Proyecto de ley ómnibus de Milei: Cómo destruir las políticas públicas para la cultura
El proyecto cierra el Instituto Nacional del Teatro y el Fondo Nacional de las Artes, libera el precio de los libros, modifica el sistema de asignación de recursos del Instituto Nacional de la Música y da vía libre para destruir el cine nacional e independiente en favor de las plataformas multinacionales y grandes productoras.
Una lectura de los puntos salientes del proyecto en relación con la cultura nacional muestra que se cierra el Instituto Nacional del Teatro, que financia gran parte de la producción nacional, y se deroga la ley que impide demoler teatros a menos que se vaya a construir otro. En pocas palabras, desfinanciamiento total y extinción progresiva del teatro nacional. (Artículos 587, 588 y 601).
También se cierra el Fondo Nacional de las Artes (FNA) que se financia no con presupuesto del Estado sino a través del dominio público pagante. Es decir, cada vez que se utiliza una obra de un artista o un autor que falleció hace más de setenta años, el FNA reinvierte ese capital en los artistas que están creando hoy. Su cierre no tiene que ver con «ahorrar» en gasto público, sino que constituye un ataque directamente político a artistas de todas las áreas, promoviendo que solo las grandes fundaciones y empresas privadas oficien concursos y ofrezcan becas de estímulo a la producción (Artículos 589 y 590).
Libros, bibliotecas y música
Se libera completamente el precio de los libros (Artículo 60) con la derogación la Ley N° 25542 de precio de uniforme de venta al público. Ahora los monopolios editores y grandes cadenas de librerías (Random House, Clarín, Cúspide) pueden presionar libremente por el aumento general de los precios, convirtiendo a los libros en un bien de lujo, inaccesible. Esto pone en riesgo la continuidad de pequeñas editoriales y librerías que son las responsables de publicar y difundir una gran parte de la producción literaria nacional.
Se impulsa el desfinanciamiento o cierre de las dos mil bibliotecas populares del país, en las cuales trabajan unos treinta mil voluntarios. El Estado ya no se hará cargo de procurar personal capacitado, instalaciones ni equipamiento técnico para las bibliotecas (artículo 591), no brindará exenciones impositivas ni ayudas para el pago de los servicios ni fondos de fomento y su presupuesto quedará a merced de lo que decida el Congreso cada año (artículos 592 y 599). Además, ya no habrá representantes de las provincias ante la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip) y ésta será integrada por sólo siete personas elegidas por el poder ejecutivo. (Artículo 598). También deroga descuentos a artistas y bibliotecarios en la compra de pasajes de transporte público (artículo 602).
Por otro lado, elimina fondos de financiamiento del Instituto Nacional de la Música (Inamu) y pasa a depender del presupuesto nacional.
Ataque al cine nacional e independiente
El proyecto de ley también desfinancia el Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales (Incaa) con la quita de fondos específicos de la producción cinematográfica, como el 25 % que ingresa por impuestos a la TV y servicios de cable por medio del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y el 10 % de impuesto por venta o alquiler de videogramas. Los fondos dejan de ser asignados en forma directa y pasan a evaluación del Presupuesto Nacional (artículo 564)
En otro orden de cosas, establece que los gastos de funcionamiento no pueden superar el 25 % del presupuesto anual, lo cual significa un ataque a los trabajadores del Incaa, sus salarios y posibles despidos (artículo 565).
Deja de sostener la Escuela Pública de Cine (Enerc) que depende del Incaa con sedes en todo el país (artículo 565), lo cual plantea su cierre. Concentra el poder en el director del Incaa que pone el Poder Ejecutivo, y elimina representantes del Consejo Asesor, profundizando estructuras antidemocráticas (artículos 559 y 560).
Asimismo, deroga la cuota de pantalla para el cine nacional y se eliminan todo tipo de regulaciones a la exhibición y distribución. Es decir, se da vía libre para que las salas de cine puedan ser ocupadas 100 % por los «tanques cinematográficos». En otras palabras, es la total libertad para las multinacionales extranjeras. (artículo 578)
En cuanto a los subsidios, para acceder a est prestación pública se deberá acreditar que puede solventar el 50 % del costo de producción del proyecto, de modo que sólo podrán producir quienes tengan un capital, o sea grandes productoras. Quien reciba un subsidio no podrá volver a hacerlo en dos años. De esta manera se avanza en la desaparición del cine independiente y pequeñas productoras que con mucho esfuerzo intentaba echar mano de estas posibilidades de producción. (artículo 568)
Por último, el proyecto contempla la eliminación de los artículos de la actual Ley de Cine sobre el apoyo a cortometrajes y los que hacen referencia a promover producciones con fines educativos, culturales y junto a organismos públicos.
MÁS INFO
Cierres y desfinanciamiento de la producción cultural argentina en el proyecto de Milei
POR AGUSTÍN ESPADA | De aprobarse, la ley afectaría a la producción mercantilizada y sin fines de lucro en las industrias de la música, los libros, el teatro, el cine y las artes en general. Entre las medidas más fuertes se encuentran el cierre del Instituto Nacional del Teatro (INT) y del Fondo Nacional de las Artes (FNA)
Pronunciamiento de la Unión de Escritoras y Escritores
Mediante un comunicado, la Unión de Escritoras y Escritores rechaza el DNU y el proyecto de ley ómnibus que afectan a los trabajadores del sector y que, en nombre de la libertad, pretende suprimir derechos adquiridos. A continuación, su texto completo.
Cada día que pasa, cada paso que da, el gobierno del presidente Javier Milei manifiesta una frontal hostilidad hacia las trabajadoras y los trabajadores, la democracia, la república y su carácter federal, lo que también quiere decir hacia la libertad de expresión. Todas sus iniciativas erosionan los derechos populares, el nivel de vida general y la soberanía argentina.
Primero fue una devaluación que licuó los ingresos de millones de argentinos sin compensación alguna. Luego, el “protocolo” del Ministerio de Seguridad. Más tarde, el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) anticonstitucional y antidemocrático y, ahora, el envío del proyecto de Ley Ómnibus, que es en los hechos una reforma constitucional encubierta.
El protocolo está dirigido a amedrentar la protesta social, y cualquier manifestación grupal pública avasallando un derecho garantizado por la Constitución Nacional.
El decreto avanza sobre un sinnúmero de leyes y reglamentaciones, ya sea para derogarlas o modificarlas, con absoluto desconocimiento de las atribuciones que corresponden al Poder Legislativo y de los marcos que establece la Constitución Nacional.
El proyecto de ley ómnibus pretende que el Poder Ejecutivo se convierta en único emisor de leyes, es decir, se otorga la potestad de legislar, vulnerando el mandato democrático expresado en la composición del Congreso, a la par que deroga leyes y emite otras, ninguna de ellas para beneficio del conjunto de la sociedad sino a favor de un concentrado grupo empresarial.
En lo que respecta al campo de la cultura, las artes y las industrias específicas, este proyecto elimina la ley de precio único del libro, desregula la importación, elimina el Fondo Nacional de las Artes y el Instituto Nacional del Teatro, desfinancia y limita el funcionamiento plural y representativo de la Conabip y el Incaa.
La apertura indiscriminada de la importación va en contra de la producción argentina, o sea de todo lo que producimos los autores y autoras y se edita en nuestro país, e inundará el mercado de libros de saldo extranjeros.
La derogación de la Ley de precio único impedirá a las escritoras y los escritores establecer contratos editoriales claros, ya que al existir diversos precios de tapa, no se sabrá cómo calcular el porcentaje de derecho de autor o regalía que nos corresponde por nuestro trabajo. A la vez, convertirá a la industria en una selva en la que su presa será, entre otras, la constelación de librerías —alrededor de 1.300 en todo el país— y que constituye, además de comercios, una red de agentes promotores de la cultura. Luego provocará un decrecimiento de la oferta bibliográfica, un empobrecimiento del caudal de novedades. Será nociva y hasta letal para las editoriales pymes, que son alrededor de 500.
La desaparición del Fondo Nacional de las Artes deja a creadores y creadoras en la orfandad en lo que respecta a concursos, becas, préstamos, fomentos a la actividad. Esto será particularmente nocivo para escritoras y escritores, ya que no existen otros estímulos del Estado a la creación autoral. Esto es aún más grave para quienes producen alejados del centro geográfico de las industrias y los mercados. Es importante aclarar que los recursos financieros del FNA no provienen del presupuesto del Estado sino de la recaudación por las obras de dominio público. ¿Dónde irá a parar ese dinero ahora?
La desaparición del Instituto Nacional del Teatro deja sin fomento a esta actividad, por lo que será perjudicial para todo aquello que expresa la diversidad creativa. Estas políticas dificultan la posibilidad de echar a andar el Instituto Nacional del Libro, por el que tanto venimos luchado y que hoy tiene estado parlamentario.
El desfinanciamiento de la Conabip —fundada por Sarmiento en 1870, que apoya el funcionamiento de más de 1500 bibliotecas populares en todo el país, creadas y sostenidas por las propias comunidades locales— y del Incaa no requiere mayor explicación, pero sí la aclaración de que sus modificaciones estatutarias le dan mayor poder directo al Ejecutivo Nacional y eliminan la representación federal.
La lista de atropellos (no puede llamarse de otra manera lo enviado al Congreso) es descomunal e incluye la eliminación del derecho a huelga, la privatización de las empresas de comunicación estatales, desde la estratégica Arsat a la Televisión Pública, Radio Nacional y la agencia Telam.
Por lo tanto:
—Rechazamos enfáticamente el DNU, el Protocolo represivo y la Ley Ómnibus del Poder Ejecutivo.
—Exigimos a ambas Cámaras del Congreso Nacional que voten en contra del DNU y de la Ley Ómnibus.
—Apoyamos las medidas de lucha de trabajadoras y trabajadores y a los amparos presentados para que el Poder Judicial determine la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia.
—Llamamos a todas las organizaciones y agrupaciones de trabajadoras y trabajadores de la cultura y las artes a movilizarse y coordinar las expresiones y acciones que demandará este tiempo de lucha.
—Convocamos a escritoras y escritores a sumarse de manera activa a las iniciativas de la Unión de Escritoras y Escritores en la batalla junto a toda la sociedad para impedir que se consume la liquidación autocrática de nuestra república.
