Por qué es importante que las instituciones digitalicen con «software» libre

Simona Levi

Fundadora de Xnet, autora de Digitalización democrática: soberanía digital para las personas y #Fake You, fake news y desinformación.

Otra vez: este mes Europa ha lanzado su llamada estrategia de soberanía tecnológica. Podemos alegrarnos. Pero no nos engañemos: no es la primera, ni será la última, y sea como sea llegarán tarde. Hay mucho más discurso que acción en una clase política siempre tentada por el canto de sirena de las grandes multinacionales tecnológicas, que les hace creer que pueden resolver todos sus problemas sin necesidad de que los entiendan ni de que tengan que pagar por ello.

Las big tech no son internet. Son una forma concreta de apropiación de internet. Y el problema no son «las pantallas», ni «los usuarios», ni «la tecnología». El problema es el poder: quién controla la infraestructura, quién decide las condiciones de acceso, quién puede apagar un servicio, cambiar unilateralmente las reglas, capturar datos, imponer formatos, bloquear contenidos, condicionar la contratación pública o convertir nuestras comunicaciones en materia prima para su negocio.

Antes de adentrarnos en un mapeo de la situación, quiero advertir de que la soberanía digital de la que yo quiero hablar es la soberanía digital de las personas y de las sociedades. Tal y como pormenorizo en Digitalización Democrática. Soberanía Digital para las Personas, la soberanía no consiste solo en que Europa o un Estado sustituyan proveedores extranjeros por proveedores nacionales, sino en que la digitalización esté diseñada por defecto para que quienes la usen (las instituciones sí, pero sobre todo las personas) mantengan conocimiento y control sobre sus datos y contenidos. Es decir: puedan acceder a los servidores y analizar el código.

Así que veamos cómo está la situación. Muy pocos países están actuando realmente. A destacar, Francia y Alemania, con Países Bajos, aunque estos últimos han quedado algo rezagados tras los últimos dos cambios de gobierno. Estos países han lanzado un consorcio, el EDIC de Digital Commons, que realmente marcará la diferencia en la UE. Es una estructura europea para impulsar infraestructuras digitales soberanas, tecnología abierta y bienes comunes digitales, y… ¡financiarlas! Porque si hablas mucho, pero no financias, la soberanía digital no sucederá. La licitación pública, como veremos, es lo que demuestra si un país de verdad está apostando o no. A pesar de que, como Xnet, llevamos tres años insistiendo, todavía no hemos conseguido que España se sume al EDIC.

Alemania

El Deutschland-Stack orienta la infraestructura pública hacia tecnologías soberanas, interoperables y conectables a escala europea, con estándares abiertos, reducción del lock-in (clientes cautivos) y uso prioritario de open source o proveedores europeos soberanos. El IT-Planungsrat aprobó en marzo de 2026 que los estándares del Deutschland-Stack sean base vinculante para sus soluciones y acto seguido lista lo que ha hecho: ninguno es de las big tech (no aparecen DOCX, XLSX ni PPTX), todos son estándares abiertos (ODF y PDF/UA). Una forma educada para señalar la puerta a los gigantes tecnológicos: está construyendo una arquitectura pública donde Microsoft deja de ser el estándar por defecto. La Sovereign Tech Agency ha financiado Mastodon, es decir, infraestructura social federada y abierta, mientras los servicios de inteligencia alemanes evitan software de Palantir en ámbito militar poniendo su seguridad nacional por delante, cuando España ha adjudicado públicamente a Palantir al menos 16,8 millones de euros para inteligencia militar, mediante dos contratos del Ministerio de Defensa, ambos negociados sin publicidad y con un solo licitador.

Francia

Hace mucho que a Francia le preocupa su soberanía digital. Desde la Loi pour une République numérique de 2016, Francia decidió abrir el código fuente de simuladores usados por la administración para sus cálculos impositivos con el fin de aumentar la transparencia de impuestos y prestaciones. En 2021, el Ministerio de Educación consideró que Office 365 y Google Workspace no debían desplegarse en centros escolares, por su incompatibilidad con el RGPD, Schrems II y la doctrina francesa Cloud au centre. En Francia pesan en particular criterios como que las big tech se saltan la licitación pública por ser gratuitas. Actualmente el propio Conseil de l’IA et du numérique francés aplica una fórmula ambiciosa que desde el activismo digital llevamos tiempo defendiendo: la soberanía digital debe organizarse con la cooperación entre lo público, lo privado y los comunes digitales. En general la Administración se está organizando para abandonar Microsoft.

Unión Europea

Y aquí empieza el lío. Tremendísima disonancia cognitiva: por un lado cuento una cosa y, por otro, hago lo contrario. Como pollos sin cabeza, si pensamos en el lugar del que sale el famoso plan de soberanía digital: la UE son una serie de enormes edificios, todos ellos digitalizados en su totalidad con Microsoft.
Se discute EU OS, un sistema operativo basado en Linux y funcionarios europeos están siendo forzados a abandonar WhatsApp para comunicaciones profesionales. Pero aquí aparece la primera trampa: confundir soberanía con sustitución de proveedor. Que el Parlamento Europeo ponga Qwant como buscador por defecto en lugar de Google puede ser un gesto interesante. Pero Qwant no es software libre ni infraestructura común. Es una alternativa europea, y eso puede tener sentido geopolítico, pero no resuelve por sí solo el problema democrático de fondo. Si cambiamos un monopolio estadounidense por un proveedor europeo cerrado, hemos reducido una dependencia, pero no hemos construido soberanía para las personas.

Lo mismo ocurre con los grandes anuncios de contratos y financiación para empresas tecnológicas europeas en cloud, centros de datos, semiconductores e IA. Si esa financiación pública no se condiciona a estándares abiertos, interoperabilidad, auditabilidad, reversibilidad, licencias libres y retorno público de la inversión, estaremos financiando nuevos oligopolios privados con dinero público. Serán más europeos, pero no necesariamente más democráticos.

Incluso en las políticas gubernamentales de los EEUU de Trump, la férrea defensa de las big tech monopolísticas no implica dejar caer el free software; todo lo contrario: lo incorpora como pieza estratégica. La Genesis Mission y el America’s AI Action Plan, los grandes planes gubernamentales para la hegemonía tecnológica estadounidense, reservan un papel explícito a los modelos open source: aceleran la innovación, permiten a startups y universidades no depender completamente de proveedores cerrados, facilitan la investigación reproducible y ofrecen a empresas y administraciones una vía para trabajar con datos sensibles sin entregarlos necesariamente a modelos opacos. El nombramiento como director de Genesis Mission de Darío Gil, que apostó por modelos Granite open source bajo licencia Apache 2.0, refuerza esta lectura. Si incluso una estrategia estadounidense de supremacía tecnológica considera imprescindible el open source, Europa no puede hablar seriamente de soberanía sin situar el software libre y los comunes digitales en el centro. ¿A qué esperamos?

Hay un elemento más referente a la soberanía de los Estados del que por fin la UE comienza a hablar: kill switches o capacidades de interrupción externa –básicamente estadounidense– sobre sistemas críticos europeos, que muestran la dependencia en su forma más brutal. Si un proveedor o gobierno extranjero puede interrumpir servicios esenciales, la soberanía política es una ficción. Por eso la Comisión ha anunciado que quiere impedir que gobiernos o empresas extranjeras puedan cortar servicios tecnológicos críticos en Europa. Bonito es prohibir, solo faltaría que sirviera de algo si no podemos auditar las instalaciones.

El caso de Microsoft y los nombres de funcionarios neerlandeses presuntamente filtrados o transferidos al Gobierno estadounidense lo ilustra bien. Es solo un caso reciente entre infinitos más. Google ha anunciado el fin de funciones que permitían usar Gmail como agregador de cuentas externas mediante POP3. Esto reduce la interoperabilidad. Cada cambio unilateral de plataforma recuerda lo mismo: si dependemos de servicios cerrados, las reglas las cambia otro.

Starlink ha subido sus tarifas en España hasta un 50 %. España y Europa tienen proyectos satelitales propios, pero han dejado que Starlink les coma la merienda. Si la conectividad depende de un proveedor privado extranjero, solo necesitamos recordar cuando Elon Muak dejó de apoyar Ucrania y cortó el acceso a Internet a toda la población en medio de una guerra.

Software libre sí, pero no basta por sí solo

El software libre tampoco basta por sí solo. No hay que romantizarlo. Como sabemos, el open source produce un valor económico gigantesco: una inversión relativamente pequeña en software libre genera billones en valor para empresas. Pero ese valor no vuelve proporcionalmente a quienes mantienen la infraestructura. Internet depende de voluntarios quemados, mantenedores agotados y comunidades infrafinanciadas.

El burnout de los desarrolladores open source no es un problema individual: es estructural. Hay herramientas magníficas que no llegan a la gente porque no tienen soporte, diseño, despliegue, formación ni ecosistema. El open source por sí solo no es alternativa al big tech. El código abierto no sustituye automáticamente a una infraestructura operativa global. Hacen falta producto, mantenimiento, soporte, escalabilidad, gobernanza, financiación y contratación pública.

Por eso la contratación pública es el campo de batalla. Las barreras al open source en la contratación europea siguen favoreciendo proveedores cerrados: pliegos hechos a medida de gigantes, requisitos de solvencia que expulsan a comunidades y pymes, miedo administrativo, falta de capacidades internas, ausencia de mantenimiento financiado. Si los contratos públicos no cambian, la soberanía digital es solo discurso vacío. En Europa, que además sufre un declive industrial desde los años noventa, es absurdo y catastrófico no aprovechar lo que ofrece la era digital. Sacudamos nuestra clase política ocupada con sus asuntos: no puede permitirse seguir comprando dependencia con dinero público.

Este artículo se republica de Contexto y Acción (CTXT) bajo una licencia de Creative Commons CC BY-NC 4.0