El Gobierno crea la Oficina de Respuesta Oficial y la pulseada con la prensa entra en una nueva fase
El Ejecutivo oficializó la creación de una nueva dependencia estatal destinada a refutar lo que considera desinformación mediática. Como se ha detectado en las redes sociales, la nueva oficina se asemeja en nombre, idea, color y logo a la Rapid Response de Donald Trump, también creada para combatir fakes. La iniciativa abrió un fuerte debate público y motivó cuestionamientos de organizaciones periodísticas que advierten sobre los límites entre comunicación oficial, verificación de datos y libertad de expresión.
El Gobierno nacional oficializó la creación de una Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina (Orora), un nuevo dispositivo comunicacional diseñado para responder públicamente, desde una cuenta institucional en la red social X, a lo que la Casa Rosada define como «falsedades y operaciones de los medios y la casta política». La iniciativa fue presentada el jueves 5 de febrero de 2026, mediante publicaciones oficiales y un comunicado del Poder Ejecutivo.
Según la administración del presidente Javier Milei, esta dependencia estará a cargo de «desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia operaciones mediáticas o narrativas que el Gobierno considera engañosas o sesgadas». Funcionará principalmente a través de la cuenta Oficina de Respuesta Oficial, alojada en la plataforma X, con el objetivo de replicar y refutar contenidos en tiempo real.
La medida responde, según voceros oficiales, a la convicción de que «solo informar no alcanza si la desinformación avanza sin respuesta», y se enmarca en la estrategia comunicacional del Ejecutivo de enfrentar directamente lo que percibe como desinformación de los medios y actores políticos.
La Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política. Porque solo “informar” no alcanza si la desinformación avanza sin…
— Oficina de Respuesta Oficial (@RespOficial_Arg) February 5, 2026
El diseño comunicacional de esta Oficina no fue casual: el propio pedido de activación al asesor presidencial Santiago Caputo incluyó explícitas referencias al modelo estadounidense de Rapid response utilizado por la Casa Blanca en los Estados Unidos para amplificar mensajes oficiales y cuya estética e idea funcional habrían sido emuladas en el caso argentino.
La nueva oficina operará bajo la órbita de la Secretaría de Comunicación de la Nación, sin que por ahora se haya formalizado su encuadre orgánico mediante una ley ni con una estructura administrativa propia. Según fuentes oficiales, «no implicará por ahora gasto adicional al Estado más allá del manejo de la cuenta institucional», y será integrada a equipos ya existentes dentro del área de comunicación digital.
El funcionario designado al frente de esta nueva dependencia es Juan Pablo Carreira, conocido en redes como Juan Doe. Carreira, que se desempeña como director nacional de Comunicación Digital desde 2024 y responde políticamente al entorno de Caputo, ha consolidado una presencia relevante en plataformas sociales. Su perfil combina la actividad en redes con una vinculación directa a las motivaciones comunicacionales de la Casa Rosada.
En un perfil del funcionario, publicado por La Nación, se puede leer: «Desde la cuenta oficial de la flamante oficina Carreira institucionalizará una práctica que ya despliega desde sus redes personales. Allí conviven la reproducción de contenidos de La Derecha Diario con señalamientos y ataques directos a periodistas y dirigentes opositores, ahora con respaldo formal del Estado. Entre sus publicaciones en redes sociales se reiteran consignas habituales del repertorio libertario, como la frase “no odiamos lo suficiente a los periodistas”, junto con descalificaciones hacia la prensa, a la que acusa de “operadores” y califica como “siniestros” o “nefastos”».
La reacción de amplios sectores del periodismo y organizaciones vinculadas a la libertad de expresión fue inmediata. La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) expresó su preocupación por la Oficina, advirtiendo que el Estado «es una fuente más de información, no el árbitro de la verdad pública», y que la utilización de organismos estatales con funciones de monitoreo o verificación puede derivar en «mecanismos de vigilancia, estigmatización o disciplinamiento indirecto del periodismo y de las opiniones críticas».
En la misma línea, el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) rechazó explícitamente la creación de la Oficina y advirtió que el Gobierno no puede erigirse en un «tribunal de la verdad», ya que esto choca «frontalmente con la esencia de una sociedad libre» y compromete las bases de la libertad de expresión en democracia.
Además de estas evaluaciones institucionales, la movilización digital y opiniones públicas se intensificaron con voces que fueron más allá de las asociaciones tradicionales. En distintas plataformas se subrayó que la puesta en marcha de esta dependencia representa una expansión de la confrontación del Ejecutivo con los medios, en un clima ya marcado por tensiones entre el poder y la prensa, y que la creación de una estructura estatal dedicada a señalar «falsedades» puede acentuar la polarización comunicacional.
Más allá de la crítica periodística, también se escucharon opiniones académicas que comparan este tipo de iniciativas con prácticas de demonización mediática observadas en otros países, señalando que instrumentos similares también fueron utilizados por figuras políticas como Jair Bolsonaro y movimientos de derecha en Europa para hostigar a la prensa, lo que alimenta el debate sobre efectos institucionales de estas oficinas en sociedades democráticas.
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