El Gobierno nacional profundiza la deriva autoritaria contra la libertad de expresión
El Ministerio de Capital Humano envió cartas documento a medios y periodistas para exigir retractaciones por informaciones que considera inexactas. La medida, presentada oficialmente como un mecanismo legal de rectificación, generó lecturas críticas en el sistema mediático y reavivó el debate sobre la relación entre el Estado y la prensa crítica.
Durante los últimos días de diciembre, el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, comenzó a enviar cartas documento a distintos medios de comunicación y periodistas para exigir retractaciones formales por publicaciones que la cartera considera «informaciones inexactas o tergiversadas». La iniciativa fue confirmada a través de un comunicado oficial, en el que se sostuvo que el procedimiento busca garantizar que la información difundida sea «veraz, completa y ajustada a los hechos».
Desde el Ministerio señalaron que el envío de cartas documento se enmarca en los instrumentos legales disponibles para solicitar aclaraciones o rectificaciones y remarcaron que la medida no tiene no busca «restringir la libertad de expresión, sino asegurar un debate público basado en datos objetivos y verificables». Según la explicación oficial, se trata de un recurso destinado a corregir datos que, a juicio de esa cartera, no reflejan adecuadamente la gestión ni las decisiones adoptadas en el área de políticas sociales, laborales y educativas.
El episodio se produce en un contexto de relación tensa entre el Gobierno nacional y parte del periodismo. A lo largo de 2025, distintos comunicadores fueron objeto de denuncias judiciales impulsadas por el presidente Javier Milei, quien cuestionó públicamente coberturas y expresiones periodísticas que consideró falsas u ofensivas. En ese marco, el envío de cartas documento por parte de un ministerio nacional se suma a una secuencia de acciones que mantienen en primer plano el vínculo entre el poder político y los medios.
Desde otra mirada, Tiempo Argentino interpretó la decisión del Ministerio de Capital Humano como parte de una ofensiva más amplia contra el periodismo crítico, y no sólo como un reclamo técnico por errores puntuales. «Mediante el envío de cartas documento, la cartera oficial busca forzar la retractación de periodistas y medios, alegando una supuesta “desinformación” que, curiosamente, solo parece manifestarse cuando las investigaciones no favorecen el relato oficial», afirma Tiempo.
El comunicado del Ministerio —añade este medio— intenta disfrazar este acto de amedrentamiento como un ejercicio de «transparencia». Y señala que el uso del aparato estatal para perseguir legalmente a quienes cuestionan la gestión de Pettovello revela una vocación de disciplinamiento ajena a los estándares democráticos. En tal sentido, concluye que «La pretensión de que el Estado sea el único árbitro de lo que es “verificable” es, en esencia, un intento por imponer una verdad oficial incuestionable y asfixiar el debate público».
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