Una prueba de Amnistía Internacional revela que Meta no detecta la desinformación electoral

A casi un mes de las elecciones presidenciales brasileñas, previstas para el 4 de octubre, Amnistía Internacional puso a prueba los sistemas de moderación de publicidad de Facebook. Los resultados volvieron a colocar a Meta en el centro del debate sobre la desinformación electoral: ocho de los quince anuncios utilizados en el experimento fueron aprobados para su publicación, pese a contener información falsa o engañosa sobre el proceso comicial.

Los siete anuncios restantes no fueron rechazados por desinformación, sino que quedaron pausados a la espera de un proceso de verificación de identidad, al ser catalogados por la plataforma como contenidos de índole social, política o electoral.

La investigación buscaba evaluar la capacidad de los sistemas automatizados y de revisión humana de Meta para detectar contenidos engañosos en un contexto democrático sensible. Para evitar que las piezas circularan activamente, la organización programó su difusión para una fecha posterior y canceló la campaña antes de su emisión.

Los quince anuncios fueron redactados en portugués brasileño y dirigidos exclusivamente a votantes de ese país. Catorce de ellos contenían desinformación y uno era neutro —incluido para evaluar la exigencia del trámite de identidad—. Para diseñar los contenidos, la organización analizó publicaciones en Facebook y X emitidas entre enero y mayo de 2026, seleccionando narrativas reales que buscaban cuestionar la legitimidad de las elecciones, atacar a adversarios políticos o promover soluciones autoritarias.

Las piezas falsas se estructuraron en tres ejes principales:

  • Deslegitimación electoral: orientada a erosionar la confianza en el sistema de votación y los resultados.
  • Construcción de un enemigo: ataques que presentaban a candidatos o instituciones judiciales como amenazas para el país.
  • Autoritarismo y seguridad: mensajes que promovían la intervención militar o el uso de la fuerza frente a conflictos políticos.

Siete piezas combinaban acusaciones directas de fraude con datos falsos diseñados para desorientar a los votantes sobre cuándo y cómo votar. Según el análisis de Amnistía, todos estos contenidos violaban explícitamente las políticas de Meta sobre interferencia electoral.

El estudio reveló asimetrías en los criterios de detección de la plataforma. Facebook demostró mayor eficacia al filtrar ataques directos contra figuras políticas —por ejemplo, cinco de los siete anuncios que acusaban falsamente a Luiz Inácio Lula da Silva de «robar las elecciones» fueron bloqueados—.

En contraste, la retórica militarista superó los filtros con mayor facilidad: tres de los cuatro anuncios que promovían una intervención armada fueron aprobados. Uno de ellos llamaba abiertamente a no votar argumentando que las Fuerzas Armadas tomarían el poder si la abstención superaba el 50 %. Para Amnistía, esto evidencia que los algoritmos priorizan la detección de difamaciones personales por encima de discursos que atentan directamente contra el orden democrático.

El experimento expuso además fallas en los controles geográficos y de transparencia. Los anuncios fueron tramitados desde Londres, mediante cuentas de prueba sin historial y sin utilizar redes privadas virtuales (VPN). Pese a esto, las piezas se ingresaron sin declararlas dentro de la categoría de «asuntos especiales» ni añadir la leyenda obligatoria «Pagado por», exigidas tanto por las normas de Meta como por la legislación electoral brasileña.

Para la organización de derechos humanos, la falta de rigor en estos controles permite que actores nacionales o extranjeros exploten la infraestructura publicitaria para interferir en comicios. Esta vulnerabilidad se magnifica por la capacidad de microsegmentación de la plataforma, orientada a dirigir mensajes específicos a audiencias clave según datos demográficos y de comportamiento, en un modelo de negocio donde el 98 % de los ingresos del primer trimestre de 2026 provino de la publicidad.

Amnistía Internacional concluye que las salvaguardas de Meta carecen de la consistencia necesaria para proteger los procesos democráticos. Sostiene además que la responsabilidad de las plataformas trasciende el mero cumplimiento formal de sus reglamentos, e implica el deber activo de mitigar los riesgos que sus sistemas representan para el derecho a la información y la participación política.

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