El manual de las big tech para frenar las leyes de compensación a medios

Una investigación del proyecto «La mano invisible de las big tech» —que coordinan Agencia Pública (Brasil) y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (Costa Rica)— ilustra cómo, durante la última década, Google y Meta desplegaron un ecosistema de tácticas y alianzas destinado a bloquear, demorar o vaciar las leyes que buscan compensar económicamente a los medios por el uso de sus noticias. El trabajo reconstruye un «manual» global de lobby corporativo que combina amenazas públicas, negociaciones privadas, campañas mediáticas y el respaldo de actores políticos, empresariales y académicos que operan en sintonía con las plataformas. El proyecto «La mano invisible de las big tech» es una coalición de diecisiete medios en trece países que analiza el lobby de las grandes tecnológicas en distintas regiones del mundo.

El informe detalla cómo Google y Meta resistieron leyes de derechos de autor o de negociación de medios en distintos países. Esa ofensiva combinó tácticas diversas: amenazas de desindexar noticias, acuerdos privados con algunos medios, campañas públicas contra la regulación, y apoyo a aliados mediáticos o políticos que pudieran influir en los debates.

Por ejemplo, cuando un país —como España o Francia— aprobó normas que obligaban a plataformas a pagar por los contenidos de prensa, Google respondió eliminando snippets (titulares y sumarios) o incluso retirando medios del servicio de noticias para evitar pagar.

Y cuando la ley que impulsaba un sistema de compensaciones cruzadas parecía avanzar —como en Australia con el News Media Bargaining Code (NMBC)— las plataformas lanzaron una ofensiva: argumentaron que las leyes equivalían a subsidios encubiertos, convocaron aliados, como grandes conglomerados mediáticos, e implementaron su estrategia global para bloquear o diluir esas iniciativas.

El uso de alianzas y presión sobre gobiernos

De acuerdo con los datos del informe, una parte central del «manual» consistió en cultivar redes de aliados: desde periodistas, asociaciones mediáticas, organizaciones de prensa digital hasta grupos políticos o think tanks. Esa estrategia permite que el lobby salga del terreno corporativo y gane legitimidad pública.

Además, Google y Meta han invertido millones de dólares en apoyo a medios por conducto de iniciativas de financiación, capacitación, programas de verificación de datos o asociaciones con ciertos medios. Este financiamiento legítimo muchas veces se mezcla con presión para que esos medios adopten posiciones favorables, lo que puede distorsionar su independencia editorial.

Otro mecanismo descrito es el de la «guerra de narrativas»: usar sus potentes plataformas para movilizar opinión pública en contra de las leyes, presentar la regulación como un ataque a la «libertad en internet», o insistir en que las plataformas «ya apoyan a los medios» gracias al tráfico que aportan.

Consecuencias

Según el informe, el dominio de las big tech en publicidad digital ha desmoronado los modelos tradicionales de financiación periodística. En ese contexto, leyes como NMBC podrían haber ofrecido un contrapeso necesario: obligar a las plataformas a pagar por contenidos podría aliviar la crisis financiera de muchos medios.

Sin embargo —advierte la investigación— las tácticas de Google y Meta han logrado frenar o debilitar muchas de esas iniciativas, perpetuando un entorno en que los medios independientes —locales, comunitarios, emergentes— siguen sufriendo precariedad, recortes de personal, cierre de redacciones o dependencia de condicionamientos externos para sobrevivir.

Un ejemplo: entre 2008 y abril de 2025 cerraron en Canadá 566 medios locales en 372 comunidades. En Brasil, desde 2000, cerraron cerca de 1460 medios.

La investigación revela algo más que tácticas: plantea una estrategia global, sistemática, deliberada, para preservar la posición de mercado de un pequeño grupo de corporaciones frente al pluralismo informativo. Lo hace con mensajes de libertad digital, «ayuda» al periodismo, o «colaboración», pero a costa de la diversidad, autonomía y sustentabilidad real de los medios.

Este «manual» —no escrito, no declarado, silencioso— pone en jaque la promesa de una prensa independiente capaz de sostenerse sin depender del tráfico o de subsidios condicionados. Y deja en evidencia que las reglas que regulan la economía digital no son neutras: moldean desde el poder de las audiencias hasta las posibilidades políticas de informar.

Si los periodistas, los lectores, los gobiernos y la sociedad civil no lo advierten con claridad, se corre el riesgo de naturalizar un modelo en el que la información —la plural, la crítica, la local— se vuelva un lujo cada vez más escaso.

Aceptar como «normal» que corporaciones privadas controlen los canales principales de exposición de noticias equivale a resignar parte significativa del derecho público a la información. Para recuperar espacio, hoy resulta urgente —no simbólicamente, sino con ley, vigilancia y organización colectiva— defender la soberanía informativa ante quienes priorizan algoritmos, rendimiento y monopolio de tráfico por sobre la pluralidad y la libertad de prensa.

Asimismo, el informe subraya que la degradación del modelo económico de los medios no es un accidente: es la consecuencia directa de un ecosistema donde dos empresas concentran hasta el 70–80% de la publicidad digital en varios países.

En ese entorno, la ausencia de leyes o la implementación débil de las existentes tiene un efecto multiplicador: los medios se vuelven más dependientes de tráfico, visibilidad y programas de apoyo ofrecidos por las mismas plataformas responsables de la crisis.

La paradoja es evidente: las empresas que erosionaron el mercado de ingresos periodísticos se convierten, al mismo tiempo, en sus «salvadoras».

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