México: El Senado aprobó la Ley de Telecomunicaciones

Con 77 votos a favor y treinta en contra, el Senado de México aprobó el sábado por la noche la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, remitiendo el proyecto a la Cámara de Diputados para su revisión final. La reforma contó con el respaldo de la coalición de Morena, Partido del Trabajo y PVEM, al que se sumó el apoyo de Movimiento Ciudadano. La oposición se limitó a las bancadas del PRI y el PAN.

El oficialismo celebró el enfoque social del dictamen, ya que sitúa entre sus objetivos centrales garantizar el acceso a Internet de banda ancha en zonas marginadas, beneficiando a más de quince millones de mexicanos. También fortalece la operación de medios comunitarios, incluyendo aquellos servicios operados por pueblos indígenas y afromexicanos. Dichos medios podrán acceder al espectro radioeléctrico, vender publicidad y recibir financiamiento público.

La reforma fortalece los derechos de las audiencias, imponiendo a los concesionarios la obligación de contar con su propia defensoría de audiencias, mecanismo que permitirá atender quejas por desinformación o calumnias. A su vez, los medios estarán obligados a contar con códigos de ética y a diferenciar claramente entre contenidos informativos y de opinión.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Además, se logra redefinir el marco legal para la propaganda de gobiernos extranjeros, la mecha que detonó el proyecto de reforma, por los anuncios de Kristi Noem, titular del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Bajo la nueva ley, se permite difundir solo contenidos de carácter cultural, turístico o deportivo, y permitiendo sancionar la publicidad extranjera que incumpla dichas reglas.

Otro cambio previsto en el proyecto es la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y su sustitución por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).

Este organismo asumirá las funciones de regular y promover la conectividad digital, administrar el espectro radioeléctrico, coordinar la identidad digital y garantizar el acceso equitativo a las tecnologías de la información en todo el país. Para moderar la autoridad de la ATDT se crea la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), un órgano desconcentrado con autonomía técnica y operativa, integrado por cinco comisionados, cuya labor deberá ser pública y transparente. Los comisionados serán propuestos por el Ejecutivo y ratificados por el Senado

Entre otros puntos destacables, se aprobó una reserva que hace obligatorio el control de precios de equipos móviles, con la supervisión de la CRT. Los servicios y equipos deberán estar adaptados para que personas con discapacidad puedan hacer uso de ellos.

Puntos de debate

El dictamen originalmente incluía el artículo 109, el cual facultaba al Gobierno para bloquear temporalmente plataformas digitales. Tras intensas protestas de la oposición, dicho artículo fue eliminado.

A pesar de los ajustes, la oposición sigue manifestando sus críticas acerca de la facultad de la Secretaría de Gobernación y de la ATDT para suspender transmisiones de radio o televisión que infrinjan los derechos de las audiencias, no solo de las infantiles, como dicta la legislación vigente, sino audiencias en general.

Según el PRI y el PAN, otro posible uso de la ley como instrumento de control, vigilancia y censura es el acceso a la información electrónica de algún usuario sin orden judicial de por medio. La nueva Ley de Telecomunicaciones exige que todas las líneas de telefonía móvil (prepago y pospago) estén asociadas a un usuario con datos oficiales. Es decir, el usuario deberá presentar, al momento de activar una línea, identificación oficial, y las operadoras deberán inhabilitar cualquier línea que no tenga este registro dentro de un plazo de hasta 120 días hábiles.

Las operadoras estarán obligadas a guardar metadatos (llamadas, mensajes, duración, origen, destino) hasta por dos años, y las autoridades competentes —fiscalías, policía, ejército— podrán acceder a esa información, presuntamente sin que haya necesidad de una orden judicial. Las operadores deberán permitir la consulta y entrega en tiempo real de la geolocalización exacta del dispositivo, así como el registro detallado de comunicaciones.

Luego de que la votación fuera suspendida en abril por petición de la presidenta Sheinbaum, el proceso incluyó cinco conversatorios públicos en mayo, donde se tomaron en cuenta diversas voces de expertos, concesionarios y la sociedad civil antes de someter la legislación a un nuevo proceso de votación.

Aprobado en lo particular y general por el Senado, el dictamen fue girado a la Cámara de Diputados, que tiene hasta el 2 de julio para analizarlo. Allí se espera que los temas más polémicos sean nuevamente objeto de debate.

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