¿Una ley europea de libertad de prensa digna de su nombre?
La directora de la Federación Europea de Periodistas (FEP), Renate Schroeder, escribe sobre la Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación en un artículo publicado originalmente en Social Europe. «En medio de un mar de desinformación en internet, en un mundo en «policrisis», nunca ha sido más necesario un periodismo de interés público fiable», afirma.
Hoy en día, la sostenibilidad de los medios de comunicación libres está amenazada en muchos países de la Unión Europea. Falta pluralismo, y el ascenso de las plataformas a monopolios de la información acelera la reducción del espacio para el periodismo independiente y de interés público. Los medios de comunicación están cada vez más capturados y controlados por los políticos, o sometidos a difamaciones de «noticias falsas» al estilo del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Mientras tanto, la protección de las fuentes de los periodistas se ve amenazada por el aumento de la vigilancia estatal.
Estas preocupantes tendencias se han documentado en los informes anuales sobre el Estado de Derecho de la Comisión Europea y, más concretamente, en el Media Pluralism Monitor publicado desde 2013-14, que ofrece un excelente análisis de los riesgos para los valores fundamentales de los medios de comunicación. El Centro de Florencia para el Pluralismo y la Libertad de los Medios de Comunicación, responsable del seguimiento, concluyó acertadamente que «los tiempos estaban maduros para dotar a la Unión Europea de nuevas herramientas para proteger y fomentar el periodismo como bien público en un entorno digital».
Creciente desinformación
La Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación (EMFA, por su sigla en inglés), propuesta por la Comisión Europea el pasado septiembre, intenta regular el ecosistema de la información. Éste está dominado por las —en su mayoría estadounidenses— grandes plataformas en línea y envenenado por crecientes campañas de desinformación y conspiración, que amenazan las democracias europeas y la integración europea en general.
La Ley de Servicios Digitales y la Ley de Mercados Digitales, recientemente aprobadas, pretenden crear un espacio digital más seguro, en el que se protejan los derechos fundamentales de los usuarios, y establecer condiciones equitativas para las empresas. El EMFA propone un nuevo conjunto de normas para fomentar el pluralismo, la transparencia y la independencia de los medios de comunicación en toda la UE. Se basa en la Directiva de Servicios de Medios Audiovisuales, pero amplía su ámbito de aplicación a los proveedores de servicios editoriales y de medios en línea.
La propuesta de reglamento incluye, entre otras cosas, salvaguardias contra la injerencia política en las decisiones editoriales y la vigilancia de los periodistas. Hace hincapié en la independencia y la financiación estable de los medios de comunicación de servicio público, así como en la transparencia de la propiedad de los medios y la asignación de la publicidad estatal.
También ordena medidas para proteger la independencia de los periodistas y revelar los conflictos de intereses. Por último, la ley crearía un nuevo Consejo Europeo de Servicios de Medios de Comunicación independiente, compuesto por autoridades nacionales de medios de comunicación y basado en el trabajo del Grupo de Reguladores Europeos de los Servicios de Medios Audiovisuales (ERGA).
Muchos grupos de editores, sobre todo alemanes y franceses, han ejercido una agresiva presión contra el EMFA. La califican de «ley contra la libertad de los medios de comunicación» y afirman que la tradición de autorregulación se ve amenazada y que la Comisión carece de legitimidad en cuestiones de contenido de los medios de comunicación. Sin embargo, fracasaron los intentos de los diputados alemanes —la ponente de la Comisión de Cultura y Educación, Sabine Verheyen, y su homóloga alemana, Petra Kammereverth— de debilitar el proyecto de reglamento transformándolo en directiva.
Vigilancia intrusiva
En el primer semestre de este año, el Consejo de la UE, presidido por Suecia, ha dado un paso atrás en materia de libertad de prensa y protección de las fuentes periodísticas, al permitir el despliegue de «software de vigilancia intrusiva» contra los proveedores de servicios de medios de comunicación por motivos de «seguridad nacional». Ochenta organizaciones de defensa de la libertad de prensa y los derechos humanos, entre ellas editores, radiodifusores y sindicatos, enviaron una carta abierta a los miembros de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo, que dirige este artículo de la EMFA, para que adoptaran una posición mucho más firme. Los periodistas de las capitales europeas se dieron cuenta (y escribieron sobre ello) de los perjuicios potenciales de permitir que los Estados espíen a los periodistas por razones de «seguridad nacional».
Piénselo: los gobiernos proponen legalizar el espionaje a los periodistas europeos justo en el momento en que el Monitor del Pluralismo en los Medios de Comunicación muestra su extrema vulnerabilidad en términos de seguridad digital. La presión ejercida por numerosas organizaciones no gubernamentales, entre ellas la Federación Europea de Periodistas, ha permitido reforzar la posición del Parlamento Europeo sin ninguna excepción por motivos de seguridad nacional. Pero la prohibición absoluta del despliegue contra los periodistas de programas espía y tecnologías intrusivas similares no figura entre las enmiendas aprobadas por la Comisión de Libertades Civiles.
La FEP y la amplia «Coalición EMFA» intensificarán sus presiones antes de la votación final en el pleno, para insistir en la prohibición absoluta del uso de programas espía contra los periodistas. Estas tecnologías obtienen un acceso ilimitado y sin control a las comunicaciones, fotos, contactos y datos de comportamiento en línea de los individuos, poniendo en peligro la confidencialidad de sus fuentes y el acceso de los ciudadanos a un periodismo de calidad.
Negociaciones a tres bandas
La Comisión de Cultura del Parlamento Europeo ha mejorado el proyecto de la Comisión añadiendo normas vinculantes sobre la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación, la independencia de los medios de servicio público y su estabilidad financiera. También ha encomendado tareas adicionales al Consejo Europeo.
Está previsto que la Comisión de Cultura apruebe el texto de compromiso el 7 de septiembre y que el pleno vote el texto completo a principios de octubre. Esto permitiría que las negociaciones «a tres bandas» entre la Comisión, el Parlamento y el Consejo tuvieran lugar bajo la actual residencia española, y finalizaran bajo la presidencia belga antes de las elecciones parlamentarias del año que viene.
La FEP y sus socios seguirán luchando por una ley más ambiciosa y digna de su nombre. Pero es una batalla cuesta arriba: demasiados actores no están interesados en normas vinculantes sobre cuestiones delicadas como la independencia editorial, la transparencia y la protección de los periodistas.
Magnates de los medios
Pongámonos en contexto. La regulación de la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación ha sido un proyecto de evolución lenta pero constante en la UE. Comenzó con la Directiva «Televisión sin fronteras» en 1989, seguida de un Libro Verde sobre la concentración de medios en 1992.
Aunque ya entonces se consideraba que la concentración de medios entrañaba un alto riesgo, no se adoptó ninguna legislación al respecto. Las agresivas presiones de los magnates de los medios de comunicación de la época —Rupert Murdoch, Leo Kirch y Silvio Berlusoni— convencieron al Reino Unido, Alemania e Italia para que votaran en contra.
Hoy vivimos tiempos de presiones sin precedentes sobre el periodismo de interés público. Esta ley no resolverá todos los numerosos retos que tenemos por delante. Sin embargo, junto con otras iniciativas de la UE, sería un pequeño pero importante paso en la dirección correcta.
Traducción: Esfera Comunicacional
