Glifosato, cuando la ciencia se corrige la política mira para otro lado
La retractación de un estudio clave sobre el glifosato volvió a poner en discusión las bases científicas que sostuvieron durante años su uso masivo. En dos textos publicados por La Jornada, Silvia Ribeiro y los periodistas Emir Olivares y Jared Laureles analizan, desde la ética científica y la política pública, cómo la influencia corporativa y la inacción estatal siguen marcando el rumbo de un debate con profundas consecuencias sanitarias y ambientales.
En el transcurso de pocos días, La Jornada de México publicó dos textos que, leídos en conjunto, ofrecen algo más que información puntual: construyen un marco interpretativo sobre la relación entre ciencia, poder corporativo y decisiones políticas en torno al uso del glifosato. Desde la denuncia ética y científica hasta el análisis de sus derivaciones en el terreno de la política pública, ambas piezas dialogan entre sí y revelan una misma preocupación de fondo: qué ocurre cuando las evidencias que sostienen políticas sanitarias y productivas se muestran frágiles, interesadas o directamente manipuladas.
En un artículo de opinión publicado el 13 de diciembre, Silvia Ribeiro se detiene en un hecho que pasó relativamente desapercibido fuera de los circuitos especializados: la retractación por parte de la revista Regulatory Toxicology and Pharmacology de un estudio del año 2000 que durante décadas fue utilizado como respaldo científico para afirmar que el glifosato no representaba riesgos para la salud humana. Ribeiro reconstruye el recorrido de ese texto —firmado por Williams, Kroes y Munro— y expone cómo su contenido fue influido de manera decisiva por Monsanto, la empresa que por entonces comercializaba el herbicida. El artículo, señala la autora, funcionó como una pieza clave en la estrategia corporativa para neutralizar advertencias previas sobre toxicidad y posibles efectos cancerígenos, y fue citado reiteradamente por agencias regulatorias de distintos países como prueba de inocuidad.
En su artículo, Ribeiro aporta un elemento decisivo para comprender el alcance del escándalo: el estudio retractado no solo fue funcional a los intereses de Monsanto, sino que su publicación estuvo mediada por pagos directos de la empresa a la revista Regulatory Toxicology and Pharmacology. Además, el texto no fue elaborado de manera independiente: según la documentación revelada, fue redactado —total o parcialmente— por científicos vinculados a la propia compañía. A ello se suma que los autores que figuraron como firmantes del trabajo también recibieron dinero, lo que refuerza la hipótesis de un artículo construido como pieza de legitimación corporativa más que como investigación científica autónoma.
Ese señalamiento no se limita a un ajuste técnico dentro del mundo académico. La retractación pone en cuestión la arquitectura misma sobre la que se construyeron políticas agrícolas, decisiones regulatorias y marcos normativos que permitieron la expansión masiva del glifosato en el mundo. Ribeiro subraya que no se trata de un caso aislado, sino de un patrón reiterado en el que estudios financiados o influidos por grandes corporaciones terminan desplazando investigaciones independientes, con consecuencias directas sobre la salud pública y el ambiente.
Dos días después, el 15 de diciembre, La Jornada volvió sobre el tema desde la sección Política. En su cobertura, Emir Olivares y Jared Laureles toman la retractación del estudio como punto de partida para ampliar el foco: el problema ya no es solo la credibilidad científica, sino la respuesta —o la falta de ella— por parte de los Estados. El texto da cuenta de cómo, a pesar de que organismos como la Organización Mundial de la Salud han clasificado al glifosato como «probablemente cancerígeno», muchos gobiernos continúan postergando revisiones profundas de sus políticas sobre plaguicidas, mientras se acumulan demandas judiciales, evidencias de daños ambientales y testimonios de afectaciones a la salud.
El artículo político pone el acento en esa inercia institucional y en las tensiones que atraviesan a los gobiernos, atrapados entre compromisos productivos, presiones empresariales y crecientes reclamos sociales. Allí donde Ribeiro interroga la ética del conocimiento científico, Olivares y Laureles interpelan la voluntad política para actuar en consecuencia cuando las bases de ese conocimiento se resquebrajan.
Leídos de manera integrada, ambos textos abordan un mismo fenómeno desde planos complementarios. Uno desnuda los mecanismos mediante los cuales se construye —y se legitima— cierta verdad científica funcional a intereses económicos; el otro expone las dificultades del sistema político para traducir nuevas evidencias en decisiones concretas. Los autores coinciden, implícitamente, en que el glifosato ya no puede ser pensado solo como un insumo agrícola: se ha convertido en un símbolo de la tensión entre ciencia, mercado y democracia.
En ese cruce entre investigación, poder corporativo y política pública se juega una discusión más amplia y actual. No se trata únicamente de revisar un herbicida, sino de recuperar la confianza en las evidencias que orientan políticas que afectan la vida cotidiana de millones de personas. La lectura conjunta de estos artículos propone, en definitiva, una pregunta incómoda pero urgente: qué capacidad tienen hoy las sociedades y los Estados para corregir el rumbo cuando la ciencia revela que las certezas sobre las que se edificaron decisiones estratégicas eran, en el mejor de los casos, incompletas, y en el peor, inducidas.
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