Los depredadores de la libertad de expresión: del poder político a los gigantes tecnológicos

Crédito: Reporteros Sin Fronteras

La incorporación de Donald Trump a la lista de depredadores de la libertad de prensa de RSF constituye uno de los principales acontecimientos de la edición 2026 de este relevamiento internacional. Pero su ingreso no es un hecho aislado ni una mera ampliación de una nómina de dirigentes cuestionados. Expresa una tendencia más profunda: la multiplicación de actores y estrategias que, desde el poder político, económico, judicial y tecnológico, buscan condicionar, desacreditar o directamente silenciar al periodismo independiente.

Con motivo del Día Internacional contra la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, que se conmemora cada 2 de noviembre, RSF presentó los perfiles de 33 depredadores de la libertad de prensa en todo el mundo. La organización propone una galería de responsables de atacar a periodistas y medios mediante procedimientos que van desde la violencia física y el encarcelamiento hasta la persecución judicial, la presión económica y las campañas de hostigamiento digital.

La lista constituye el contrapunto de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa que RSF publica anualmente. Mientras esta última evalúa las condiciones para el ejercicio del periodismo en cada país, la galería de depredadores identifica a quienes intervienen directamente para deteriorarlas. La clasificación se organiza en cinco dimensiones: política, seguridad, economía, clima jurídico y social. Una manera de mostrar que las amenazas a la libertad de información no responden a una única modalidad ni provienen exclusivamente de los gobiernos.

El presidente estadounidense Donald Trump encabeza una de las novedades más significativas de esta edición. Después de haber sido anticipado el año pasado como un probable integrante de la lista, su segundo mandato terminó de confirmar, según RSF, los argumentos para incorporarlo.

Desde su regreso a la Casa Blanca, en enero de 2025, sus ataques contra los medios dejaron de limitarse a la retórica y las declaraciones públicas para traducirse también en restricciones físicas impuestas a los periodistas. La organización sostiene que Trump multiplicó las acciones destinadas a reducir el periodismo a una forma de comunicación política, subordinada a los intereses del Gobierno.

El deterioro del escenario estadounidense también se refleja en la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa: Estados Unidos cayó siete posiciones en un año y ocupa el puesto 64. El dato introduce una dimensión particularmente relevante: las amenazas a la prensa no son patrimonio exclusivo de regímenes autoritarios. También pueden desarrollarse en democracias consolidadas cuando el poder político convierte a los medios críticos en adversarios y procura limitar su capacidad de fiscalización.

En la categoría de seguridad vuelven a aparecer actores que integran reiteradamente la lista: Vladimir Putin, en Rusia; Daniel Ortega, en Nicaragua; el Ejército israelí; los cárteles mexicanos y el Partido Comunista Chino.

En los territorios palestinos de Gaza y Cisjordania, así como en Líbano, RSF responsabiliza al Gobierno de Benjamín Netanyahu y a las Fuerzas de Defensa de Israel por las acciones represivas contra periodistas. En China, bajo el gobierno de Xi Jinping, se mantiene una de las situaciones más graves de encarcelamiento de profesionales de prensa: el país continúa siendo la mayor cárcel de periodistas del mundo.

México, por su parte, sigue atravesado por la violencia del crimen organizado. Los cárteles sostienen un clima de terror que convierte el ejercicio del periodismo en una actividad de alto riesgo. Según el relevamiento de RSF, desde comienzos de 2026 casi un periodista por mes fue asesinado por organizaciones criminales.

A esta categoría se incorpora el presidente egipcio Abdel Fatah al Sisi. La organización señala las detenciones de periodistas del sitio de verificación de datos Matsaddash y el cierre de Mada Masr, uno de los medios digitales de referencia del país.

La ofensiva contra la prensa no siempre adopta la forma de la censura directa o la violencia. En ocasiones, utiliza instrumentos legales para intimidar, desgastar económicamente o impedir que periodistas y medios desarrollen su trabajo.

En ese terreno, RSF incluye al presidente de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokáyev, y mantiene entre los señalados al presidente turco Recep Tayyip Erdogan y al conglomerado empresarial del magnate indio Gautam Adani. El denominador común es la utilización de procedimientos judiciales abusivos para criminalizar el ejercicio periodístico.

La dimensión económica presenta otro conjunto de amenazas. RSF identifica a gigantes tecnológicos como Alphabet y Meta, multimillonarios como Bidzina Ivanichvili y Vincent Bolloré, y figuras políticas como Vladimir Tabak, por sus estrategias para debilitar a los medios independientes, condicionar sus fuentes de financiamiento y poner en riesgo su autonomía editorial.

El señalamiento adquiere especial relevancia en un ecosistema informativo atravesado por la concentración de los recursos publicitarios, la dependencia de las plataformas digitales y la fragilidad económica de numerosas redacciones. El poder sobre la circulación de contenidos, la publicidad y la distribución de información también puede convertirse en un mecanismo de presión sobre el periodismo.

La dimensión social completa este mapa de amenazas. RSF advierte sobre el crecimiento de campañas organizadas de descrédito y hostigamiento contra periodistas, muchas veces impulsadas o respaldadas desde estructuras de poder. Entre los ejemplos menciona al Batallón de Intervención Rápida en la Comunicación (BIR-C), de Burkina Faso, y a OpIndia, en India.

En este mismo escenario aparecen Elon Musk, por la utilización de X como plataforma de propagación de desinformación y hostilidad hacia los periodistas, y el presidente argentino Javier Milei.

La organización vuelve a señalar al mandatario argentino por sus reiterados ataques contra periodistas y medios críticos, a los que acusa de mentir, manipular información y actuar movidos por intereses políticos o económicos. La frase presidencial «no odiamos lo suficiente a los periodistas» sintetiza una concepción del vínculo entre poder y prensa que excede la confrontación circunstancial.

Según una investigación de RSF, la cuenta de Milei en X difundió más de 1600 publicaciones hostiles hacia la prensa en apenas 47 días, entre abril y mayo de 2026. El dato dimensiona la intensidad de una estrategia de confrontación que encuentra en las redes sociales un espacio privilegiado para amplificar el descrédito y promover la desconfianza hacia el periodismo profesional.

La edición 2026 presenta, finalmente, algunas salidas significativas respecto del año anterior. Ali Jamenei, antiguo líder supremo iraní, fue asesinado durante la guerra entre Israel y Estados Unidos. Nicolás Maduro dejó el poder en Venezuela tras una operación militar estadounidense que terminó con su detención y traslado a una prisión federal de ese país.

También dejaron de integrar la nómina Viktor Orbán, en Hungría, y Aleksandar Vučić, en Serbia, luego de sus respectivas derrotas electorales.

RSF interpreta estos desplazamientos como una señal de que las sociedades pueden terminar sancionando en las urnas a quienes restringen las libertades públicas, cuando existen condiciones para expresar esa voluntad.

Más allá de los nombres y las circunstancias particulares, el relevamiento deja una advertencia que atraviesa toda la edición: la libertad de prensa no se deteriora solamente cuando un gobierno clausura un medio o encarcela a un periodista. También retrocede cuando se naturaliza la violencia contra quienes informan, cuando se utiliza la justicia para intimidar, cuando se condiciona la sustentabilidad económica de las redacciones o cuando se organizan campañas para convertir a los periodistas en enemigos públicos.

Los 33 depredadores identificados por RSF representan distintas expresiones de un mismo problema: la voluntad de controlar la información y reducir los márgenes de autonomía del periodismo. En ese escenario, defender la libertad de prensa supone algo más que garantizar la ausencia de censura. Implica preservar las condiciones políticas, económicas, jurídicas y sociales que hacen posible el ejercicio de un periodismo independiente.

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