Poder judicial sin autoridad moral

El Poder Judicial en la Argentina se organizó, en general, como un poder vitalicio y contramayoritario, ya que una vez designado el juez o la jueza no depende del cambio de las mayorías democráticas para continuar en su cargo.

Esa garantía, a la inversa, ha significado que muchas veces las actuaciones de los tribunales favorezcan minorías poderosas, en especial las económicas. Estas minorías pueden hacer prevalecer sus intereses ante la justica precisamente porque el accionar del Poder Judicial no depende de elección alguna.

Mientras tanto, los que integran las mayorías silenciadas, como los pobres, trabajadores, jubilados, indígenas y tantos otros sin poder económico o político muchas veces no encuentran en los tribunales argentinos el reconocimiento a tiempo que les garantice la vigencia efectiva de sus derechos. Ellas son las grandes mayorías desprotegidas judicialmente.

 Aristocracia judicial

A su vez, el poder judicial se integra con modos aristocráticos, dado que solo los/las egresados/as de las facultades de Derecho tienen el acceso total a ocupar de manera integral dicho poder. Poco se ha avanzado en la participación de la ciudadanía, en la tarea de la dinámica de su funcionamiento. Repárese la tardía implementación de los juicios por jurados contemplados en la Constitución nacional desde 1853 o la falta de integración de otras personas que no sean abogados/as en los Consejos de la Magistratura para la selección de jueces o juezas.

Además, y en muchos aspectos, el Poder Judicial ha funcionado y funciona con lógicas monárquicas; por ende, con ciertos privilegios injustos e indebidos en democracia.

Hablamos de modos monárquicos porque en las monarquías los jueces representaban al rey. En consecuencia, eran el monarca y, por ende, no eran iguales a los que les administraban justicia. En una democracia es diferente, ya que el juez o jueza son ciudadanos iguales a quienes, desde la ley les administran sus bienes, honor y libertad.

El perfil monárquico también se evidencia en la colonización de los sentidos, al encontrarse los tribunales, generalmente, en lugares denominados «Palacios de Justicia» y a los máximos tribunales se los llama, a muchos de ellos, como «Cortes».

Impuesto a las ganancias

Entre los privilegios propios de modos monárquicos que subsisten en Argentina podemos señalar que, en general, en nuestro país los jueces no pagan el impuesto a las ganancias.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en 1996, dictó la Acordada N° 20, por la cual «para salvaguardar la independencia judicial», decidió declarar, que no cabía aplicar «el art. 1° de la ley 24631», en cuanto obliga a pagar el impuesto a las ganancias a los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación.

Dada la postura inamovible de la Corte, en el año 2016 —por la ley 27346 vigente— se estableció que deben pagar el Impuesto a las Ganancias los magistrados y funcionarios cuando su nombramiento hubiera ocurrido a partir del año 2017. Lo que dejó en evidencia lo inconsistente del razonamiento que usó la Corte en su Acordada Nº 20 porque, si el pagar el impuesto afecta la independencia de los jueces, quiere decir que los jueces designados después de 2017 que pagan ganancias ¿No son independientes?

Ahora, en el propio Poder Judicial se da una discriminación, ya que hay jueces o juezas que, por igual tarea, cobran distintos sueldos, porque unos pagan el impuesto y otros no.

Actividad insuficiente

Otra ventaja injusta resulta, que los/as magistrados/as en su actividad gozan de todos los feriados nacionales, provinciales y municipales de su sede; días no laborables propios, como el 24 y 30 de diciembre; obviamente, los fines de semanas y, desde el primer día de trabajo, 41 días de vacaciones pagas o ferias al año, (31 días en enero, más diez días en julio, estos últimos, además, en algunos casos, contados como días hábiles, que se extienden a dos semanas de inactividad) ¿Se justifican tanta inactividad? ¿No cabría utilizar la llamada feria de invierno de diez días para realizar tareas internas y poner al día el trabajo de los tribunales?

Asimismo, el horario de funcionamiento al público, en general, no es de ocho horas, sino de seis o menos.

Partido Judicial y la inseguridad jurídica

Después, con el tiempo, ha salido a la luz una lógica mafiosa en la que aparece el llamado «Partido Judicial», expresión que alude al funcionamiento basado en un maridaje entre importantes intereses económicos-financieros, grandes medios monopólicos u oligopólicos de comunicación y ciertos sectores claves del poder político y el poder judicial.

Así, posverdades mediante, se pudo dar sustento mediático al lawfare (guerra judicial). La batalla es asimétrica, en la que las partes intervinientes, en acuerdos mafiosos, tienen prácticamente la totalidad del poder real, ya que suman el poder económico y político, los grandes medios de difusión cómplices y el control sobre sectores claves de mucha importancia en los tribunales.  

Esta realidad de inseguridad jurídica, se evidencia en el país, por ejemplo, en la causa llamada «Vialidad», en la que se inculpa injustamente, sin pruebas concretas que le incriminen, a la expresidenta Cristina Fernández, en una sentencia de 1534 hojas, hecha para no ser leída, ya que la mejor manera de ocultar algo es hacerlo de difícil lectura.

Este maridaje opera en beneficio de grandes intereses, contrarios a lo que es justo según la ley y al bien común de personas y de nuestro pueblo en general.

Cabezas de poder captadas políticamente

Lamentablemente, en temas de interés nacional, la cabeza del Poder Judicial en los tribunales básicos opera captado partidariamente y se avanza en ello. Tan es así que el presidente Javier Milei propone cubrir las dos vacantes en la Corte Suprema de la Nación con dos hombres de su confianza, pero sin el acuerdo del Senado. Como son resistidos políticamente, pretende llevarlos al sitial de magistrados inconstitucionalmente «en comisión». A su vez, en ello no respeta la necesaria presencia de la mujer en el máximo tribunal del país que, quedará integrado por cinco hombres y ninguna mujer.

A lo sostenido, cabe agregar que hay una gran demora en cubrir las vacantes existentes de jueces y es urgente reformar el funcionamiento y organización de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Autoridad moral

La tarea del juez en democracia, si bien se debe basar en la ley, únicamente se puede ejercer de manera adecuada si está fundada en la «autoridad moral» de quien aplica la norma. Son los jueces los que, para tener fuerza moral, deben dar el ejemplo. La sociedad no sólo le reclama al Poder Judicial que trabaje en la búsqueda de la verdad y la justicia desde la norma; también reclama que pueda exigir a los demás lo que está dispuesto a exigirse a sí mismo.

Existen, aproximadamente, cinco mil magistrados y magistradas de todas las instancias y fueros en el país. Mas, lamentablemente, en este período democrático, si bien hay muchos jueces y juezas que merecen el máximo respeto en su tarea, no se ha logrado, integralmente, superar un Poder Judicial que ha operado, en muchas situaciones, como impiadoso con los débiles y genuflexo con los poderosos.