Organismos internacionales ponen bajo escrutinio el modelo de negocios de las plataformas digitales por su impacto en las infancias
Un artículo de María Capurro Robles, publicado por Observacom, analiza dos recientes pronunciamientos que reclaman mayores regulaciones sobre las plataformas digitales y cuestionan el impacto de sus modelos de negocio en niños, niñas y adolescentes. A partir de ese texto, un resumen de los principales planteos formulados por organismos internacionales de derechos humanos y libertad de expresión.
Dos recientes pronunciamientos internacionales volvieron a colocar en el centro del debate la responsabilidad de las empresas tecnológicas en los riesgos que enfrentan niños, niñas y adolescentes en los entornos digitales. Tanto el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) como las relatorías internacionales de libertad de expresión coincidieron en reclamar regulaciones más robustas y mecanismos de supervisión que obliguen a las plataformas a adoptar medidas de protección desde el diseño de sus productos.
Los documentos representan un nuevo paso en una discusión que viene ganando fuerza a nivel global: la necesidad de revisar un modelo de negocios basado en la captación permanente de la atención de los usuarios, la recolección masiva de datos y sistemas algorítmicos que pueden amplificar riesgos para las infancias.
Diez claves para regular el entorno digital
El Acnudh publicó recientemente una declaración titulada «Cómo garantizar los derechos de los niños en Internet», en la que propone diez medidas para orientar las regulaciones destinadas a proteger a menores de edad en línea.
El documento parte de una premisa: la regulación del entorno digital no es una alternativa optativa sino una obligación de los Estados. Desde esa perspectiva, descarta que la autorregulación empresarial o los compromisos voluntarios sean suficientes para enfrentar los riesgos asociados al uso de plataformas digitales.
Las recomendaciones apuntan a imponer obligaciones concretas a las empresas tecnológicas. Entre ellas figuran la limitación de mecanismos de diseño considerados adictivos —como el scroll infinito, las notificaciones permanentes o la reproducción automática de contenidos—, la regulación estricta de la publicidad dirigida a menores, la protección reforzada de datos personales y la realización de evaluaciones de impacto en derechos humanos antes del lanzamiento de nuevas herramientas o funcionalidades.
El organismo también plantea exigencias de transparencia sobre el funcionamiento de algoritmos, sistemas de recomendación y prácticas de moderación de contenidos, además de mecanismos de supervisión independientes, rendición de cuentas y sanciones en caso de incumplimiento.
Restricciones de edad y nuevas preocupaciones
Uno de los aspectos más novedosos del documento es la referencia a posibles restricciones de edad para determinados servicios digitales.
Además de contenidos tradicionalmente considerados de riesgo, como la pornografía o los juegos de azar, el Alto Comisionado menciona como preocupaciones emergentes algunos sistemas basados en inteligencia artificial y determinadas funcionalidades diseñadas para maximizar el tiempo de permanencia de los usuarios.
La declaración sostiene que, en ciertos casos, estos servicios podrían requerir restricciones etarias o modificaciones en su diseño para garantizar una protección efectiva de los derechos de niños y adolescentes.
Las relatorías suman presión sobre las plataformas
En la misma línea, las relatorías internacionales de libertad de expresión publicaron la Declaración Conjunta sobre el Derecho a la Libertad de Expresión y el Acceso a la Información de los Niños y las Niñas en la Era Digital.
El texto dedica una atención especial a las responsabilidades de las empresas tecnológicas, incluidas aquellas que desarrollan sistemas de inteligencia artificial y de IA generativa. Según la declaración, estas compañías deben incorporar criterios de seguridad y privacidad desde el diseño de sus productos, realizar evaluaciones de impacto sobre los derechos de la infancia y adoptar medidas preventivas frente a posibles daños.
Las relatorías advierten que la rápida evolución tecnológica está ampliando y sofisticando los riesgos que enfrentan las infancias en Internet. Por esa razón, sostienen que las herramientas de inteligencia artificial no pueden quedar al margen de los marcos regulatorios que los Estados adopten para el entorno digital.
El documento identifica riesgos específicos asociados a la IA generativa, entre ellos la producción de imágenes sexualizadas de menores, el uso de sistemas conversacionales para abordar problemas emocionales o vinculares y los impactos ambientales derivados del desarrollo de estas tecnologías.
Un consenso regulatorio en expansión
Ambos pronunciamientos coinciden en que la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes requiere una intervención activa de los Estados mediante regulaciones basadas en estándares internacionales de derechos humanos.
La coincidencia entre organismos especializados en derechos humanos y libertad de expresión refleja además un consenso cada vez más extendido: exigir responsabilidades a las plataformas digitales no implica restringir la libertad de expresión, sino establecer condiciones para que el ejercicio de ese derecho sea compatible con la protección de otros derechos fundamentales.
En un contexto de creciente preocupación por los efectos de las redes sociales, los sistemas algorítmicos y las herramientas de inteligencia artificial sobre las infancias, los nuevos documentos ofrecen una hoja de ruta para futuras regulaciones y refuerzan la presión internacional para que las empresas tecnológicas asuman un papel más activo en la prevención de daños y la protección de los usuarios más jóvenes.
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