Inteligencia artificial: soberanía tecnológica, diversidad cultural y derechos laborales en disputa
Jefes de Estado y representantes iberoamericanos posan durante el último encuentro. Créditos: XXX Cumbre Iberoamericana
Dos notas publicadas por la Agencia de Noticias Científicas de la Universidad Nacional de Quilmes permiten abordar distintas dimensiones de un mismo debate: mientras buena parte de Iberoamérica busca construir una inteligencia artificial que represente sus lenguas y culturas, trabajadores de las industrias culturales argentinas reclaman acuerdos para evitar que su desarrollo profundice la precarización y la pérdida de derechos. Dos escenarios que ponen en discusión quiénes controlan estas tecnologías, a qué intereses responden y quiénes participan de sus beneficios.
La inteligencia artificial suele presentarse como una revolución tecnológica capaz de transformar la economía, el conocimiento y las formas de producción. Sin embargo, detrás de las promesas de innovación y eficiencia se despliega una discusión mucho más profunda: quiénes tienen capacidad para decidir sobre su desarrollo, qué culturas y conocimientos quedan representados en sus sistemas y qué ocurre con los derechos de quienes producen los contenidos que alimentan estas tecnologías.
En dos trabajos publicados en la Agencia de Noticias Científicas de la Universidad Nacional de Quilmes, Nicolás Retamar aborda estas tensiones desde perspectivas complementarias. Uno analiza la decisión del gobierno de Javier Milei de no acompañar la creación de la Alianza Iberoamericana de Inteligencia Artificial; el otro, la articulación de trabajadores, sindicatos, investigadores y organizaciones culturales argentinas para impulsar un pacto que establezca principios y compromisos frente a la expansión de estas herramientas. Aunque se desarrollan en escenarios diferentes, ambas colocan en el centro una misma preocupación: la necesidad de construir capacidades colectivas para que la transformación tecnológica no quede subordinada exclusivamente a los intereses de quienes concentran el poder económico y tecnológico.
La primera discusión se desarrolló durante una cumbre celebrada en Madrid, donde veintitrés de los veinticinco gobiernos participantes respaldaron la creación de la Alianza Iberoamericana de Inteligencia Artificial. Impulsada por España, la iniciativa busca fortalecer la soberanía digital y cultural de la región mediante la cooperación en infraestructura, datos y modelos de lenguaje adaptados a las necesidades de los países iberoamericanos. Argentina y Paraguay fueron los únicos que no acompañaron el acuerdo.
La decisión argentina resulta particularmente significativa si se considera que la iniciativa logró reunir gobiernos de orientaciones políticas muy diferentes. Pero hay otro dato que permite comprender su importancia: el español y el portugués continúan subrepresentados en los grandes modelos de inteligencia artificial. Se estima que apenas el cuatro por ciento de los datos utilizados para entrenarlos corresponde al español y el dos por ciento al portugués. Esa desigualdad no es solamente lingüística. También expresa una distribución asimétrica del poder para producir conocimiento, establecer referencias culturales y definir las representaciones del mundo que reproducen estas tecnologías.
La Alianza pretende intervenir sobre ese desequilibrio. Para ello, propone articular experiencias como Amalia, de Portugal; Latam-GPT, impulsado desde Chile, y SoberanIA, de Brasil, con el propósito de desarrollar una base tecnológica compartida que permita adaptaciones nacionales, lingüísticas y sectoriales. El horizonte es construir herramientas que respondan a las realidades de la región y no depender exclusivamente de modelos diseñados y entrenados bajo criterios ajenos a sus sociedades.
En ese contexto, la ausencia argentina adquiere una dimensión política que excede la diplomacia. Mientras los países participantes discutían mecanismos de cooperación tecnológica, Milei concentró su intervención en la confrontación ideológica con el presidente español, Pedro Sánchez. El episodio vuelve a poner de manifiesto una contradicción: en un escenario internacional donde la inteligencia artificial se consolida como un factor estratégico, la posibilidad de construir capacidades propias requiere acuerdos que trasciendan las diferencias políticas.
Un pacto para proteger derechos
Referentes de diferentes ámbitos participaron del encuentro. Foto: Patricio Schwindt / UBA, Sociales)
La soberanía tecnológica no se juega únicamente en la escala de los Estados. También se expresa en las condiciones de trabajo, en el reconocimiento de la autoría y en la capacidad de los sectores culturales para intervenir en las decisiones que afectan sus actividades.
Esa es precisamente la dimensión que aborda la segunda nota. El documento preliminar del Pacto Intersectorial sobre la Inteligencia Artificial en las Industrias Culturales Argentinas (PICA), elaborado con participación de investigadores de la Universidad Nacional de Quilmes y de la Universidad de Buenos Aires, busca construir una agenda común entre trabajadores, sindicatos, asociaciones profesionales y organizaciones vinculadas con el periodismo, la ilustración, la traducción, las editoriales y la producción cultural.
La iniciativa, impulsada en el marco de una línea de trabajo del Consejo Interuniversitario Nacional, surgió de un proceso de consultas, entrevistas, encuestas y análisis de antecedentes iniciado en octubre de 2025. Su propósito es elaborar una hoja de ruta con principios, acuerdos y demandas dirigidas al Estado, las empresas y las instancias internacionales de regulación.
El director del proyecto, Daniel Badenes, destacó el valor de haber reunido sectores que habitualmente discuten sus problemas por separado. Dibujantes, periodistas, traductores y gestores de derechos comparten ahora un espacio para identificar las consecuencias de una transformación que atraviesa sus actividades, aunque no siempre de la misma manera.
Las preocupaciones tienen fundamentos concretos. El entrenamiento de los modelos generativos se realizó mediante la utilización de enormes cantidades de materiales producidos por terceros, sin que necesariamente existieran mecanismos de autorización, reconocimiento o compensación. En el mundo de la ilustración, esa apropiación puede traducirse en pérdida de encargos y oportunidades laborales. En la traducción, en una creciente sustitución de tareas que termina relegando a los profesionales a revisar o corregir resultados generados por sistemas automatizados.
A esto se suma una paradoja que atraviesa el discurso empresarial sobre la productividad. La inteligencia artificial puede agilizar tareas repetitivas y liberar tiempo para actividades de mayor valor creativo. Pero, cuando no existen acuerdos que protejan a los trabajadores, ese tiempo recuperado no necesariamente se traduce en mejores condiciones laborales o en más oportunidades para la creación: muchas veces termina convertido en mayores exigencias de productividad.
Por eso, el documento preliminar del PICA plantea una serie de compromisos que incluyen la protección del empleo, la libertad de expresión, la alfabetización crítica sobre inteligencia artificial, la soberanía tecnológica, la transparencia sobre los impactos ambientales, el respeto a la privacidad y la retribución de la autoría. También propone mecanismos visibles para identificar los contenidos generados mediante estas herramientas.
En su planteo conceptual, el documento reivindica una diferencia fundamental: la creatividad y el criterio humano no son operaciones que puedan reducirse a la capacidad de procesar información. Los sistemas generativos pueden ordenar, sintetizar y recombinar materiales existentes, pero carecen de experiencia, sensibilidad y propósitos propios. En particular, la producción periodística y cultural requiere contexto, interpretación y conocimiento de la realidad.
La disputa por el sentido de la transformación
Las dos iniciativas, aunque diferentes en su alcance y sus objetivos, convergen en una cuestión central: la inteligencia artificial no es una tecnología neutral ni su desarrollo constituye un proceso inevitable sobre el que las sociedades carezcan de capacidad de intervención.
La Alianza Iberoamericana plantea la necesidad de construir autonomía frente a la concentración tecnológica global y evitar que las lenguas y culturas de la región queden relegadas en los sistemas que organizan crecientemente la circulación del conocimiento. El PICA, por su parte, busca que los trabajadores y las organizaciones culturales no sean simples espectadores de una transformación que modifica sus condiciones de producción, sus empleos y sus derechos.
En ambos casos aparece una misma exigencia: participar de las decisiones. Porque la soberanía tecnológica no consiste solamente en disponer de infraestructura o desarrollar modelos propios. También supone establecer reglas, garantizar derechos, reconocer el valor del trabajo y asegurar que los beneficios de la innovación no queden concentrados en un puñado de empresas.
La pregunta, entonces, no es solamente qué puede hacer la inteligencia artificial, sino quién decide para qué se utiliza, bajo qué condiciones y en beneficio de quiénes. Allí se juega buena parte del futuro de nuestras sociedades digitales. Y también la posibilidad de que la innovación tecnológica sea una herramienta de democratización y no una nueva forma de dependencia y desigualdad.
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