La autocensura se expande en América y erosiona la libertad de prensa, advierte la CIDH
El relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dependiente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Pedro Vaca Villarreal, alertó en diálogo con la agencia EFE que la autocensura atraviesa hoy a las redacciones del continente, circunstancia que configura un ambiente hostil para el periodismo, con países donde la represión estatal y la estigmatización del oficio profundizan el deterioro democrático.
El relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Pedro Vaca Villarreal, advirtió que la autocensura se ha convertido en una atmósfera extendida en el periodismo americano, impulsada por la estigmatización, la represión estatal y la falta de garantías democráticas. Casos graves como Nicaragua, Cuba y Venezuela muestran un deterioro profundo, mientras en el resto del continente persisten amenazas judiciales, hostilidad política y contextos inseguros para ejercer el oficio. Según Vaca, hoy resulta difícil encontrar países con garantías sólidas para la libertad de prensa, y el vínculo entre poder y medios se ha degradado al punto de que atacar a la prensa otorga réditos políticos, debilitando el debate público. América, dijo, es un continente donde «todos los países tienen serios desafíos para garantizar la libertad de prensa».
«La autocensura es como el aire que se empieza a respirar colectivamente», resumió Vaca, quien ocupa el cargo desde 2020 y el jueves 13/11 participó en Panamá de un encuentro sobre excelencia periodística en el marco del Proyecto de fomento de medios independientes y lucha contra la desinformación, financiado por la Unión Europea (UE) en varios países de la región.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH advierte que la autocensura se ha vuelto una atmósfera dominante en el periodismo del continente. La combinación de estigmatización oficial, amenazas, hostigamiento y contextos democráticos deteriorados genera un clima en el que muchos periodistas calibran no solo los riesgos profesionales, sino también los personales y familiares.
A su juicio, uno de los principales problemas para dimensionar la magnitud del fenómeno es que, a diferencia de otros indicadores, la autocensura no puede medirse de forma directa. «Hay cosas que se pueden medir: número de estigmatizaciones, amenazas, periodistas asesinados, disminución de la publicidad oficial, aumento de demandas judiciales. ¿Pero cómo medir una atmósfera en la que la prensa no se siente tranquila para hablar, teme por su familia o se pregunta si este reportaje puede costarle el exilio?», plantea el funcionario de la CIDH. «Esas son las preguntas que se hace la prensa en buena parte de la región», añade.
América, un continente con pocas excepciones
Sin aludir a un país en particular, las denuncias incluidas en el último informe anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, elaborado bajo su mandato, resultan elocuentes. Documentan situaciones especialmente graves en Nicaragua, Cuba y Venezuela, donde —según el texto— «se ha producido una erosión completa del sistema democrático». Allí se registraron prácticas represivas como detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, allanamientos, hostigamiento policial, bloqueos de internet y cierre de medios independientes.
Estas acciones, indica el informe, generaron «un clima de autocensura y temor generalizado» entre periodistas que permanecen en sus países y también entre quienes debieron exiliarse, muchos de los cuales «siguen enfrentando represión y autocensura incluso fuera de sus territorios». La Relatoría dedica especial atención al caso de Nicaragua, marcado por detenciones, expulsiones y privaciones arbitrarias de la nacionalidad.
También se mencionan los casos de El Salvador —donde periodistas y organizaciones civiles describen un entorno cada vez más hostil— y de Estados Unidos, país históricamente considerado un referente en la protección de este derecho, pero que hoy preocupa a la Relatoría por retrocesos en la materia.
Según explica Vaca, resulta «muy difícil» identificar «buenos ejemplos en la región», lo que considera revelador del momento crítico que atraviesa América. «Mi oficina solía destacar algunos Estados como más resilientes. Hoy me cuesta mucho escoger un muy buen ejemplo. Creo que todos los países tienen serios desafíos para garantizar la libertad de prensa», remarca.
Según el relator Pedro Vaca, el vínculo entre poder político y prensa atraviesa una degradación profunda: atacar a los medios se ha convertido en una estrategia con rentabilidad política y efectos corrosivos sobre el debate público. En varios países, el uso del derecho penal, la represión estatal y la ausencia de garantías mínimas consolidan un escenario cada vez más adverso para la libertad de expresión.
Para el relator, la situación «está claramente peor» que cuando inició su mandato. El continente sigue siendo uno de los lugares más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, dado que persiste una aproximación «muy estigmatizante» del poder público hacia la prensa y, además, subsisten países donde «básicamente no hay Estado de derecho» y los periodistas carecen de «la más mínima garantía».
La región, afirma, combina «espacios muy cerrados para la prensa y democracias resilientes», pero aun así considera arriesgado afirmar que algún país tenga «plenamente garantizada» la libertad de expresión, con apenas contadas excepciones —que menciona tras ser consultado— como Canadá o Uruguay.
Ataques judiciales y ofensivas desde el poder político
Vaca señala además que «la cárcel vuelve a ser un lugar para periodistas», y destaca el caso emblemático de José Rubén Zamora en Guatemala, agravado por la incertidumbre respecto del desenlace judicial. «No solo para periodistas, sino también para defensores de derechos humanos y operadores de justicia, el derecho penal es hoy el arma más afilada del Estado», afirma.
Parte de la problemática, apunta, está relacionada con un cambio profundo en el vínculo entre autoridades y prensa. Si antes prevalecía cierta deferencia motivada por el temor a lo que pudiera revelarse sobre los liderazgos políticos, hoy se observa lo contrario: atacar a la prensa desde posiciones de poder se ha convertido en una estrategia que genera rentabilidad política.
«La libertad de prensa depende de la tolerancia del poder público a la crítica. Si el poder se vuelve alérgico a ella o considera que toda crítica es desinformación, y además busca reemplazarla con contenidos sin estándares de verificación, pero con rasgos de propaganda, el debate público se deteriora», advierte Vaca.
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