Preocupación de organizaciones ante los términos del debate público
Un grupo de organizaciones de la sociedad civil presentaron una nota a la Cámara Nacional Electoral para expresar su preocupación ante el tono y el contenido violento de algunos discursos políticos y piezas audiovisuales difundidas en el contexto de la campaña electoral.
Un conjunto de organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la democracia dirigieron el jueves pasado una nota a las autoridades de la Cámara Nacional Electoral, al director Nacional Electoral y a los apoderados de todas las fuerzas políticas que participan en el proceso electoral e integran el Consejo de Seguimiento de las elecciones primarias y generales.
En la nota las organizaciones firmantes solicitan a las autoridades responsables de la gestión y supervisión del proceso eleccionario, que cada uno desde su competencia exhorte a todas las fuerzas políticas a cumplir los términos del Código Nacional Electoral y del Reglamento para el Debate Presidencial, para establecer límites a esta escalada de agresiones y garantizar un intercambio democrático.
A continuación el texto de la nota:
Nos dirigimos a ustedes para expresar que, como organizaciones comprometidas con la democracia, estamos alertadas por el tono y contenido violento de algunos discursos políticos y piezas audiovisuales preparadas por los partidos políticos y difundidas en el contexto de la campaña electoral, donde predominan figuras de aniquilación física y/o política de los adversarios con quienes se compite a través del voto. Como autoridades responsables de la gestión y supervisión del proceso eleccionario, les solicitamos que cada uno desde su espacio exhorte a todas las fuerzas políticas a cumplir los términos del Código Nacional Electoral y del Reglamento para el Debate Presidencial, para establecer límites a esta escalada de agresiones y garantizar un intercambio democrático.
Las elecciones libres, un ritual fundamental de la democracia, se desvirtúan por la imposición creciente de figuras asociadas a la destrucción, la aniquilación, la persecución, la desaparición y el enterramiento del adversario. En actos y spots políticos se ostentan herramientas de alto poder destructivo como motosierras encendidas, autos que atropellan a máxima velocidad y se propone el encarcelamiento dirigido, en una escalada en la que se desdibujan los límites entre metáfora y amenaza.
Hace 40 años, frente a una multitud, un candidato prendió fuego a una corona fúnebre adosada a un ataúd pintado con los colores y la sigla de un partido político al que se oponía. Esta acción fue ampliamente rechazada, porque resultaba antagónica con la disposición mayoritaria de la sociedad de dejar atrás la violencia como parte de la contienda política. A pesar de que con los años se institucionalizaron ciertas reglas para la conducta de las y los candidatos, hoy esta escena sería una más entre la multiplicidad de imágenes que evocan la muerte física o política de los adversarios.
La escalada en los términos violentos del debate electoral no es ajena al contexto discursivo general de los últimos años, en el que se fueron corriendo estos límites y se habilitaron expresiones de crueldad no sólo en relación con adversarios políticos sino con movimientos sociales, sectores vulnerables, periodistas, sindicalistas, empleados públicos, entre otros. Hace solo un año, en medio de la exacerbación de los discursos tuvo lugar el intento de magnicidio contra la Vicepresidenta de la Nación. Evitar las expresiones que presentan la destrucción de otros como deseable es también una forma de contener la violencia social y política.
Por todo esto, de cara a los debates, actos, spots y comunicaciones de campaña por venir, consideramos que las instituciones de la democracia a cargo de la gestión y supervisión del proceso electoral, deben exhortar el cumplimiento de las reglas de conducta, respeto y valores democráticos establecidos en el Código Nacional Electoral y en el Reglamento para el Debate Presidencial, en particular en lo que hace a los Principios Guía de la Conducta entre los/as Candidatos/as. También extendemos esta petición al Consejo de Seguimiento de las elecciones primarias y generales, establecido en el art. 104 de la Ley 26.571, integrado por los apoderados de todas las fuerzas políticas que participan en el proceso electoral, que resulta un espacio estratégico para establecer acuerdos de cumplimiento y un encuadramiento democrático de las campañas en términos generales.
Agradecemos su atención y estamos disponibles para sumarnos a toda instancia que se disponga para mejorar la calidad del intercambio democrático,
Atentamente,
Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ); Amnistía Internacional Argentina; Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels); Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec); Democracia en red; Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA); Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN); Fundación Huésped; Fundación Poder Ciudadano; Fundar; Instituto Auschwitz; Memoria Abierta; Techo Argentina