Juicio ético a legisladores cordobeses que apoyaron el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Regional Córdoba impulsó los días 12 y 13 de este mes un Juicio Ético contra los diputados cordobeses que apoyaron el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario. «Son éticamente responsables», concluyó el tribunal, que estuvo presidido por Miguel Julio Rodríguez Villafañe.
Los tribunales éticos de opinión son iniciativas de los pueblos para visibilizar y calificar situaciones en las que la violación de derechos fundamentales no encuentra reconocimiento ni respuestas institucionales. No tienen carácter vinculante, pero su legitimidad radica en la voluntad soberana de la sociedad organizada, en este caso reflejada en la Constitución Nacional.
«Este juicio es una respuesta de acción social colectiva participativa necesaria, al estar en juego la defensa de la educación universitaria, pública, gratuita y de calidad, instrumento fundamental y que hace también a la permeabilidad ascendente en lo social y a la posibilidad de una democracia inclusiva», sostuvieron desde el Tribunal.
La audiencia pública se llevó a cabo el martes 12 y miércoles 13 de noviembre, en el Museo de Antropologías, con la participación como vocales de Miguel Julio Rodríguez Villafañe, Flavia Dezzutto y Patricia Coppola, y la intervención como fiscales de Hugo Seleme e Irina Santesteban.
Durante las dos jornadas, los participantes analizaron éticamente la actuación de los legisladores Gabriel Bornoroni, María Cecilia Ibáñez, María Celeste Ponce, Belén Avico, Luis Albino Picat, Laura Rodríguez Machado y Carmen Silvia Álvarez Rivero, a quienes acusan de atentar contra la defensa de la educación universitaria, pública, gratuita y de calidad.
Se trata de los diputados cordobeses que avalaron el veto presidencial de Javier Milei contra la Ley de Financiamiento Universitario, impidiendo la actualización presupuestaria en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y en decenas de casas de altos estudios de todo el país.
Para los fiscales Seleme y Santesteban, los acusados contribuyeron a que el Estado incumpla con su obligación constitucional de garantizar el derecho a la educación (art. 75, inc. 19). Además, la Fiscalía del caso subrayó que «la representatividad (de los diputados) no da soberanía al representante para destruir las bases del sistema que lo eligió y menos para no dar explicaciones de su accionar».
«En una democracia representativa, es un deber de moralidad política ofrecer razones que sean aceptables para la ciudadanía. Al no hacerlo, los legisladores han socavado el buen funcionamiento del sistema democrático de gobierno que se comprometieron a sostener», puntualizaron.
En su sentencia, el tribunal concluyó que los diputados Bornoroni, Ibáñez, Ponce, Avico, Picat, Rodríguez Machado son «éticamente responsables» de haber procedido en violación a principios fundamentales contenidos en la Constitución Nacional, referidos a la educación universitaria, pública, gratuita y de calidad.
