales hidroeléctricas de Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, concesionada su explotación por el gobierno de Carlos Menem desde 1990 (Decreto Nº 590 del 09/08/25). Emprendimientos todos ellos realizados con capital argentino.
A su vez, por instrucciones del banco JP Morgan, la privatización de esas empresas de energía eléctrica deberá garantizar que los adquirentes puedan fijar tarifas dolarizadas. Esto último, les asegurará a los inversores cobrar la energía en dólares, a una sociedad como la argentina que funciona en pesos.Además, deja el mercado eléctrico en manos de las fluctuaciones caprichosas y especulativas, respecto del valor del dólar que, muchas veces, nada tiene que ver con el costo de producción de la energía. Ello traerá una inflación ficticia y una ganancia, sin causa, para las empresas generadoras de electricidad.
A su vez, con el patrón dólar se pueden saltear las audiencias públicas para discutir las tarifas, ya que ellas se reajustarán automáticamente por el valor dólar. En este aspecto, hay que agregar que las tarifas de los servicios públicos en el gobierno de Milei se reajustaron en un 514 %, mientras que la inflación en el período fue del 170 %.
El Gobierno provincial no quiere que los trabajadores defiendan la empresa
En representación del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, interpusimos una acción declarativa de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), en contra del accionar inconstitucional de la provincia al transformar en sociedad anónima a EPEC.
De la acción que planteamos por el sindicato, se le corrió traslado a la provincia de Córdoba, que compareció y sostuvo que el Gobierno podía transformar EPEC en sociedad anónima, más no dio razones legales, ni de bien común que justificaran el cambio y planteó, como excepción previa, que el sindicato no podía discutir la medida gubernamental realizada de transformar EPEC, porque no tiene un interés propio a resguardar.
El TSJ reconoce al sindicato su derecho para accionar
El TSJ, en el auto Nº 272, de fecha 22/10/2025 sostuvo que la asociación sindical tenía legitimación para accionar. Dijo que, «la asociación sindical actúa para hacer valer en este juicio su objetivo estatutario de formular planteos ante las autoridades públicas sobre la política energética y en lo referido a todo asunto que involucre al gremio o a la sociedad en general, (cfr. arts. 1, 3 y 4, inc. d, Estatuto Social del SLyF)».
Lo sostenido por el tribunal no fue impugnado debidamente por la provincia.
La constitución avala nuestra postura
Por nuestra parte, en respuesta a la impugnación formulada por la provincia, afirmamos lo claramente sostenido por el TSJ e insistimos que nuestra Constitución provincial, en el artículo 23 inciso 8, al referirse a los derechos del trabajador dice, que tiene derecho: «A participar de la gestión de las empresas públicas».
Lo resuelto por la provincia ataca el derecho de los trabajadores que, en función del principio de progresividad, no se puede retroceder. Ello así, ya que —si EPEC deja de ser una empresa estatal y pasa a ser una sociedad anónima— los trabajadores de la empresa perderían el derecho a participar en la gestión de la nueva sociedad, por ser esta última una empresa con ánimo de lucro con una estructura de funcionamiento de entidad privada comercial que, por su lógica, no permite la participación directa de los trabajadores en su gestión, como sí pueden hacerlo constitucionalmente en la empresa pública.
Además, una empresa estatal de electricidad, no la sociedad anónima, prioriza el interés público sobre el interés privado, lo que puede llevar a una mayor inversión en infraestructura y servicios que benefician a la comunidad y establecer tarifas más accesibles para los consumidores, especialmente para los sectores más vulnerables de la población.
A su vez, conforme lo dispone el artículo 127 de la Constitución provincial el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba, ejerce el control sobre EPEC, que incluye la auditoría de sus cuentas, del cumplimiento de las leyes y el control de su gestión presupuestaria. Todo lo que asegura la legalidad y transparencia en el uso de los fondos públicos provinciales. Una sociedad anónima no tiene ese control y transparencia en su funcionamiento.
En definitiva, los trabajadores y la ciudanía toda merece seguir controlando debidamente y conforme a la constitución y las leyes, a la empresa más importante de la provincia de Córdoba. No hay razón para sustraerla del control público, ya que ello no impidió que, hasta ahora, sea una empresa rentable y eficaz en su tarea.
Nada justifica transformarla en sociedad comercial, cuyo único efecto concreto en este aspecto sería sustraer su accionar al control y transparencia necesaria. Y siempre estará sujeta, como ahora pasará en el plano nacional, que luego se puedan vender las acciones y que los valores de las tarifas de la energía se rijan para garantizar sólo el lucro de inversores y no cumplir los objetivos por los cuales fue creada EPEC con dinero de los cordobeses.
Ahora queda en manos del TSJ resolver lo que pedimos, haciendo lugar a la impugnación inconstitucionalidad interpuesta, respecto de la transformación en sociedad anónima de EPEC.
Por Miguel Rodriguez Villafañe
Abogado constitucionalista cordobés, exjuez federal de Córdoba, especialista en cooperativas y mutuales y periodista de opinión. Apoderado en la acción en defensa de la EPEC estatal.
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