El Gobierno español recomienda que los teléfonos inteligentes lleven advertencias sanitarias
Un comité de expertos designado por el gobierno español ha recomendado que los teléfonos inteligentes que se vendan en el país lleven etiquetas de advertencia sobre la salud. La recomendación surge en medio de una creciente preocupación por los efectos del uso de teléfonos inteligentes, en particular entre los jóvenes.
Los teléfonos inteligentes que se venden en España deberían llevar una etiqueta que advierta a los usuarios sobre sus posibles impactos en la salud, dijeron expertos al gobierno español en un informe que pide a los médicos que pregunten sobre el tiempo de pantalla durante los chequeos.
Mientras España avanza con un proyecto de ley para limitar la exposición de los niños a la tecnología, el comité de expertos de cincuenta miembros también ha pedido que los menores tengan una exposición limitada a los dispositivos digitales hasta que tengan trece años para mitigar lo que consideran un problema de salud pública.
El informe de casi 250 páginas de los expertos, al que ha tenido acceso el diario recomienda que los niños menores de tres años no tengan ninguna exposición a dispositivos digitales, mientras que a los niños de hasta seis años se les debería permitir acceder a ellos sólo de forma excepcional.
Para los niños de entre seis y doce años se debe priorizar el uso de los llamados «teléfonos tontos» —que no tienen acceso a Internet y que se limitan a llamadas—, así como las actividades offline como el deporte.
El informe pide al Gobierno que considere añadir una etiqueta de advertencia a los dispositivos digitales vendidos en España en la que ionforme a los consumidores de los riesgos para la salud que algunos han vinculado a las redes sociales y los dispositivos digitales, así como de los posibles impactos que el acceso a contenidos inapropiados podría tener en el desarrollo de los niños.
El informe recomienda que aparezcan advertencias similares en las pantallas cuando se acceda a ciertas aplicaciones o plataformas, detallando los riesgos para la salud y el tiempo máximo de uso recomendado.
E insta al gobierno a declarar la adicción a los teléfonos móviles como un problema de salud pública, una designación que facilitaría el desarrollo de medidas preventivas y sistemas de detección temprana.
Las preguntas sobre el tiempo frente a las pantallas y los comportamientos problemáticos deberían incorporarse en las consultas de salud para todos los grupos de edad, mientras que «la detección de depresión, ansiedad y uso de tecnología» debería realizarse regularmente durante los controles médicos de los adolescentes.
El comité se reunió a principios de este año en respuesta a lo que el primer ministro español, Pedro Sánchez, describió como una «auténtica epidemia» de consumo de pornografía en línea entre los niños.
«Las cifras son muy reveladoras y muy preocupantes a la vez», dijo Sánchez en enero. «Uno de cada cuatro jóvenes menores de doce años —y casi la mitad de los menores de quince— ha tenido acceso o tiene acceso actualmente a pornografía».
Sin embargo, al final, el informe adoptó una visión más amplia del problema, y no se centró sólo en el acceso de los niños a la pornografía, sino también en el uso que hacen de los dispositivos digitales. Su intervención se produce en medio de un creciente debate mundial sobre la exposición de los niños a la tecnología, que ha llevado a las escuelas de todo el mundo a tomar medidas enérgicas contra el uso de los móviles en las aulas.
En Francia, un estudio encargado por el gobierno dijo en abril que a los niños no se les debería permitir usar teléfonos inteligentes hasta que tengan trece años y se les debería prohibir el acceso a redes sociales convencionales como TikTok e Instagram hasta que tengan dieciocho años.
En España, donde las estadísticas sugieren que una cuarta parte de los niños tienen teléfonos móviles a los diez años y casi la mitad a los once, el gobierno de coalición liderado por los socialistas presentó en junio un proyecto de ley para proteger a los menores, proponiendo que se instalen controles parentales por defecto en los teléfonos inteligentes y que se ponga en marcha una campaña nacional de educación para ayudar a los niños y adolescentes a navegar por las redes sociales.
El proyecto de ley también establece nuevos requisitos de datos que, de aplicarse, aumentarían la edad mínima para abrir una cuenta en las redes sociales de catorce a dieciséis años, mientras que los maestros y el personal sanitario recibirían formación para detectar a los niños que luchan con posibles adicciones a los teléfonos inteligentes.
Se espera que el proyecto de ley, que se encuentra en fase de consulta pública, se perfeccione aún más con el informe, que se compiló con aportes de organizaciones como la Asociación Europea para la Transición Digital, así como de pediatras y psiquiatras.
El informe también hizo alusión al papel del entorno en general a la hora de limitar la exposición de los niños, pidiendo programas de formación dirigidos a las familias, donde los expertos pudieran responder a preguntas sobre cómo los niños pueden navegar en Internet de forma segura y cómo limitar el acceso y la exposición, además de instar a las escuelas a eliminar cualquier aplicación educativa basada en la gratificación inmediata.
