Un decreto para gobernar en las sombras
Según el análisis elaborado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el DNU 941/2025 firmado por Javier Milei introduce una reforma profunda y regresiva del sistema de inteligencia argentino. Bajo la apariencia de ajustes administrativos, el decreto amplía el secreto, debilita los controles democráticos, habilita la detención de personas por parte de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y consolida un esquema de vigilancia masiva incompatible con la Constitución.
Con el Congreso en receso y sin una situación de urgencia que lo justifique, el Poder Ejecutivo avanzó por decreto sobre uno de los núcleos más sensibles del Estado: el sistema de inteligencia. El DNU 941/2025, firmado por Javier Milei, no es una modificación técnica ni una simple reorganización administrativa. De acuerdo con el informe del CELS, se trata de una reforma estructural que redefine el rol de la SIDE y la convierte, en los hechos, en una agencia con rasgos de policía secreta.
El Gobierno presenta el decreto como una aclaración de funciones. Sin embargo, el análisis señala que el nuevo marco legal amplía de manera extrema el secreto, reduce los controles políticos y judiciales y habilita prácticas que hasta ahora estaban expresamente prohibidas por la Ley de Inteligencia Nacional. El resultado es un sistema más opaco, más discrecional y con mayor capacidad de intervención directa sobre la vida social y política.
Uno de los cambios centrales es el giro en el modelo de inteligencia. La SIDE deja de tener un enfoque acotado a la seguridad nacional para pasar a un esquema de contrainteligencia expandida, un concepto deliberadamente ambiguo que el decreto estira hasta abarcar cualquier amenaza externa o interna al gobierno. Según advierte el CELS, esta redefinición reinstala la lógica del «enemigo interno» y habilita la inteligencia política sobre actores sociales, políticos y culturales definidos como riesgos para la gobernabilidad.
Este corrimiento conceptual no es abstracto. El informe recuerda que en el Plan de Inteligencia Nacional (PIN) filtrado ya aparecían como objetivos de vigilancia sectores como comunidades indígenas, periodistas, anarquistas y actores que «deslegitimen» las políticas oficiales. El DNU viene, así, a otorgar un barniz de legalidad a prácticas de espionaje interno incompatibles con un sistema democrático.
El avance del secreto es otro eje crítico. El decreto incorpora un nuevo artículo a la ley vigente que establece que todas las actividades de inteligencia revisten carácter encubierto, en nombre de la reducción del llamado «Riesgo Estratégico Nacional». En los hechos, el secreto deja de ser una excepción y se transforma en regla. El CELS advierte que esta ampliación sin límites de la «preservación de métodos y fuentes» reproduce condiciones históricas que facilitaron el uso de fondos reservados para operaciones ilegales, encubrimientos y enriquecimiento personal.
En lugar de fortalecer la transparencia y el control civil, el DNU profundiza la oscuridad institucional. Se debilitan los mecanismos de supervisión ciudadana, parlamentaria y judicial, justo en un ámbito donde el control democrático resulta indispensable.
La reforma también impacta de lleno en la administración pública. El decreto convierte a organismos civiles como el Renaper o ARCA en engranajes del sistema de inteligencia, obligados a entregar información de la ciudadanía sin autorización judicial ni controles efectivos. La creación de la llamada Comunidad Informativa Nacional, dirigida por la SIDE, habilita la circulación irrestricta de datos personales entre agencias estatales y el sistema de inteligencia, sin límites claros sobre qué información puede recolectarse, almacenarse o compartirse.
El informe del CELS subraya que esta arquitectura normativa habilita una vigilancia masiva de la población. La SIDE podrá acopiar datos de cualquier persona que obren en poder de otras dependencias del Estado y, además, compartir esa información con agencias de inteligencia extranjeras bajo absoluto secreto. Qué datos, con quién, para qué fines y bajo qué acuerdos: todo quedará fuera del alcance del control público.
Uno de los puntos más graves del decreto es la habilitación de facultades de detención para la SIDE. A partir de la entrada en vigencia del DNU, el personal de inteligencia podrá detener personas en el marco de actividades de inteligencia, auxilio judicial o supuestos delitos en flagrancia. Para el CELS, esta atribución vulnera principios básicos del orden constitucional: el Poder Ejecutivo no puede otorgar por decreto facultades de detención a organismos de inteligencia, y mucho menos sin orden judicial y bajo criterios indefinidos.
A esto se suma el rol de las Fuerzas Armadas. El decreto faculta a la SIDE a requerir asistencia de las FF. AA. y elimina controles civiles sobre la inteligencia militar, otorgando mayor autonomía al Estado Mayor Conjunto. En tiempos de paz, la inteligencia militar queda habilitada a producir información sobre “organizaciones no estatales de interés”, una categoría tan amplia como peligrosa. El informe advierte que este punto representa un retroceso histórico respecto de los consensos democráticos construidos desde el retorno constitucional, orientados a separar Defensa Nacional y Seguridad Interior.
En paralelo, el DNU refuerza una centralización política, operativa y presupuestaria sin precedentes en la SIDE. La inteligencia criminal y militar queda subordinada a este organismo, que pasa a concentrar la dirección del sistema, el acceso a información de todos los niveles del Estado y el manejo de presupuestos y gastos reservados. Para el CELS, este superorganismo recuerda a la vieja SIDE, símbolo de prácticas opacas y abusos estructurales.
Asimismo, el CELS recuerda que desde diciembre de 2023 el Gobierno nacional avanzó por decreto sobre el sistema de inteligencia, las fuerzas de seguridad y la ciberseguridad, sin debate parlamentario y con una reacción prácticamente inexistente del Poder Legislativo y Judicial. El DNU 941/2025 empuja esos límites un paso más allá y consolida un modelo de vigilancia política, secreto extremo y concentración de poder incompatible con la Constitución.
Finalmente, advierte que no se trata solo de un problema técnico o legal, sino de una definición política de fondo: gobernar ampliando el poder oculto del Estado y debilitando los controles democráticos. Frente a este escenario, el informe es contundente: es urgente que el Congreso active la Comisión Bicameral de Inteligencia y rechace el decreto. Lo que está en juego no es una reforma administrativa, sino la calidad misma de la democracia.
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