Responsables civiles de la dictadura cívico-militar
Civiles de la dictadura es una iniciativa de El Grito del Sur,[1]https://elgritodelsur.com.ar/ el Espacio de la Memoria Virrey Cevallos,[2]https://www.comisionporlamemoria.org/sitiosdememoria/ficha/espacio-para-la-memoria-y-la-promocion-de-los-derechos-humanos-ex-ccdtye-virrey-ceballos/ La Retaguardia [3]https://laretaguardia.com.ar/ y Tierra Roja [4]http://tierraroja.com.ar/ que busca ponerle cara a los responsables civiles de la última dictadura cívico, militar y eclesiástica. Este 24 de marzo, el año en el que se cumplen cuarenta años de recuperación de la democracia, estos medios y el Espacio para la Memoria presentaron la primera entrega de una investigación sobre veinte empresarios que participaron activamente de la represión.
A mediados de marzo, del mes de la memoria, Carlos Pedro Tadeo Blaquier murió. Amo y señor de varios pueblos de Jujuy cuyas poblaciones dependieron del ingenio azucarero epicentro de su poder, socio que aportó al terrorismo de Estado y se valió de él para crecer y acumular, emblema de la pata civil de la última dictadura cívico militar eclesiástica, Blaquier tenía 95 años y murió impune, ayudado por el paso del tiempo y también por quienes deberían haberlo juzgado. A dos semanas de un nuevo aniversario del golpe genocida, en el año en el que se cumplen veinte años de la nulidad de las leyes de impunidad y cuarenta de la restauración de la democracia, su muerte no dice sólo que él ya no está, sino más bien que el terror trajinado que encarnó durante los años de horror sigue (muy) vivo.
Las causas que investigan el comportamiento criminal de civiles vinculados con empresas —dueños o personal jerárquico— durante el golpe de Estado —su participación en secuestros y torturas o el aporte corporativo de recursos y datos para que las patotas de las Fuerzas Armadas y de seguridad los llevaran a cabo, incluso los beneficios que aquellos hechos implicaron para algunas compañías— son tan pocas dentro del universo de expedientes que integran el proceso de juzgamiento de los delitos de lesa humanidad de la última dictadura que ni siquiera vale el porcentaje para destacarlo en una infografía.
Hace dos años que se abren nuevas causas por hechos de este tipo y las novedades que hubo en las existentes fueron impactantes, pero ahí quedaron. Los juicios contra exdirectivos de Acindar y de La Fronterita, que hace un año esperan por fecha; las imputaciones a exdirectivos de las ceramistas Cattaneo y Lozadur, que esperan que la justicia ordinaria las avale o los fallos que duermen en la Cámara Federal de Casación o la Corte Suprema, como el del exgerente de Mercedes Benz o los jerarcas de la Ford, son algunos ejemplos.
Los pocos pasos que han dado las causas fueron gracias a la insistencia del movimiento de derechos humanos, de abogados y abogadas que llevan adelante las querellas particulares y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y, lamentablemente, no fueron definitorios. Hablamos de juicios orales y públicos, sentencias firmes. Porque hay que tener un dato presente: si una persona fue investigada, imputada y procesada por un delito, pero muere antes de que un tribunal confirme su responsabilidad en una sentencia, esa persona será sobreseída en los papeles. «Y la historia se escribe en papeles, ¿no es cierto?», se pregunta una fuente muy cercana a la batalla por que la Justicia asuma la responsabilidad de juzgar al poder económico por su rol en los crímenes de lesa humanidad.
Para contar la complicidad del poder económico con el plan sistemático de exterminio desplegado por las Fuerzas Armadas y de seguridad en el país entre las décadas del 70 y 80 es necesario contar la lucha del movimiento obrero, que comenzó algunos años antes y que empezaba, cuando el terror mostró todos los dientes, a torcerle la mano al poder y a reescribir las reglas de la distribución de la riqueza, y que puso gran parte de les muertes y desaparecides en ese capítulo de nuestra historia. La última dictadura vino a evitar todo aquello: primero fue por les delegades, luego por quienes les escuchaban y sus familias, y por último por varios indiferentes. No vaya a ser cosa que quedara algune sin miedo.
Y contar ambos es una manera de explicar el presente del país porque sirve para saber qué intereses son los que priman por sobre los de la mayoría y quiénes los protegen. Investigar procesalmente la complicidad de empresarios y jerarcas económicos con la última dictadura no es sencillo. Los ejemplos de empresas en las que funcionaron centros clandestinos hay pocos (Ford es una de ellas). Pero el camino para avanzar en la tarea de entender cómo y por qué la desaparición y la neutralización de la clase trabajadora consciente de sus derechos benefició al cordón más concentrado del poder económico local está escrito y puede profundizarse. Lo que falta es voluntad y tiempo.