Medios, protestas y estigmatizaciones

Los encuadres periodísticos discriminan a la hora de ponderar de una manera u otra la utilización del espacio público como escenario de la expresión democrática. El rechazo mediático y la estigmatización de las personas en situación de pobreza.

Foto: Télam

La protesta y las movilizaciones forman parte de un derecho fundamental. Es una manera de operativizar y hacer efectivo el derecho de expresión, y por lo tanto es un componente esencial de la democracia. Sin embargo, los encuadres periodísticos de los medios que ocupan posiciones dominantes y las miradas varían en función de quienes hagan uso del espacio público y de quienes ejerzan sus derechos.

«Caos en el tránsito» es el eje central de las coberturas periodísticas cuando se movilizan los sectores empobrecidos de la sociedad. Con una narrativa que subestima y silencia las voces de los protagonistas mientras que estigmatiza a sus organizaciones: si alquilan un colectivo es cuestionado por los movileros; si tienen un referente, se lo presenta como un puntero que los manipula. Y en los últimos días, si se movilizan en transporte público, se naturaliza que las fuerzas de seguridad los interroguen intentando criminalizar el derecho a la protesta.

Parte del trasfondo de esto son las miradas aporofóbicas presentes en la sociedad, y fortalecidas una y otra vez por el discurso mediático. Que no es otra cosa más que el rechazo y desprecio hacia las personas en situación de pobreza.

Estas miradas conviven con los discursos de la antipolítica, la cual idealiza la imagen de una sociedad ordenada y sin conflictos. Pero ese ideal es imposible y antidemocrático. Porque en toda la sociedad los conflictos y disensos son inevitables. Son deseables, incluso, porque motorizan cambios.

Sin movilizaciones, sin protestas ni reclamos, no tendríamos derechos laborales, ni voto secreto y universal, ni matrimonio igualitario, ni las mujeres podrían decidir sobre sus cuerpos. Porque los derechos no son dádivas que otorga el Estado, sino conquistas colectivas.

No por nada se trata de un derecho garantizado por la propia Constitución Nacional en su artículo 14°, así como en los tratados internacionales de Derechos Humanos que ha ratificado la República Argentina que poseen jerarquía constitucional.

En la misma línea, el Observatorio de prácticas comunicacionales sobre sindicatos, que funciona en la Defensoría del Público, advirtió oportunamente que en la agenda mediática hay construcciones discursivas negativas de la práctica sindical. En ese sentido, la mitad de las noticias analizadas tenían por eje el impacto que la medida de fuerza tenía en terceras personas, haciendo foco en la demonización de la acción gremial.


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