Nuevo documento de la CCD por una comunicación plural, federal y democrática
Con motivo de cumplirse este 27 de agosto veinte años de la presentación de los 21 Puntos Básicos por el Derecho a la Comunicación, la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD) emitió un pronunciamiento —aprobado en el plenario realizado este jueves en la sede de la Fatpren y el Sipreba— en el que actualiza en forma propositiva la agenda de políticas públicas para los escenarios del presente, donde las plataformas digitales actúan como reguladoras del discurso público y el Gobierno nacional avanza a contramano de las normas democráticas desmantelando los medios públicos y las instituciones de fomento sectorial.
Los 21 Puntos de la Coalición es una declaración de principios para la adopción de una nueva legislación sobre la radiodifusión en la Argentina firmada por más mil organizaciones y académicos de la comunicación movilizados para reemplazar a la Ley de Radiodifusión 22285, obra de la última dictadura cívico-militar. Es la síntesis del encuentro entre prácticas, concepciones y organizaciones gremiales, comunitarias, populares y de sectores diversos para organizar tareas y poner en debate el encuadre político y regulatorio de la comunicación. Pero hoy, dos décadas después, hay nuevos escenarios y nuevas prácticas, hay actores que necesitan actualizar las agendas y las pautas programáticas para continuar la lucha en un tiempo ciertamente difícil en lo político, en lo económico, en lo cultural y en lo social. Es el tiempo de una nueva síntesis. «Hace veinte años luchamos con la rémora oscurantista de la dictadura. Hoy nos desafía el mundo líquido de las redes, las plataformas y el avance de la inteligencia artificial sobre el trabajo, las profesiones y los contenidos. Hoy hay un nuevo sujeto social, político y cultural que reclama nuevas agendas y mecanismos de representación», expresa la Coalición en su documento. Y esta realidad se enmarca en un tiempo político en que el Gobierno nacional avanza a contramano de las normas democráticas, procediendo por decreto al desmantelamiento de los medios públicos y las instituciones de fomento sectorial.
Por una comunicación plural, federal y democrática es el título del documento con el que la Coalición, en tanto organización multisectorial, renueva el compromiso para generar debate e incidencia, como sucedió con el aporte de los 21 Puntos, base conceptual de Ley 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual.
A continuación, se transcribe el texto completo del documento:
Hace veinte años lanzamos un colectivo multisectorial y federal destinado a democratizar la palabra y dejar atrás las normas de la dictadura militar en materia de medios de comunicación social. Propusimos entonces una agenda para equilibrar las voces en los medios audiovisuales (radio y televisión), limitar la concentración, promover nuevos actores y fomentar la producción nacional informativa y cultural.
La plataforma de 21 Puntos de la Coalición por una Radiodifusión Democrática se debatió en foros en todo el país y se convirtió en ley en 2009 con el acompañamiento de las mayorías populares, de legisladores de diversos partidos y el compromiso de la máxima autoridad del PEN, entonces a cargo de Cristina Fernández de Kirchner.
Se trató de una norma respetuosa de los estándares internacionales sobre libertad de expresión, condición que le valió el reconocimiento mundial y un fallo de plena constitucionalidad por parte de la Corte Suprema de Justicia en 2013. Su articulado creó una Comisión Bicameral parlamentaria, una Defensoría del Público, en representación de las audiencias, y un Consejo Federal multisectorial.
Sin embargo su aplicación careció de políticas acertadas y su implementación fue sistemáticamente saboteada por una justicia complaciente con los poderes económicos y mediáticos. Diversas maniobras judiciales impidieron la adecuación legal en los medios con posición dominante de mercado hasta que el gobierno elegido en 2015 inició su desmantelamiento por decreto.
Los órganos de control fueron entregados al gobierno de turno, se impuso un régimen de mayor concentración de mercado, pérdida del federalismo y desconocimiento de la comunicación como derecho humano, que no fue modificado por el turno gubernamental desarrollado entre 2019 y 2023.
La gestión actual agravó, mediante el abuso de decretos y facultades extraordinarias, la desprotección de los derechos ciudadanos. El crecimiento de la pobreza, a más del 55 % en apenas seis meses y la recesión económica, fueron acompañados por agresiones a la prensa con amenazas, causas judiciales, insultos a periodistas y cierres de medios, en un ataque inédito sobre los derechos de las y los trabajadores de la comunicación. Las políticas del gobierno contra los trabajadores se expresan además en la pérdida del poder adquisitivo del salario, la destrucción del empleo y el ataque a sus organizaciones sindicales.
El gobierno de LLA avanzó a contramano de las normas democráticas desmantelando por decreto a los medios públicos e instituciones de fomento sectorial. También intervino los órganos reguladores de la convergencia comunicacional y la Defensoría del Público de Servicios Audiovisuales, avasallando las competencias de ambas cámaras del Congreso Nacional en su gestión y conducción. El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Radio y Televisión Argentina (RTA) y los medios públicos están sometidos a un ajuste salvaje y a la pérdida de sus funciones legales. En el caso de la agencia Télam han clausurado el servicio informativo, mientras la programación regional de Radio Nacional es reemplazada por conferencias del vocero presidencial y contenido porteño. Existe un verdadero apagón informativo, que cuenta con el silencio cómplice de medios que antes reclamaban por un sistema público sin injerencia gubernamental.
Los fondos legalmente creados para la promoción del cine nacional, el teatro argentino, la música independiente, el sistema de medios comunitarios e indígenas, así como para la conectividad a internet en zonas con vulnerabilidad social o geográfica, están pisados. El uso discrecional de la pauta afecta la sostenibilidad de medios pymes, comunitarios, universitarios y cooperativos. Todo ello ha creado un estado de emergencia informativa y cultural que afecta la calidad de la democracia.
Hace veinte años luchamos con la rémora oscurantista de la dictadura. Hoy nos desafía el mundo virtualizado de las redes, las plataformas y el avance de la Inteligencia Artificial sobre el trabajo, las profesiones y los contenidos. Un nuevo sujeto social, político y cultural reclama nuevas agendas inclusivas, mecanismos de representación y un nuevo modelo comunicacional.
Por ello, la CCD reclama, a veinte años de su creación, los siguientes puntos:
-Cese inmediato de las intervenciones en los medios públicos, Enacom y la Defensoría del Público para su reemplazo por las autoridades legalmente previstas en las normas que regulan el sector.
-Restablecimiento del pleno funcionamiento y control de los fondos de fomento sectorial creados por ley, con financiamiento específico para medios comunitarios e indígenas, el cine, la música independiente, la cultura y el acceso al mundo digital.
-Respeto al federalismo informativo mediante el cumplimiento de las cuotas de producción local y nacional, el restablecimiento de Télam como agencia federal informativa, de las delegaciones de Enacom en todo el país y la devolución de los contenidos locales a las emisoras de Radio Nacional .
-Sanción de una ley de publicidad oficial que termine con la discrecionalidad de fondos reservados para grupos “amigos” y el congelamiento a los medios independientes. La ley deberá tener como finalidad tanto la obligación de informar los actos de gobierno como el apoyo a un sistema independiente, público y privado, que garantice el pluralismo informativo.
-Actualización y modernización de las leyes 26522 y 27078 para contar con un marco regulatorio que extienda los servicios del mundo digital en el campo social y geográfico, creando condiciones de equidad fiscal y fomento para las producciones nacionales con sentido soberano frente a las plataformas globales que hoy dominan la deliberación pública y la circulación de bienes y servicios culturales.
-Programa de salvataje de las MiPymes periodísticas gráficas que, por la desregulación del precio del papel para diario debieron ir discontinuando sus ediciones o directamente dejarlas de imprimir, afectando así la libertad de prensa y la información local.
-Pleno funcionamiento del Fondo de Servicio Universal conjuntamente con la defensa de la empresa argentina de satélites (Arsat) para el mayor despliegue de la red de fibra óptica con sentido federal así como el desarrollo de la soberanía científica y tecnológica en el campo de las tecnologías de la información y la comunicación.
-Implementación de una política nacional de Alfabetización Mediática e informacional que permita el uso crítico y reflexivo de las nuevas tecnologías de la información, la protección de datos personales y el amparo de las infancias y sectores vulnerables. Ampliación de las facultades de la Defensoría del Público para representar a las audiencias y usuarios digitales como sujetos de derecho.
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