Organizaciones de la sociedad se pronuncian contra las candidaturas de Lijo y García-Mansilla a la Corte Suprema
Ante la falta de espacios que permitan una efectiva participación de la ciudadanía en el proceso de designación de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, organizaciones de la sociedad civil realizaron una audiencia pública ciudadana en la Cámara de Diputados para expresar sus preocupaciones acerca de los candidatos.
El Poder Ejecutivo propuso como candidatos para cubrir dos vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. La Constitución, en su artículo 99, inciso 4, prevé que los jueces del máximo tribunal serán designados por el presidente con acuerdo del Senado. Después que el Ministerio de Justicia enviara la propuesta al Poder Legislativo, la Comisión de Acuerdos del Senado fijó las fechas para las audiencias públicas de cada uno de los candidatos el 21 y 28 de agosto. La ciudadanía tiene derecho a participar en esta decisión.
Sin embargo, y a pesar de presentarse un pedido explícito ante esa Cámara, sus autoridades no garantizaron instancias de participación que permitan una discusión plural y real sobre los antecedentes, la idoneidad y la independencia de los postulantes, ni sobre su compromiso con los valores democráticos y los derechos humanos.
En consecuencia, desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), Poder Ciudadano, Human Rights Watch, la Unión de Usuarios y Consumidores y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) resolvieron convocar a una audiencia pública ciudadana para el 22 de agosto en la Cámara de Diputados con la finalidad de promover un debate técnico, informado y profundo sobre las personas propuestas para integrar la Corte.
Además, adhirieron a la iniciativa Andhes, Asociación Pensamiento Penal, CAIP, Centro de Estudios para la Gobernanza, Directorio Legislativo, DPLF, Escuela de Fiscales, Fundación Sur Argentina, Fundeps, MEI, Nuestra Mendoza, Fundación Mujeres por Mujeres, Red Mujeres para la Justicia, Red El Ruido, Salta Transparente y Centro para la implementación de Derechos Constitucionales.
En esa fecha, representantes de organizaciones de la sociedad civil especializadas en justicia y derechos humanos, de la academia y del periodismo expusieron sus posturas sobre las candidaturas. El encuentro también contó con la participación y asistencia de los diputados Fernando Carbajal de la UCR, Maximiliano Ferraro (CC), Juan Manuel López (CC), Marcela Campagnoli (CC), Esteban Paulón y Monica Fein de Encuentro Federal y la diputada provincial de Santa Fe, Lionella Cattalini, e incluyó un espacio donde la ciudadanía tuvo la oportunidad de manifestar su opinión.
La audiencia contó con tres paneles, el primero sobre igualdad de género en la composición de la Corte, en el que participaron Mariela Galeazzi (Amnistía Internacional), Laura Clérico (Programa Género y Derecho de la Universidad de Buenos Aires), María Eugenia Chapero (Red Mujeres para la Justicia) y la periodista Ingrid Beck.
La conversación estuvo centrada en uno de los aspectos más visibles de las candidaturas: la nula diversidad de género en la potencial composición de la Corte. La pluralidad de género en cargos públicos y en espacios de toma de decisión no es una opción, sino una obligación jurídicamente vinculante que surge de la Constitución y tratados internacionales. El incumplimiento de una exigencia tan básica en el máximo tribunal constituye una señal negativa para avanzar en las transformaciones que resultan necesarias para alcanzar una justicia con verdadera perspectiva de género.
El segundo panel, conformado por Julian Alfie (Inecip), Celeste Fernandez (ACIJ), Karina Kalpschtrej (Poder Ciudadano) y los periodistas Diego Genoud y Candela Ini, enfocó los serios problemas que presenta la candidatura de Ariel Lijo, juez actualmente a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal Nº 4.
Los expositores hicieron hincapié en que el candidato no cuenta con una trayectoria académica y profesional a la altura del cargo que se pretende cubrir, a los problemas en su desempeño en la investigación de causas penales, y en particular de las causas de corrupción, y a las fundadas sospechas que pesan sobre su independencia e integridad.
El último panel —integrado por Natalia Gherardi (ELA), Claudio Boada (Unión de Usuarios y Consumidores), Mariela Puga (Conicet-UNC) y la periodista Mariana Iglesias— abordó la candidatura de Manuel García-Mansilla, académico y actual decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral.
Aquí la discusión puso en primer plano las posturas públicas de García Mansilla, que podrían implicar retrocesos en materia de derechos humanos, con énfasis en sus visiones restrictivas en temas de género.
Po su parte, Fernando Carbajal anunció que los diputados y las diputadas exigirán a la Comisión de Acuerdos del Senado que realice una reunión informativa para que sus integrantes puedan escuchar los planteos que la sociedad civil expresó en la audiencia.
Finalmente, las organizaciones convocantes al encuentro ciudadano resolvieron solicitar al Senado de la Nación —en busca de asegurar una Corte idónea, independiente y comprometida con los derechos humanos— que rechace ambas candidaturas.
