Anteproyecto de modernización laboral: El artículo oculto que desarma el financiamiento del pluralismo audiovisual
El anteproyecto de «modernización laboral» incluye una cláusula poco visible —el artículo 182— que deroga el Título V de la Ley 26522 y parte del artículo 136. La modificación elimina el gravamen que sostiene la arquitectura del pluralismo audiovisual, afectando a medios públicos, comunitarios y organismos culturales como Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), el Instituto Nacional del Teatro (INT) y el Instituto Nacional de la Música (Inamu).
Según el hilo publicado en X por Juan Delú, titular del Foro Argentino de Radios Comunitarias (Farco), el anteproyecto de «modernización laboral», que circula en ámbitos legislativos incorpora, entre sus disposiciones finales, un artículo de alto impacto institucional: el 182, que deroga en bloque el Título V de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) —los artículos 94 a 103— así como el inciso a) del artículo 136.
Este punto, señalado por Delú como «casi oculto» dentro del texto, elimina la principal fuente de financiamiento específico del sistema audiovisual argentino: el gravamen que alimenta a distintos organismos y programas estratégicos para la diversidad de voces, el fomento cultural y la autonomía de los medios públicos.
El anteproyecto de “modernización laboral” que están haciendo girar, incluye, casi oculto, el art182, que deroga el Título V de la Ley 26.522 y part del art. 136. Esto no es menor: al eliminar la fuente de financiamiento del sistema audiovisual, se afecta la arquitectura (sigue+) pic.twitter.com/m8wrZ7q3p2
— Juan Salvador Delú (@posteario) December 6, 2025
El Título V, ahora bajo amenaza de derogación, es el que organiza la distribución del gravamen definido en el artículo 97 de la LSCA. Según recuerda Delú, sin ese esquema desaparecen asignaciones que estructuran la política pública del sector: Incaa, -25 %; INT, -10 &; RTA, -20 %; Enacom, -28 %; Defensoría del Público, -5 %; Fomeca, -10 %; Inamu, 2 % (casi la totalidad de su presupuesto efectivo).
Más del 90 % del financiamiento real de varias de estas instituciones depende de esta recaudación. Su eliminación no es simplemente un recorte: implica una transformación profunda de la red que sostiene el pluralismo y la producción cultural federal.
En el caso de los medios públicos, la pérdida del 20 % del gravamen destinado a RTA S.E. no supone un cierre, aclara Delú, pero sí una mayor dependencia del presupuesto general y del Poder Ejecutivo, reduciendo la autonomía financiera y, por extensión, la independencia editorial.
El impacto también alcanza al cine: sin el aporte del gravamen, el Incaa vería comprometidas funciones centrales del ecosistema audiovisual, desde concursos y rodajes hasta salas, festivales y producción regional. En teatro, el INT perdería la base que permite sostener salas independientes, circuitos provinciales y proyectos emergentes; en muchas provincias es la única política pública estable del sector.
En música, advierte Delú, el recorte es crítico: en el Inamu alcanza casi al dos por ciento 2% asignado por la LSCA. Su desaparición paralizaría las líneas de apoyo para giras, discos, festivales y producción independiente, afectando en especial a artistas y espacios fuera de los principales centros urbanos.
Para los medios comunitarios, la eliminación del 10 % que hoy nutre al Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (Fomeca) supone un golpe directo a radios indígenas, rurales, cooperativas, universitarias y de frontera. Es decir, proyectos que amplían el paisaje informativo desde territorios que suelen quedar fuera del mercado.
Delú recuerda que la Corte Suprema, en el fallo Grupo Clarín de 2013, declaró la LSCA constitucional como un «modelo integral» destinado a evitar la concentración y promover la diversidad informativa. Quitar su mecanismo de financiamiento desmantela precisamente la herramienta que vuelve posible ese propósito democrático.
Uno de los puntos que subraya el tribular de Farco es la forma en que este cambio aparece: incrustado dentro de un proyecto laboral. No es ilegal, señala, pero sí problemático. Alterar la estructura del financiamiento audiovisual y cultural exige debate público, no un artículo colocado al final de un texto que aborda otra materia.
La comunicación, recuerda Delú, es un derecho y un bien social, no solo un mercado. La Constitución garantiza publicar ideas sin censura previa, pero esa libertad es formal si no existen condiciones materiales para que múltiples voces se expresen. Quitar el Título V no impide hablar: impide sostener las condiciones que hacen posible que muchos hablen.
Como plantea Delú en su hilo, la discusión excede una partida presupuestaria y se adentra en la arquitectura misma de la pluralidad democrática. La eliminación del financiamiento específico no solo redefine el mapa de políticas culturales: reconfigura quiénes pueden participar del espacio público. Sobreviven los grandes jugadores; retroceden quienes ampliaban la conversación. La libertad sin herramientas, concluye, no genera diversidad: la reduce.
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