Los problemas de seguridad no se solucionan restringiendo el derecho humano a la libre circulación

El derecho humano a la libre circulación ha sido y es esencial en la historia de la humanidad. Nuestra Constitución nacional establece que, todos los habitantes de la nación gozan del derecho «de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino» (art. 14 de la CN). Lo que se ratificó, en su valiosa importancia, con la incorporación en 1994, de los pactos internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22 de la CN). Así, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José de Costa Rica, dispone que toda persona tiene derecho a circular y residir en un país, así como a salir de él libremente (art. 22). Aún más, el ejercicio de estos derechos no puede ser restringido en todo el ámbito público del país, excepto en casos de fuerza mayor. La Declaración Universal de Derechos Humanos lo determina de igual modo (art. 13). 

Neoliberalismo

Sin embargo, el neoliberalismo económico pretende imponer sus reglas en el mundo, por las que busca la libre circulación de las cosas y del flujo de capitales, pero restringiendo la circulación libre de las personas. Ahora se demoniza a los inmigrantes y se los tratan como delincuentes, por el solo hecho de desplazarse en busca de mejores oportunidades.

En agosto de 2024, el papa Francisco instó al mundo a ampliar las rutas de acceso para los migrantes y una «gobernanza global de la migración basada en la justicia, la fraternidad y la solidaridad». Agregó, los desplazamientos de personas no podrán resolverse mediante la «militarización de las fronteras» y tampoco con la “globalización de la indiferencia».

El anarcocapitalismo privatiza las calles

Por su parte, en otra perspectiva del tema, Javier Milei, entrevistado por Matías del Río, en Vía Pública TVN del canal 24 Horas de Chile, el 18/12/2019, en lo que respecta a la circulación libre por las calles de una ciudad, sostuvo que: «Hoy tranquilamente las calles podrían ser privadas, acaso cuando pasas por una autopista ¿no tienes un lector? y bueno entonces, podrías instrumentar un sistema de lectura donde las calles pueden ser privadas, donde cada uno se encarga de su calle y eso le genera ingresos y el GPS hasta te podría decir “usted va a tomar este camino le va a costar tanto”».

Desde el contexto limitativo planteado por Milei, mientras grita ¡Viva la Libertad!, sin embargo, en su planteo anárquico, a la libertad de circulación no encuentra inconveniente restringirla en un espacio público, permitiendo privatizarlo y cobrar un peaje.

Encerramientos

La restricción de desplazamiento ya la sufrimos con motivo de la pandemia de covid, aunque se trataba de un tema de fuerza mayor.

También, está en el centro de la discusión la libertad de desplazamiento en la vía pública, cuando por diversos reclamos legítimos se da una manifestación por la que se cortan calles. Sin embargo, a esas conductas, se la criminaliza sosteniendo que afecta la libre circulación.

Pero se cambia de perspectiva política cuando, con motivo de supuestos objetivos de seguridad urbana, especialmente en favor de algunos sectores, se adoptan medidas que afectan la libre circulación en espacios públicos.

El tema de la seguridad es complejo, por lo que es preciso encararlo de manera integral, tratando de no atacar otros derechos como el de desplazarse en espacios públicos. Además, un enfoque integral tampoco puede soslayar la pobreza, el desempleo y tantas situaciones a contemplar en la temática.

La seguridad no se logra discriminando, encerrándose, desconfiando de todo —particularmente de las personas— y menos rompiendo la lógica de un tejido social integral que debe tener una ciudad.

Villa Allende, una ciudad cercada

Sin contemplar lo antes referido, este 9 de enero el intendente de la Ciudad de Villa Allende, de la Provincia de Córdoba, envió al concejo Deliberante de la Ciudad un plan de seguridad ciudadana en el que se determina la instalación de cincuenta portones de cerramiento total por seguridad en arterias públicas secundarias, entre las 22.00 h. de un día y las 06.00 h del siguiente. Sólo quedan libres de circulación las avenidas principales. Ello ha generado importantes protestas de sectores ciudadanos de la ciudad.

Además, surgen preguntas, entre otras: ¿Qué pasa si se diera una inundación, como ya se ha dado, no se podría salir urgente evitando el agua, porque la calle pública se encuentra cerrada?

El intendente Pablo Cornet, en el tema agregó, que «Vamos a cerrar los pasos que conectan con otras ciudades, con cámaras y lectores de patentes», en una clara sospecha infundada, que los delincuentes vienen sólo de otras ciudades.

El proyecto implicará una inversión de seiscientos millones de pesos, que se pagará del presupuesto municipal, que no se destina a cosas más urgentes de solucionar y, además, tendrá un costo de mantenimiento mensual a abonar, aún por los que más los perjudica o no lo desean, que va de cinco a ocho mil pesos.

 Área metropolitana de Córdoba

Todos esos cerramientos de ninguna manera resuelven el tema de fondo. Las ciudades no se alambran, como un country y la dinámica humana no termina en el ejido municipal, sino parece la época feudal, en la que había que esperar que el puente levadizo permita ingresar a la ciudad amurallada, para poder circular dentro de ella.

A su vez, ahora el Gran Córdoba es una conurbación que rodea a la ciudad de Córdoba y se tiene que pensar las acciones por las que se debe fortalecer las relaciones intermunicipales en un esquema integrador del área. Tampoco ayuda a ese objetivo decir que se protege una ciudad afirmando, injustamente, que el delito viene de las otras ciudades circundantes, en lo que se funda el proyecto de cerramiento en Villa Allende.

Guetos en Córdoba

A lo dicho, cabe agregar, que el arquitecto Sebastián Cortez Oviedo, experto en espacios públicos, plantea en una nota recientemente publicada en el diario Perfil Córdoba que cerrar las calles públicas implica «un antecedente negativo que atenta no sólo con los principios básicos y los acuerdos tácitos y legales de cómo habitarla, en tanto circulación, identidad y espacio público, sino que además institucionaliza el avance de la “countrizació”´ en Córdoba: guetización que anula la mixtura y continuidad del espacio público y urbano».

Cabe señalar que la Constitución de la Provincia de Córdoba, protege el derecho a la libre circulación (art. 19, inc. 11).

Además, la propuesta del intendente también es violatoria la Carta Orgánica de la Ciudad de Villa Allende que determina: «Todo vecino goza en el ámbito municipal de los derechos que enunciativamente se indican: …, al aprovechamiento y disfrute de los bienes de dominio público», (art. 21). Derecho éste, que la propuesta no respeta debidamente.

También, la Carta Orgánica establece que: «La Municipalidad de Villa Allende organiza sus instituciones como Estado Social de Derecho…» (art. 1) y éste es un sistema político que se caracteriza por garantizar los derechos humanos, especialmente los sociales, a través de una estructura jurídica, económica y política que busca el bienestar colectivo y el pleno respeto de todos los derechos humanos, como el de la libre circulación, entre otros.

La propuesta municipal encarada es inconstitucional, habrá que pensar otras soluciones al problema de seguridad.