Una propuesta popular para una ley de desendeudamiento por gastos esenciales
El autor invita a sumarse a una propuesta popular para una ley de desendeudamiento destinada a personas y hogares económicamente vulnerables. Fundamenta desde la Constitución la obligación del Estado de intervenir y ofrecer respuestas adecuadas frente a esta problemática.
Miguel Rodríguez Villafañe
Abogado constitucionalista cordobés, exjuez federal de Córdoba, especialista en cooperativas y mutuales y periodista de opinión.
IDEAS CLAVE
1. Una deuda que dejó de ser privada. Cuando el crédito se utiliza para acceder a alimentos, medicamentos, vivienda o servicios básicos, el endeudamiento deja de ser solamente un problema individual y adquiere una dimensión social.
2. El Estado como garante de derechos. La propuesta sostiene que la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos obligan al Estado a proteger a las personas y hogares en situación de vulnerabilidad.
3. Una política de desendeudamiento. La iniciativa plantea declarar la emergencia nacional, crear un registro de hogares endeudados y establecer mecanismos de alivio, reestructuración y condonación de deudas.
4. La pregunta por la justicia social. El planteo contrapone el auxilio estatal recibido históricamente por sectores económicos poderosos con la necesidad de asistir ahora a quienes contrajeron deudas para poder sobrevivir.
En la Argentina, millones de personas y hogares recurren al crédito para comprar alimentos, adquirir medicamentos, pagar tarifas de servicios públicos, afrontar alquileres, sostener la educación de sus hijos o solventar tratamientos médicos y de salud en general. El endeudamiento ha dejado de representar una herramienta de progreso para convertirse, en numerosos casos, en un mecanismo de supervivencia que, a la vez, asfixia, dado que conduce a un endeudamiento perpetuo, cada vez más difícil de afrontar.
Problema de interés público
Cuando las personas y los hogares deben financiar mediante el crédito el acceso a bienes indispensables para su subsistencia, la deuda deja de ser una cuestión exclusivamente privada para transformarse en un problema de interés público. En tales circunstancias, el incumplimiento de esas obligaciones no afecta únicamente el patrimonio del deudor, sino que también hiere la convivencia solidaria y el ejercicio efectivo de derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Nacional.
Obligación constitucional de protección
El artículo 14 bis de la Constitución Nacional establece la obligación de brindar protección integral a la familia y de asegurar condiciones dignas de vida. A su vez, consagra el principio de igualdad ante la ley (art. 16), mientras que el artículo 75, inciso 22, incorpora con jerarquía constitucional tratados internacionales que reconocen el derecho a la alimentación, a la vivienda adecuada, a la salud, a la educación y a un nivel de vida digno.[1]Arts. 14 bis, 33, 42 y 75, inc. 22, CN; Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 1; Convención Americana sobre Derechos Humanos, llamada Pacto de San José de Costa Rica, art. 11, y art. 51 … Continue reading
El artículo 14 bis fue complementado por la reforma constitucional de 1994, al determinar que el Congreso Nacional debe: «Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad».[2]art. 75, inc. 23. Asimismo, mandó al Congreso a promover el «progreso económico con justicia social».[3]art. 75, inc. 19.
La necesaria justicia social
Con respecto a lo referido, el cardenal Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba, emitió un mensaje que se leyó en todas las misas del 9 de agosto de 2026, en el que expresó: «Llama la atención en este tiempo este triste y grave fenómeno de desprestigio y desvalorización —por momentos descarado— de la justicia social, principio político y ético que, como sabemos, busca garantizar la igualdad de oportunidades, la equidad en la distribución de los bienes y el acceso pleno a los derechos humanos fundamentales para todas las personas dentro de una comunidad, y cuyo objetivo principal es corregir las desigualdades estructurales y proteger a los sectores más vulnerables para que nadie quede excluido por razones económicas, de género, raza o procedencia, promoviendo que las políticas del Estado prioricen el bien común y la protección de los grupos desfavorecidos frente al individualismo extremo (…) Cuando se eliminan las políticas públicas que cuidan a los más frágiles no se genera libertad; lo que se genera es desamparo. A las periferias abandonadas no llegan las leyes del mercado desregulado. El mercado busca la ganancia, no la fraternidad. Y cuando el Estado le suelta la mano a los más vulnerables, lo que queda no es la libre competencia, sino la ley de la selva».
Propuesta popular
En ejercicio de la soberanía del pueblo (CN, art. 33), desde una «propuesta popular» se peticiona a los legisladores nacionales el urgente tratamiento y aprobación de una ley de «Desendeudamiento por gastos esenciales a personas u hogares económicamente vulnerables», destinada a proteger a personas y hogares —jubilados, desempleados, personas con discapacidad, pobres o con ingresos por debajo de la línea de pobreza— que, como consecuencia de la pérdida de la fuente laboral, del poder adquisitivo o de la insuficiencia de sus ingresos, se vieron obligados a endeudarse para cubrir necesidades esenciales como alimentos, medicamentos, alquiler, educación, transporte o servicios públicos.
Esta propuesta no beneficia a especuladores ni a quienes se endeudaron para hacer negocios o inversiones. En la Argentina de hoy, las familias no se endeudan para progresar: se endeudan para sobrevivir. Esta situación no se soluciona solamente con nuevos créditos más blandos, que ciertamente no sirven para quienes no alcanzan a cubrir siquiera lo elemental.
Hay que declarar la emergencia nacional ante esta problemática y crear un registro nacional de personas y hogares endeudados que permita identificar y asistir a quienes atraviesan esa situación.
Asimismo, es preciso establecer mecanismos extraordinarios de protección, alivio y reestructuración de esas deudas. Esto incluye el rescate concreto, vía condonación o estatización, del 100 % de las deudas de aquellas personas u hogares cuyos ingresos totales se encuentran por debajo de la línea de pobreza establecida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
También, y mientras se resuelve su situación, cabe suspender ejecuciones y otras medidas que agraven la vulnerabilidad de las familias, ya que, entre otras cuestiones, es inaceptable dejarlas, por ejemplo, sin gas, agua o electricidad, servicios básicos para una vida digna.
El Estado asistió a los poderosos
El Estado argentino ha intervenido muchas veces para pagar deudas privadas cuando estuvieron en juego intereses económicos de los poderosos, como ocurrió con la estatización de la deuda privada, por la que el Estado asumió pasivos externos de privados por un monto estimado de entre 15.000 y 17.000 millones de dólares. Luego, se transformó la deuda externa de empresas privadas en deuda pública (Comunicación A-251 del BCRA), por un monto de 15.000 millones de dólares. Todo ello ocurrió durante el gobierno militar (1976-1983).
Después llegaron la pesificación asimétrica (2002), la absorción de pasivos durante las privatizaciones, los rescates empresariales, el Bono para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal) —por el que el gobierno de Javier Milei asistió a los importadores para cancelar la millonaria deuda comercial que tenían—, diferentes blanqueos de capitales y regímenes de regularización patrimonial que incluso beneficiaron a muchos que no tributaron, sino que fugaron dinero del país, con grave perjuicio para los ingresos estatales.
Si el Estado pudo rescatar a los poderosos, sin exigirles contraprestación, asumiendo deudas —algunas de ellas fraudulentas, que pagamos todos y que rondan los 40.000 millones de dólares—, ahora tiene el deber de rescatar a quienes se endeudaron para sobrevivir.
Petitorio
El sábado 15 de agosto de este año comienza en todo el país la necesaria concientización sobre esta problemática y la recolección de firmas para el petitorio, con el objetivo de desarrollar la musculatura política que ayude a que los legisladores nacionales asuman la iniciativa y dicten la ley.
Impulsan inicialmente la propuesta en Córdoba la Fundación La Alameda y el espacio Esperanza Activa.
Pongámonos de pie por una patria justa, inclusiva y sustentable. Esto implica lograr un país con justicia social, que garantice igualdad y equidad en los derechos y las oportunidades; trabajo digno para todos y todas; integración social sin exclusiones, y el cuidado del ambiente mediante la utilización responsable de los recursos naturales.
