La Fatpren presentó en el Senado el proyecto de nuevo Estatuto del Periodista
La presentación en el Senado de un nuevo proyecto de Estatuto del Periodista Profesional marca algo más que una discusión laboral. En un contexto de precarización creciente, transformaciones tecnológicas aceleradas y tensiones entre el poder político y los medios, los sindicatos de prensa impulsan una reforma que busca preservar derechos históricos e incorporar reglas para desafíos que no existían cuando se sancionó la norma original.
El proyecto de actualización del Estatuto del Periodista Profesional presentado el martes 9 de junio en el Senado por la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) y organizaciones gremiales de todo el país busca: preservar los principios de protección laboral que dieron origen a la ley y, al mismo tiempo, adaptarlos a un ecosistema mediático profundamente distinto al que existía cuando fue concebida.
La iniciativa adquiere relevancia adicional porque surge en un momento de incertidumbre. La reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei incluyó intentos de derogación de normas especiales de protección laboral, entre ellas el Estatuto de Periodistas. Aunque actualmente existe una prórroga que extiende su vigencia hasta enero de 2027, los sindicatos interpretan que el margen temporal debe aprovecharse para discutir una actualización integral que fortalezca su legitimidad política y jurídica.
Para Carla Gaudensi, secretaria general de Fatpren y secretaria adjunta de Sipreba, la discusión trasciende la actualización técnica de una norma. Durante la presentación sostuvo que el objetivo central es garantizar la continuidad de una herramienta de protección laboral que considera indispensable para preservar la independencia de los trabajadores de prensa frente a presiones políticas, empresariales y económicas. También subrayó que la propuesta fue concebida como una base abierta al debate parlamentario y advirtió que una eventual derogación del Estatuto, en el actual contexto, implicaría un retroceso para la libertad de expresión y el derecho a la información.
No se trata únicamente de una defensa corporativa. Esa fue, precisamente, una de las ideas más repetidas durante la presentación realizada en la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión de la Cámara alta. Los expositores insistieron en que las condiciones laborales del periodismo están estrechamente vinculadas con el derecho ciudadano a recibir información de calidad.
La periodista Gabriela Pepe sintetizó esa perspectiva al recordar que la protección de la actividad no solo alcanza a quienes ejercen la profesión, sino también al derecho social a acceder a información confiable. Una afirmación que remite a una discusión clásica: cuando el periodismo pierde autonomía económica o capacidad profesional, también se debilita una de las herramientas fundamentales de control democrático.
El contexto en el que se desarrolla este debate ayuda a comprender la preocupación. En los últimos años la actividad combinó varios procesos simultáneos: caída de ingresos en numerosos medios, expansión de modalidades precarias de contratación, crecimiento del trabajo freelance, concentración empresarial y una acelerada incorporación de herramientas de automatización.
Es justamente allí donde aparece uno de los capítulos más novedosos del proyecto. La propuesta incorpora por primera vez una regulación específica sobre inteligencia artificial aplicada a tareas periodísticas. El texto reconoce la posibilidad de utilizar sistemas automatizados como herramientas de apoyo, pero establece que no podrán reemplazar integralmente la producción informativa realizada por trabajadores humanos. También prevé la identificación de la autoría, la supervisión humana de los contenidos generados y la capacitación de los trabajadores en el uso de estas tecnologías.
La inclusión de este punto refleja una preocupación que excede a Argentina. En redacciones de todo el mundo, la irrupción de sistemas generativos abrió interrogantes sobre la autoría, la verificación de contenidos, la responsabilidad editorial y el futuro de numerosos puestos de trabajo. La discusión ya no gira únicamente alrededor de si la IA puede escribir noticias, sino sobre quién responde por sus errores, cómo se preservan estándares profesionales y de qué manera se evita la sustitución masiva de tareas.
Entre quienes respaldaron la iniciativa estuvo también el periodista Mariano Obarrio, quien advirtió sobre los efectos que el uso indiscriminado de sistemas generativos puede tener sobre la producción informativa. Según planteó durante la reunión, estas herramientas están utilizando contenidos periodísticos para alimentar modelos automatizados, una dinámica que impacta tanto sobre las empresas periodísticas como sobre el trabajo intelectual de los propios periodistas.
La senadora Carolina Moisés, presidenta de la comisión que inició el tratamiento del proyecto, definió a la inteligencia artificial como un posible «caballo de Troya» para reemplazar trabajo humano. La expresión refleja una inquietud presente en numerosos sectores laborales: que la innovación tecnológica sea utilizada principalmente como herramienta de reducción de costos y no como complemento para fortalecer capacidades profesionales.
El proyecto también incorpora derechos vinculados al teletrabajo, nuevas licencias relacionadas con salud mental y violencia de género, capacitación obligatoria en tecnologías emergentes y la creación de un salario mínimo nacional para la actividad. Son modificaciones que intentan responder a transformaciones concretas del mercado laboral periodístico de las últimas dos décadas.
Más allá de las diferencias partidarias que inevitablemente atravesarán el debate legislativo, la presentación dejó una señal política significativa. La reunión realizada en el Salón Arturo Íllia reunió a senadores de distintos espacios políticos, entre ellos Carolina Moisés, José Mayans, Anabel Fernández Sagasti, Eduardo Vischi, Pablo Cervi, Vilma Bedia, Enzo Fullone, Juan Cruz Godoy, Sandra Mendoza, Guillermo Andrada, Fernando Salino, Beatriz Ávila, Carlos Espínola y Jorge Capitanich. También participaron representantes sindicales de todo el país, entre ellos Carla Gaudensi (Fatpren y Sipreba), María Ana Mandakovic (Cispren), Pablo Jiménez (Asociación de Prensa de Santa Fe) y Diego Miner (Asociación de Periodistas de Corrientes).
El desafío ahora será transformar ese consenso inicial en una ley capaz de equilibrar protección laboral, libertad de expresión e innovación tecnológica. Porque detrás de la discusión sobre un estatuto profesional se esconde una pregunta más amplia: cómo garantizar que el periodismo siga cumpliendo su función democrática en un entorno donde las reglas de producción, circulación y consumo de información están cambiando a una velocidad sin precedentes.
MÁS INFO
La Fatpren reclamó ante la OIT por el Estatuto del Periodista y los ataques contra la prensa
POR ESFERA REDACCIÓN | La discusión sobre la actualización del Estatuto del Periodista Profesional también llegó al plano internacional. En el marco de la Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren) presentó una reclamación contra el Estado argentino por presuntas violaciones a los Convenios 111 y 154, vinculadas tanto a los ataques contra trabajadores de prensa como a la derogación prevista de los estatutos del periodista profesional y del personal administrativo.
La presentación fue encabezada por la secretaria general de Fatpren, Carla Gaudensi, junto al asesor legal Guillermo Gianibelli, representantes de la CGT y especialistas jurídicos de la central obrera. La delegación fue recibida por autoridades del Servicio de Aplicación de Normas de la OIT, ante quienes expuso los fundamentos de la denuncia.
Según la Federación, la derogación de los estatutos —vigentes desde hace más de ochenta años y prevista para fines de 2026 en el marco de la reforma laboral— genera un vacío normativo que afecta derechos fundamentales de los trabajadores de prensa. Entre los puntos señalados figuran la incertidumbre sobre aspectos clave como la estabilidad laboral y la jornada de trabajo, así como el impacto sobre la libertad de expresión y el derecho a la información.
La presentación también sostiene que, desde la sanción de la reforma laboral, algunas empresas periodísticas han utilizado la futura derogación como argumento para dificultar negociaciones colectivas, mientras que la eliminación de protecciones específicas frente al despido arbitrario podría tener efectos sobre el empleo en el sector. Para la Fatpren, la situación no sólo involucra derechos laborales, sino también las condiciones necesarias para el ejercicio independiente de la actividad periodística.
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