En EE. UU. la justicia declara ilegal parte del negocio publicitario de Google
La posición de Google como uno de los actores más poderosos de Internet empieza a resquebrajarse bajo la presión de la justicia. El último revés para la compañía de Mountain View ha llegado con una derrota en el juicio por monopolio publicitario promovido por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El negocio publicitario del Google está valorado en u$s 31.000.000.
En una resolución firmada este jueves, la jueza federal Leonie Brinkema ha concluido que Google incurrió en prácticas anticompetitivas en dos mercados clave: el de servidores de anuncios para los grupos editoriales (donde domina con DFP) y el de intercambios publicitarios del Open Web (a través de AdX). Se la acusa de debilitar a sus competidores con adquisiciones de compañías y la imposición de condiciones a editores y anunciantes para evitar el acceso a alternativas.
La magistrada emitió un fallo declarando que Google incurrió en prácticas monopólicas ilegales dentro del mercado de publicidad en línea y le dio siete días para presentar un calendario de medidas correctivas.
La decisión es una respuesta a la demanda que el Departamento de Justicia estadounidense presentó en 2023 junto a varios estados, durante la administración del demócrata Joe Biden, y representa el tercer revés judicial para la compañía, que ya había sufrido un fallo en contra por la monopolización de la tienda de aplicaciones y las búsquedas en Internet.
Si bien Google adelantó que apelará el fallo, la compañía se enfrenta a la perspectiva de recibir drásticas sanciones que cambien el ecosistema digital y que enciende las alarmas para otras empresas del rubro, como Meta y Apple.
Puntualmente, la jueza determinó que Google es culpable de prácticas anticompetitivas en dos de los tres mercados analizados en el rubro de las publicidades digitales. Previamente, la empresa había sido señalada como responsable de tener un monopolio ilegal en las búsquedas en línea.
En el fallo de 115 páginas, Brinkema explica que «los demandantes han demostrado que Google ha incurrido deliberadamente en una serie de actos anticompetitivos con el fin de adquirir y mantener el poder monopolístico en los mercados de servidores publicitarios para editores y de intercambio de anuncios para publicidad gráfica en la web abierta».
Los servidores de anuncios, como DFP, propiedad de Google, son infraestructuras técnicas que utilizan muchos medios digitales para gestionar qué anuncios se muestran, cuándo y a quién. No son la única opción del mercado, pero sí una de las más extendidas, especialmente entre grandes editores. En la práctica, actúan como el centro de mando de la publicidad digital.
«Durante más de una década —señala el fallo— Google ha vinculado su servidor publicitario para editores y su plataforma de intercambio de anuncios mediante políticas contractuales y la integración tecnológica, lo que le ha permitido establecer y proteger su poder monopólico en estos dos mercados».
Más adelante, subraya que Google consolidó este poder imponiendo políticas anticompetitivas a sus clientes y señaló que, además de privar a sus rivales de la capacidad de competir, «esta conducta excluyente perjudicó sustancialmente a los editores clientes de Google, al proceso competitivo y, en última instancia, a los consumidores de información en la web abierta».
Para la Justicia, la empresa es responsable de vincular ilegalmente su servidor de anuncios para editores (DFP) a su plataforma de intermediación publicitaria AdX. El tercer mercado que fue evaluado fue el relacionado con la adquisición de anuncios gráficos, donde no consideró que hubiera prácticas monopólicas.
Ahora, resta determinar qué sanciones se aplicarán a la compañía, algo sobre lo que la magistrada no se expresó. Los fiscales pretenden que se reestructure el negocio publicitario de Google.
Por su parte, Google y el Departamento de Justicia se volverán a encontrar la semana que viene en otro tribunal federal por el monopolio de Google Search, en el marco de una causa que podría derivar en la división de la compañía. En este expediente, los fiscales pretenden obligar a Google a vender su navegador Chrome y desvincular su buscador del sistema operativo Android, que según los demandantes es utilizado para reforzar la posición dominante de la empresa.
Comienza el juicio contra Meta, también por prácticas monopólicas
Alphabet (empresa matriz de Google) no es la única empresa enfrentada con el Departamento de Justicia, que viene impulsando una campaña para limitar las prácticas monopólicas de los gigantes tecnológicos de Silicon Valley.
Este 14 de abril comenzó en Washington el juicio que la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) impulsa contra Meta, a quien acusa de violar las leyes antimonopólicas al adquirir Instagram y WhatsApp con el objetivo de eliminar competidores y consolidar su dominio en el mercado de redes sociales.
La FTC solicita como remedio principal una desinversión estructural, lo que implicaría que Meta se desprenda total o parcialmente de Instagram y WhatsApp. El objetivo es restaurar la competencia en un mercado que, según la agencia, se vio distorsionado por las adquisiciones.
La denuncia original fue presentada a fines de 2020, durante el primer mandato de Donald Trump, y reformulada en 2021 tras ser inicialmente desestimada. La demanda sostiene que Meta adoptó una estrategia de «comprar o enterrar» a sus principales competidores. Como prueba, se citan correos electrónicos internos en los que Mark Zuckerberg afirmaba que era «mejor comprar que competir».
«Incapaces de mantener su monopolio compitiendo lealmente, los ejecutivos de la compañía abordaron la amenaza existencial comprando nuevos innovadores que estaban triunfando donde Facebook fracasó», indica la demanda.
Meta compró Instagram en 2012 por mil millones de dólares y WhatsApp en 2014 por diecinueve mil millones. Según la FTC, ambas operaciones tenían como objetivo frenar el crecimiento de aplicaciones emergentes que desafiaban el liderazgo de Facebook.
La empresa niega haber actuado de manera anticompetitiva. Sostiene que las adquisiciones fueron aprobadas por las autoridades regulatorias en su momento y que hoy el mercado es mucho más competitivo, con actores como TikTok, YouTube y X (antes Twitter). También argumenta que la integración de los servicios ha beneficiado a usuarios y anunciantes, y que una eventual ruptura afectaría negativamente su funcionamiento.
Con información de fuentes varias
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