La Federación Internacional de Periodistas reclama al Congreso argentino el tratamiento urgente de los proyectos para proteger el Estatuto del Periodista

Crédito: Fatpren

La posible derogación del Estatuto del Periodista Profesional en Argentina trasciende una discusión sobre legislación laboral. Lo que está en juego, advierte la FIP, es también la libertad de expresión, el derecho a la información y las condiciones que hacen posible el ejercicio autónomo de la profesión. La Ley 12908 constituye una herramienta fundamental para resguardar los derechos laborales, la dignidad profesional y la independencia editorial de quienes trabajan en los medios de comunicación.

En ese contexto, la falta de tratamiento parlamentario de los proyectos destinados a actualizar o prorrogar la norma genera preocupación. La senadora Carmen Álvarez Rivero, presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, no convocó durante el año a ninguna reunión para abordar la cuestión. A esa inactividad se sumaron declaraciones públicas en sus redes sociales en las que ironizó sobre la precarización que atraviesa el sector periodístico para justificar la falta de intervención legislativa.

La controversia se desarrolla, además, en un escenario de creciente hostilidad hacia la prensa. Los ataques y la violencia discursiva provenientes de la propia Presidencia de la Nación contribuyen a configurar un clima que, según advierten las organizaciones gremiales, puede favorecer el debilitamiento de las condiciones laborales y contractuales en las empresas periodísticas. La eventual pérdida de las garantías establecidas por el Estatuto profundizaría esa vulnerabilidad y ampliaría los márgenes de presión sobre el trabajo profesional.

Frente a este panorama, la FIP expresó su respaldo a la movilización que el pasado jueves 29 de octubre reunió frente al Congreso de la Nación a sindicatos de prensa de todo el país, representantes de carreras de Comunicación y organizaciones de la sociedad civil. Durante la jornada, las entidades presentaron un pedido formal para que Álvarez Rivero convoque de manera inmediata a reuniones de comisión y habilite el debate de las iniciativas legislativas que buscan actualizar o prorrogar el Estatuto. Se trata, además, de dar cumplimiento a los compromisos asumidos durante el tratamiento de la reforma laboral, en febrero de este año.

La FIP instó a los integrantes del Senado a asumir su responsabilidad institucional y avanzar con el tratamiento urgente de los proyectos presentados. La discusión no puede reducirse a la continuidad de una norma: involucra las condiciones materiales que permiten ejercer el periodismo sin subordinación a las presiones del poder político o económico.

La defensa del Estatuto, en ese sentido, forma parte de una discusión más amplia sobre la calidad democrática. Porque la protección de quienes trabajan en los medios no constituye solamente una reivindicación sectorial: es también una garantía para la pluralidad de voces y el derecho de la sociedad a recibir información. Sin derechos laborales ni condiciones que resguarden la autonomía profesional, la libertad de prensa queda expuesta a mayores restricciones.

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