Más ajuste: El Gobierno disolvió el Fondo Fiduciario del Servicio Universal
En línea con su política de achicamiento del Estado, el Gobierno nacional anunció la disolución del Fondo Fiduciario del Sistema Universal (FFSU).
La medida, que también disuelve el Programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar (Prodaf) y el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, se oficializó por medio del Decreto 6/2025 publicado en el Boletín Oficial este lunes. La disolución del FFSU afecta el derecho a conectarse, informarse, expresarse y profundiza los niveles de desigualdad. También afecta el desarrollo productivo de vastas zonas y la integración sociourbana.
La disolución de los fondos se respalda en el artículo 5° de la Ley N° 27742 de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos en la que se autorizó al Poder Ejecutivo Nacional a modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar los fondos fiduciarios públicos de conformidad con las reglas que allí se establecen, y las que surjan de sus normas de creación, instrumentos constitutivos u otra disposición aplicable».
La decisión se fundamenta en la necesidad de reestructurar la administración pública y optimizar la gestión de los recursos del Estado. Entre los considerandos se indica que la Sindicatura General de La Nación (Sigen) realizó las auditorías correspondientes y detectó irregularidades en su funcionamiento e incumplimiento de objetivos.
Con estos cierres, ya son dieciocho los fondos fiduciarios disueltos por supuestas «deficiencias identificadas en la gestión sus instrumentos financieros y por debilidades para velar por un uso transparente».
Creado por la Ley 27078/2014 —que declara de interés público el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, las telecomunicaciones, y sus recursos asociados, estableciendo y garantizando la completa neutralidad de las redes— el FFSU estaba destinado a posibilitar el acceso de todos los habitantes del país (de allí su nombre) a los servicios de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) prestados en condiciones de calidad y a un precio justo y razonable, independientemente de su domicilio, ingreso o capacidades. Su prioridad era proveer acceso a telecomunicaciones y TIC en zonas geográficas sin cobertura y a sectores sociales de menores ingresos. El FFSU se puso en marcha mediante programas formulados por el Ente Nacional de Servicios de Comunicación (Enacom), organismo de aplicación de la ley TIC.
El programa de conectividad del FFSU, por ejemplo, hizo posible instalar conectividad en más de dos mil barrios populares en todo el país y el tendido de casi cuarenta mil kilómetros de la Red Federal de Fibra Óptica (Refefo) que mejora la infraestructura para la conectividad digital en zonas alejadas de los centros urbanos. Esta red conecta localidades de dieciocho provincias (Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Rio Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán).
Ahora, el decreto suspende obras en curso sin que haya disponible ninguna alternativa tecnológica y condena a zonas enteras del país al aislamiento. Además, golpea a las pymes y cooperativas que ejecutaban esas obras. Y, de hecho, la medida empuja a las regiones más despobladas, sin despliegue de internet privada, a quedar en lo inmediato aislados y en el futuro rehenes de las políticas de operadores extranjeros a los que se les presentará un negocio cerrado para el desarrollo de internet satelital.
Desde luego, quedan abiertos algunos interrogantes, ya que si bien el decreto disuelve el FFSU, mantiene el aporte del uno por ciento, que ahora irá a Economía. Mientras, el Enacom habilita a Starlink a operar internet satelital. ¿A dónde irán esos fondos y a quién financiará?
Y temas para debatir en relación con los señalamientos de la Sigen, ya que el ajuste de las cuentas públicas no puede ser una excusa para desfinanciar programas vitales como los del FFSU.
El Gobierno de La Pampa rechaza la disolución del FFSU
«Es imperativo para quienes entendemos que la Argentina se tiene que desarrollar federal y armoniosamente entre las grandes ciudades el interior profundo, manifestar un enérgico rechazo a la disolución del Fondo Fiduciario del Servicio Universal, decretada hoy por el gobierno nacional (Decreto 6/2025)», señaló el ministro de Conectividad y Modernización, Antonio Curciarello.
El comunicado señala también: «Este fondo permitía, entre otras cosas, realizar obras para llevar internet y señal de celular a localidades donde no invertían las grandes empresas y ejecutar programas de inclusión digital, como la entrega de tablets a adultos mayores.
En otro párrafo, el ministro pampeano puntualiza: «Corresponde resaltar que esta equivocada y perjudicial decisión del Gobierno nacional es llevada a cabo por las facultades extraordinarias conferidas al presidente de la Nación en la Ley Bases. Dicha Ley, fue votada en el caso de La Pampa por la totalidad de los legisladores de Juntos por el Cambio. Es necesario clarificar al pueblo pampeano de quienes son los responsables locales de que medidas como estas se puedan perpetrar».
«Con la eliminación del Fondo de Servicio Universal (FSU) —prosigue—, un fondo que hoy asciende a más de 250 mil millones de pesos, se profundiza la desigualdad y se roba la esperanza de una Argentina cada vez más conectada. Con la sola firma de un decreto se está derogando un fondo creado por ley, aprobado por ambas cámaras del Congreso de la Nación. Esperamos que el Congreso no avale este decreto, ya que sería un golpe a la conectividad del interior del país.»