Néstor Buzzo: «La Secretaría de Medios ha cortado todo diálogo con la comunicación popular»
Néstor Busso, expresidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias (Farco), pasó el 13 de febrero por el aire de La Columna Vertebral (LVC) que conducen Nora Anchart y Laura Giussani Constela (Cooperativa, AM 770, domingos de 08.00 a 09.30 h.) para referirse al comunicado emitido por la Confederación de Medios Cooperativos y Comunitarios, en el que este nucleamiento denuncia que la Secretaría de Medios nacional no distribuye correctamente la pauta oficial para los medios cooperativos y comunitarios.
En la segunda semana de febrero la Confederación de Medios Cooperativos y Comunitarios denunció que «los criterios de distribución se han mantenido concentrados y promoviendo en sus líneas generales la concentración», y aseguró que «luego del cambio de gestión en la Secretaría de Medios, la situación empeoró: las nuevas autoridades han cortado directa y unilateralmente los canales de diálogo y las asignaciones de publicidad a cientos de medios cooperativos y comunitarios de todo el país, sin mediar siquiera explicaciones».
A continuación, una síntesis de la entrevista de LCV con Busso acerca del duro comunicado contra la Secretaría de Medios y de qué manera se dio el diálogo conjunto entre las distintas organizaciones de medios cooperativos.
Buzzo explicó que «Farco agrupa a radios de organizaciones sociales básicamente. Hacemos radio no como una empresa comercial, sino como una forma de ejercicio del derecho a la comunicación de los más diversos sectores en todo el país. Producimos informativos diarios en red. Hemos conformado una articulación con otras organizaciones similares que hacen periodismo gráfico o televisión como Fadricra, Conta, Arecia y conformamos la Confederación de Medios Comunitarios y Cooperativos. Lo que la ley de comunicación dice entidades sin fines de lucro. Resulta que este sector fue muy castigado y perseguido por el macrismo. Durante los años del gobierno anterior no hubo nada de publicidad oficial para este sector y con el gobierno de Alberto Fernández comenzó un diálogo y alguna posibilidad de pauta oficial, lo que significa un ingreso interesante para nuestros medios que en la mayoría de los casos está en los sectores populares, los sectores más pobres de la sociedad. Resulta que hacia fines del año pasado, con un cambio en la Secretaría de Medios, se cortó la posibilidad de diálogo, se cortó toda publicidad oficial y hemos sacado un comunicado, una manifestación con la preocupación por esta situación porque la Secretaría de Medios directamente ha cortado toda forma de diálogo con el sector de la comunicación popular. Por otro lado, distintos funcionarios del gobierno dicen querer apoyar, acompañar, fomentar pero esto en la práctica no sucede y entonces hemos tenido que manifestar públicamente esta situación.
—Hay gente que cree que la pauta significa un encorsetamiento del discurso y sin embargo una pauta no debería ser eso. Una pauta no te condiciona?
—Exactamente. Yo coincido con eso. De ninguna manera debería condicionar. Puede ser que en algunos casos alguna publicidad condicione pero la pauta oficial nacional en los dos últimos años de hecho no nos ha condicionado. Yo publiqué hace poco tiempo un análisis de la forma en que se distribuye la publicidad oficial, que es verdaderamente escandalosa. En todo el país unos 2500 medios reciben publicidad oficial de distintos organismos del Gobierno nacional, pero de esos 2500 solo veinticinco reciben el 68 % del total. O sea que el uno por ciento de los medios recibe el 68 % del dinero que se distribuye con la publicidad oficial. Otro dato también llamativo: el 63 % de toda la pauta nacional se asigna a medios de la Ciudad de Buenos Aires. Con esto se está violando, vulnerando la pluralidad. Es muy difícil una pluralidad si el mismo gobierno no la promueve. Estamos reclamando una pauta federal, una pauta asignada con criterios democráticos. Con criterios. Porque medios que están atacando permanentemente al gobierno reciben fortunas, pero verdaderas fortunas. Millones por día. Eso es una prueba evidente de que la pauta oficial no está condicionando ni está en función de la línea editorial de los medios. Porque los más enfrentados al gobierno son hoy los que más reciben.
—¿Qué pasa con la Ley de Medios? ¿Qué es lo que hay vigente, lo que no hay vigente?
—Una de las primeras cosas que hizo Macri al llegar al gobierno en diciembre del 2015 fue modificar sustancialmente, desguazar, destruir la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en realidad mal llamada Ley de Medios, porque no legisla sobre todos los medios de comunicación. La destruyó en función de los intereses de los grandes grupos y particularmente del Grupo Clarín, hay que decirlo con mucha claridad. Por ejemplo, estableciendo que la televisión por cable no es televisión, que es telecomunicaciones y por lo tanto eliminó las limitaciones a la cantidad de medios de un mismo grupo, modificó las autoridades, las formas de composición de las autoridades de los entes de comunicación, etc. Destruyó lo central pero hay cosas que se mantienen vigentes. Lo grave es que varios aspectos de la ley que están vigentes y no se cumplen o se cumplen a medias. Estamos de hecho bajo la norma impuesta por decreto por Macri. El decreto 267.
—¿Y eso aún no se ha modificado?
–No se ha modificado nada de lo que dejó el gobierno de Macri en materia de comunicación. Hay otro aspecto grave: la comunicación del Gobierno nacional está loteada, subdividida en varias secretarías y direcciones nacionales. Hay por lo menos tres secretarías de Estado dependientes del presidente de la nación que tienen incumbencia en materia de comunicación sin estar claro cuál es la función de cada uno. La Secretaría de Prensa, la Secretaría de Medios y ahora la vocería presidencial. Entonces no hay una clara política en materia comunicacional.
—Me permito poner una ficha a favor de la secretaria de medios Valeria Zapesochny, a quien conozco de cuando empezó a trabajar en comunicación. Le ponemos una ficha a favor porque en su momento ella trabajó bastante con el tema, sobre todo el tema género, en lo que tenía que ver la LSCA. Creo que de alguna manera habla el mismo lenguaje. Hoy funcionaria, supongo que el tema económico siempre te condiciona. Una cosa es ser el militante y otra ser el funcionario.
—Es que no estamos haciendo un cuestionamiento personal a los funcionarios, estamos haciendo un cuestionamiento a la estructura. Porque por un lado Valeria tiene una cosa, por otro lado Juan Ross tiene otra; son gente que conocemos, con las cuales hemos tenido diálogo pero ahora llamativamente esos que son compañeros no pueden, no encuentran la forma, no saben, se están reorganizando a lo mejor y no nos lo dicen. Lo cierto es que no podemos conversar y ver lo que está pasando. No es que estemos haciendo un reclamo de fortunas, estamos pidiendo una distribución más equitativa, democrática y federal.
