Soberanía digital para controlar los recursos digitales

América Latina vive una explosión digital: trámites públicos, comercio electrónico, formación y capacitación en línea, operaciones bancarias, prestaciones médicas y comunicación social ahora dependen de plataformas y centros de datos.

La mayoría de esos territorios digitales no están bajo control local (no están regulados), sino en servidores de corporaciones digitales como Amazon Web Services (AWS), Google o Microsoft, que replican información en sus centros de datos (data centers) localizados en múltiples países, muchas veces sin transparencia jurídica ni supervisión regional.

Este modelo presenta un problema central: la soberanía digital se debilita cuando los datos están alojados o regulados en el extranjero. Es decir, las leyes que los protegen no necesariamente son nacionales y la seguridad, privacidad y derechos ciudadanos quedan sujetos a jurisdicciones externas.

La soberanía es un concepto que determina la posibilidad que tiene un pueblo para ejercer la máxima autoridad en un territorio determinado. Al respecto, el filósofo y ensayista surcoreano Byung-Chul Han considera «soberano» sólo al país que dispone de sus datos. En democracia esta autoridad esta delegada en una representación política del gobierno del Estado y de organismos de ejecución y control a fin de garantizar a la población el acceso a los servicios esenciales.

Uno de los casos más claros es el del Cloud Act, una ley estadounidense que permite al gobierno exigir acceso a datos alojados en servidores de empresas norteamericanas, incluso si están físicamente en otro país. Según el Departamento de Justicia, esto aplica a cualquier información «bajo posesión, custodia o control» de un proveedor estadounidense.

De esta forma, aunque un gobierno o empresa latinoamericana aloje su información en un centro de datos local (caso Chile o Brasil) de Amazon AWS o Microsoft, esa información podría estar legalmente disponible para autoridades extranjeras sin orden judicial local. Además, como explica el Instituto de las Naciones Unidas para la Investigación sobre el Desarme (Unidir), la arquitectura técnica de la nube hace que los datos se fragmenten y repliquen automáticamente en múltiples ubicaciones. Esto genera una «dispersión jurisdiccional» que complica cualquier intento de ejercer control soberano real sobre la información. Este es el caso de Azure, la nube de Microsoft que brinda la infraestructura de datos para que el ejército israelí desarrolle su estrategia y acciones de exterminio sobre Palestina y sus habitantes.

Aunque algunos países han intentado instalar centros de datos regionales como alternativa, los contratos y marcos legales que rigen esos servicios siguen respondiendo a lógicas externas basadas en el colonialismo digital.

El problema no es solo físico o técnico: es normativo y geopolítico y tiene consecuencias directas sobre la privacidad y la soberanía. Los datos sensibles de ciudadanos, empresas o gobiernos latinoamericanos pueden quedar accesibles para autoridades extranjeras sin control local ni transparencia.

En la región existe una alarmante pobreza institucional en lo que respecta a soberanía y privacidad de la información: escasez de perfiles técnicos, falta de financiación, ausencia de regulaciones propias y dependencia tecnológica dejan a América Latina sin herramientas efectivas de protección. Argentina es el caso paradigmático de este tiempo en cuanto a la desregulación de los servicios TIC y alineamiento con las políticas de gobierno de Trump.

Los datos viajan, se procesan y se almacenan sin supervisión local, sin capacitación profesional ni respaldo legal y con escaso debate público sobre los riesgos que plantea la concentración de poder tecnológico en manos de las corporaciones digitales que conforman la nueva oligarquía del Silicon Valley. Especialmente ante el avance de tecnologías como la inteligencia artificial (IA) y su impacto en la vida cotidiana de las personas, la inteligencia militar y los derechos humanos.

Algunos avances

En América Latina, Brasil encabeza los esfuerzos por fortalecer la soberanía digital con una política estatal activa. Desde la aprobación del Marco Civil de la Internet en 2014 y la Ley General de Protección de Datos (LGPD) en 2018, el país estableció principios de neutralidad de la red, localización de datos sensibles y limitaciones a la transferencia internacional de información.

Más recientemente, el gobierno del presidente Lula da Silva avanzó con la creación de una nube pública soberana a través de Serpro, la empresa pública de tecnología, y acaba de firmar un convenio con la Academia China de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Caict) para la definición de estándares de gobernanza digital. 

Por otra parte, impulsó regulaciones mediante el Plan Estatal de Inteligencia Artificial, lanzado en 2024 con una inversión de veintrés mil millones de reales (unos cuatro mil millones de dólares) hasta 2028, orientado a fomentar desarrollos locales y asegurar el procesamiento de datos en arquitecturas de supercomputación localizados en diferentes regiones del país.

El caso brasileño fue citado por la Internet Society como modelo de resistencia, mientras el país «lidia con cuestiones de infraestructura digital, protección de datos y regulación de plataformas».

Argentina, en cambio, carece de una estrategia integral. Aunque cuenta con normas vigentes —como la Ley de Protección de Datos Personales (25326, del año 2000) y la Ley Argentina Digital (27078, de 2014)—, ninguna de ellas contempla de manera explícita el control estatal sobre la infraestructura crítica ni impone límites a la extranjerización de los datos públicos. 

Arsat empresa de telecomunicaciones pública, desarrolló y brinda servicios en la nube con localización territorial en la provincia de Buenos Aires. La oferta de su Nube Pública Nacional (desde 2015) apunta a que las instituciones del Estado puedan administrar sus datos y responder a picos de necesidad de procesamiento sin necesidad de comprar equipamiento ni tener una dotación de especialistas en diversas áreas. Estos servicios de Arsat están disponibles (desde 2018) para para el sector privado.  Actualmente estos servicios como los otros que componen la oferta de telecomunicaciones de la empresa están seriamente debilitados por las políticas de achicamiento y vaciamiento del gobierno del presidente Milei. Además, el presidente argentino firmó acuerdos a Amazon y Google para que puedan deslocalizar la nube computacional y competir con Arsat debilitando las leyes de protección de datos existentes.

En 2024, México creó la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) como parte de una política incipiente de soberanía tecnológica. Su objetivo es centralizar el desarrollo de soluciones digitales públicas, promover una ciudadanía digital segura y garantizar el acceso equitativo a servicios digitales. Entre sus iniciativas se encuentra el Centro Nacional de Tecnología Pública, encargado de impulsar software gubernamental propio y coordinar la infraestructura estatal de datos, con énfasis en seguridad, autonomía y cobertura nacional.

En febrero de 2025, el gobierno de Colombia lanzó BioNube, una iniciativa estratégica para consolidar la soberanía digital. En asociación con Emiratos Árabes Unidos, el plan prevé la instalación de tres centros de datos estratégicos en Santa Marta con una capacidad energética de aproximadamente 30 MW y conectividad de alto nivel. El objetivo: centralizar la información estatal en infraestructura propia, optimizada para usos en IA y seguridad informática, reduciendo la dependencia de servicios extranjeros.

Hacia una inteligencia artificial latinoamericana

Una de las iniciativas más ambiciosas en el terreno de la IA soberana en América Latina es Latam GPT, el primer modelo de lenguaje de gran tamaño desarrollado en y para la región. Coordinado por el Centro Nacional de Inteligencia Artificial (Cenia) de Chile, con apoyo del Ministerio de Ciencia y más de treinta instituciones de doce países. El proyecto busca construir un sistema de IA entrenado con expresiones locales, referencias históricas regionales y lenguas originarias. La primera versión experimental, de código abierto, será presentada en agosto y estará disponible para universidades, gobiernos y organizaciones sin fines de lucro, sin costos de licencia comercial.

A diferencia de los modelos generativos dominados por corporaciones del norte global, Latam GPT se propone como una herramienta soberana, inclusiva y culturalmente representativa. Entre sus objetivos centrales está la preservación de idiomas originarios, con avances ya logrados en Rapa Nui y Mapudungun, y la posibilidad de desarrollar asistentes virtuales públicos, traductores o aplicaciones educativas adaptadas a realidades locales.

El proyecto ya cuenta con alianzas en Brasil, Colombia, México, Uruguay y otros países, y busca incorporar a naciones del Caribe a medida que se superen las brechas de infraestructura digital.

Pese a los avances aislados, América Latina aún carece de una política regional coordinada que garantice la soberanía digital frente a la concentración tecnológica global. La región enfrenta desafíos urgentes: establecer normas que obliguen al almacenamiento local de datos públicos, fortalecer capacidades técnicas estatales, crear infraestructuras propias y limitar legalmente la captura de datos por parte de actores externos. En un escenario dominado por corporaciones transnacionales y potencias extrarregionales, el control sobre los datos —y sobre las plataformas que los procesan— resulta hoy un componente ineludible de la autonomía política y económica.

Repasando lo dicho, la soberanía digital, también conocida como soberanía tecnológica, es la capacidad de un Estado o región para controlar sus recursos digitales, regulando a través de políticas públicas democráticas la relación basada en servicios Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC) entre el mercado y los ciudadanos. Desde esta perspectiva política la infraestructura digital y las TIC deben estar alineadas con los intereses del país y orientadas al bienestar y desarrollo de la sociedad.

Para más soberanía el Estado debe recuperar el control sobre el desarrollo de las telecomunicaciones y la infraestructura de redes de comunicaciones en el territorio nacional y regional. En otras palabras, es necesario que el Estado intervenga sobre el mercado del sector TIC fijando las estrategias de desarrollo de las redes, la calidad de los servicios y una equidad tarifaria que permita el acceso a los ciudadanos, la protección social de sus datos y el buen recupero del costo operativo y de las inversiones realizadas.