Las plataformas todopoderosas
Martín Becerra, investigador en medios de comunicación, plantea que hoy es mucho mayor la posibilidad de crear contenidos pero que su distribución está concentrada.
«Las grandes compañías de Internet actúan como reguladoras del discurso público, según lineamientos de conductas corporativas», describió Martín Becerra, especialista en medios de comunicación e industrias culturales y agregó: «Esas decisiones, vistas desde el derecho a la comunicación y libertad de expresión, son problemáticas por varios aspectos». El investigador se centró observar el estado de situación de lo que llamó Internet plataformizada durante su participación en el Congreso Nacional e Internacional sobre Democracia que se realizó en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, donde aprovechó para hacer un análisis del estado de las comunicaciones digitales.
Becerra marcó que el primer punto a tener en cuenta es la discrecionalidad, porque en general, las decisiones de las plataformas y grandes motores de búsqueda no son aplicadas de maneras estandarizadas ni sistemáticas para todos los casos. En segunda medida, el nivel de opacidad ya que no dan explicaciones ni abundan en detalles sobre el motivo por el cual toman una decisión determinada por sobre otra. Y por último, el grado de autonomía frente a otros actores como el Estado u organizaciones de la sociedad civil, mucho mayor que los márgenes de autonomía que gozaron otros actores corporativos en fases anteriores del desarrollo de las comunicaciones.
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«No soy nada original al decir que las empresas disfrutan de un poder global sin antecedentes, además como sabemos, sus decisiones no respetan ningún tipo de mecanismo de apelación. Es decir, si una persona u organización se siente perjudicada por las decisiones de una plataforma, se encuentra que la forma de apelar no existe o es confusa y engorrosa», comentó.
Por lo tanto, un número reducido de actores corporativos ejerce un poder supranacional a partir de lineamientos propios, «vagamente asentados» en ideas convencionales sobre la libertad de expresión de la legislación estadounidense. Además estos son aplicados por las distintas plataformas de maneras muy dispares y son «crecientemente cuestionados por los poderes públicos y civiles de ese país».
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En este sentido, el investigador marcó que la libertad de expresión asentada en principios de liberalismo moderno, especialmente en la noción de mercado de ideas como principio rector, es insuficiente para definir lo que se entiende como comunicación democrática, de acuerdo al paradigma consensuado a partir de la Declaración de Derechos Humanos del año 1948. «La expresión de una voz más poderosa, sea del mercado o Estado, que limita la intervención de otros actores, produce fenómenos contra democráticos que atentan contra derechos fundamentales, como son el derecho a la vida, a la no discriminación, a la privacidad, a la protección de datos. Los problemas para pensar la comunicación no disminuyen, o sea que discutimos fuertemente la idea de que más comunicación, más expresión, equivale a una mejor democracia».
