Dilemas de la regulación digital
Los responsables de WhatsApp advirtieron que la plataforma de mensajes puede dejar de operar en Gran Bretaña.
WhatsApp amenaza con su posible desaparición del Reino Unido. La advertencia de que un medio o servicio de comunicación podría desaparecer si determinada norma legal es adoptada tras arduos debates parlamentarios ha sido usada recientemente en campañas de publicidad de Google en Brasil contra el proyecto de ley de regulación de plataformas digitales (PL 2630), y por Google y Facebook en Canadá y Australia. En la Argentina aún se recuerdan las dramáticas piezas de marketing que el Grupo Clarín difundía contra el entonces proyecto de ley audiovisual advirtiendo que su señal de noticias opinadas, TN, iba a desaparecer (spoiler: la ley fue aprobada por el Congreso Nacional en 2009 y ratificada por la Corte Suprema de Justicia en 2013 y, hasta diciembre de 2015, cuando los artículos anticoncentración fueron derogados por decreto, TN no solo no desapareció sino que creció en audiencia).
Ahora toca el Reino Unido, donde el Gobierno conservador acelera el tratamiento del proyecto de ley de «seguridad en línea» («online safety Bill») que busca imponer a las grandes plataformas un «deber de cuidado» para proteger a la población vulnerable. Allí, los responsables de WhatsApp (del Grupo Meta, junto a Facebook e Instagram) aseguran que la red de mensajería del conglomerado liderado por Mark Zuckerberg desaparecería si el proyecto se aprueba tal y como hoy está redactado.
El ideal de la protección
Se trata de una iniciativa que cuenta con importantes consensos entre legisladores conservadores y laboristas y que carga obligaciones a las compañías dueñas de las redes sociodigitales en contenidos de abuso sexual infantil, de promoción de daño a la salud (como la difusión de métodos de autolesión o trastornos alimentarios) y de combate al terrorismo. Además, el ideal que plantea es proteger a niñas, niños y adolescentes de material inapropiado para su edad. La multa económica prevista para las plataformas que no cumplan la ley asciende hasta el 10% de la facturación global, pero, además, los ejecutivos de las compañías podrían ir presos ante incumplimientos graves. El organismo estatal encargado de aplicar la norma será la OfCom.
