Deuda externa, colonialismo legal y extorsión moral
Bajo el disfraz de la transparencia y la moral financiera, se consolida un sistema que priva a los pueblos de su soberanía y protege a los poderosos. La usura, los paraísos fiscales y los tribunales extranjeros se combinan para legitimar deudas ilegítimas y lavar dinero sucio, mientras los organismos internacionales exigen recortes y sacrificios. En ese entramado, el FMI goza de inmunidad, la justicia nacional permanece cómplice y el gobierno de Javier Milei impulsa políticas que legalizan la evasión y subordinan al país a una nueva forma de colonización económica.
Hay que tener presente, como esencial y fundamental, que el derecho básico que asiste a nuestro pueblo se nutre de los derechos humanos, que hacen a su dignidad y desde el cual hay que plantear la discusión jurídica, principalmente, en materia de deudas públicas. Mas, no podemos dejar de advertir que, en nuestro país, las bases jurídicas concretas están colonizadas en su dinámica y en su estructura de aplicación.
Dinámica tramposa
Siempre se exige que nuestros Estados deben ser transparentes y no corruptos, con lo que estamos de acuerdo. Sin embargo, los poderosos financistas prestamistas que a ello obligan se cuidan mucho de no ser ellos transparentes al tiempo de negociar y concretar o reclamar deudas públicas. Todos los acuerdos de deuda externa tienen cláusulas de secretismo y otorgan impunidad de todo tipo.
Delitos de usura y encubrimiento por receptación
El delito de usura, que se configura con los enormes intereses que se obligan a pagar en más de una deuda, ha desarrollado una verdadera tolerancia social.
Asimismo, el propio sistema financiero corrupto genera y fomenta los mal llamados «paraísos fiscales», palabra propia de la colonización semántica, ya que esos lugares no tienen nada de angelicales, ni de ser un paraíso, porque son verdaderas cuevas piratas de dineros producto, en gran medida, de hechos delictivos de distintos tipos. Esas cuevas, ayudan a retroalimentar el sistema de corrupción, blanqueo de dinero sucio, proveniente de evasiones fiscales, del narcotráfico, de las mafias, de préstamos usurarios, etc. En gran medida, los casos que se dan en esos lugares configura el delito de encubrimiento por receptación. Delito este que nunca se ataca o condena. Pero ello sirve para que, el movimiento financiero se retroalimente con un dinero ilegal barato, al que le dan guarida y protección. Más, a su vez, los mismos que dan esos refugios se ponen el disfraz de éticos y piden que el Estado deudor ajuste, que no gaste tanto en planes sociales, que rebaje las jubilaciones y los sueldos, que despida empleados públicos, no invierta en salud y en educación y que elimine inversiones necesarias, para, de esa manera, lograr que se paguen los reclamos de deudas odiosas, ilegales, usurarias o írritas.
Un país como EE. UU. —que nos exige cumplimientos como una actitud moral— tiene, sin embargo, cuevas piratas en Delaware, Wisconsin, Nevada, Florida, Alaska, Tennessee, Texas, New Hampshire, Washington, Wyoming, Dakota del Sur e Islas Vírgenes Estadounidenses.
Simultáneamente, se nos obliga o aceptamos resignar nuestros tribunales y someternos a seudotribunales administrativos, creados por los intereses de los prestamistas, tal es el caso del CIADI, que significa Convenio Internacional sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados, del Grupo del Banco Mundial. En este aspecto, la Ley 27742 Bases del 08/07/2024 contempla, dentro del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), que se pueda optar por acudir al CIADI en caso de controversia, evitando la jurisdicción argentina, (art. 124 inc. d).
También, se suele resignar la jurisdicción nacional en tribunales extranjeros para resolver sobre nuestras deudas, incluso, en juzgados muy inferiores, como para someter a un Estado. Así, un juez de menor cuantía de Nueva York, como el juez Thomas Griesa, nos hizo arrodillar como país ante fondos buitres y sus requerimientos abusivos. De igual manera, ahora, la jueza Loretta Preska, a cargo del Segundo Circuito de Nueva York, adopta medidas inaceptables en el juicio por la expropiación de YPF.
¿No importa que el dinero sea sucio?
El propio presidente Javier Milei, al detallar el plan para permitir el uso libre de los dólares que los argentinos tienen fuera del sistema, ha justificado la evasión fiscal. Lo definió como una «revolución monetaria» y afirmó que no se pedirá justificación sobre el origen del dinero: «A mí no me importa de dónde sacó los dólares», quienes guardaron dólares no son delincuentes sino «héroes» que escaparon de un Estado opresor. Desde esa óptica, legalizó dineros provenientes de corrupción, narcotráfico, extorsiones, lavado de dinero, etc. Eso sí, guarda coherencia con su afirmación de que «quiere más a la mafia que al Estado».
Inmunidad soberana al FMI
El Fondo Monetario Internacional (FMI) tiene más inmunidades que un país soberano, sus funcionarios gozan de inmunidad respecto de todos los instrumentos que suscriben y, además, a sus archivos no se pueden acceder ni con medidas judiciales. Mientras tanto, no hay inmunidad soberana para los Estados que se presiona por deudas externas.
A su vez, tal es la injerencia del FMI en la política de Argentina que, por estos días, la directora Kristalina Georgieva llegó a decir —sin pudor y buscando condicionar al país— que es necesario tomar medidas valientes y el electorado acompañarlas. Se refería nada menos a recortar pensiones y salarios en un 40 % o 50 %.
Poder Judicial colonizado
Resulta inútil acudir a reclamar al Poder Judicial en Argentina por delitos graves o ilegalidades con motivo de los préstamos ilegítimos. Baste recordar, por ejemplo, el fallo del juez Jorge Ballestero, dictado en junio de 2000, en la causa conocida con el nombre de su impulsor Alejandro Olmos, en la que se investigó el proceso de endeudamiento del país durante la última dictadura militar. En dicha causa judicial, que duró 18 años, en la sentencia se estableció que se cometieron 477 delitos por parte del Ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz y su equipo. Pero la moraleja ha sido deprimente ya que, no obstante demostrarse la gran culpabilidad de los delincuentes, el juez sobreseyó a todos los responsables por prescripción. El juez Ballestero podría haber suspendido el cómputo de la prescripción, tomando antes medidas impulsoras contra los que cometieron delito para evitar que prescribieran los delitos. Una justicia tardía, ineficiente y cómplice por omisión.
Extorsión moral
A lo sostenido, hay que agregar que la deuda externa que está tomando Javier Milei con el Tesoro de EE. UU., no sólo es un aporte a la campaña electoral del presidente que, por ser una deuda odiosa e ilegítima, no podemos aceptar que la pague el pueblo. Sin embargo, también se dice que se exigirá que los montos principalmente se destinen al pago de la deuda externa y, a su vez, ha trascendido que se insta a que se limiten los salarios y jubilaciones y se reduzca el gasto público, entre otros condicionamientos. Pero, además, el presidente Donald Trump dice, en lo que hace al futuro de la deuda y su peso sobre los argentinos, que «si no gana Milei, no perderemos el tiempo, por lo que no seremos generosos con Argentina». Afirmación que es de particular gravedad; o sea, se nos exigirá pagar la deuda odiosa y más cara si pierde Milei. Es una extorsión moral al país y una intromisión directa con las decisiones soberana del pueblo. Sin embargo, el presidente Trump como Milei se jactan de ser democráticos porque aman la «libertad», pero luego condicionan la libre elección del pueblo, amenazándolo y condenando su futuro. Inaceptable e ilegal.
Miguel Rodríguez Villafañe
Abogado constitucionalista cordobés, exjuez federal de Córdoba, especialista en Derecho de la Información y periodista de opinión. Vocal de la Comisión Directiva de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Córdoba.
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