El Foro Información y Democracia propone impuestos digitales para financiar el periodismo
El Foro sobre la Información y la Democracia publicó un informe en el que examina el potencial de los impuestos a los servicios digitales (ISD) para corregir el desequilibrio económico que experimentan los medios y garantizar su función como bien público esencial para la democracia.
El Foro sobre la Información y la Democracia publicó el informe A Digital Tax to Support Quality Journalism, advierte que el desvío de la inversión publicitaria hacia las big tech, la consolidación de su dominio en el mercado digital y el auge de la inteligencia artificial generativa han erosionado la sostenibilidad de los medios.
Las cifras muestran la magnitud del desequilibrio: mientras la industria publicitaria global superó el billón de dólares en 2024, los ingresos de los medios se redujeron a la mitad en comparación con la década anterior. En paralelo, las experiencias de Austria y Francia con impuestos digitales evidencian el potencial de estas medidas. Austria, desde 2020, recaudó €124 millones en 2024 a través de un gravamen sobre publicidad digital, aunque solo €20 millones se destinaron directamente a los medios. Francia, con el llamado impuesto Gafam, acumula más de cien millones anuales y roza los mil millones en 2024, aunque sin canalizar recursos al periodismo.
En tal sentido, el documento, elaborado con expertos y académicos internacionales, revisa distintas opciones tributarias y mecanismos de ejecución que propone la creación de un sistema fiscal dirigido a las grandes plataformas digitales para financiar el periodismo de calidad y reducir la fragilidad económica de los medios.
El estudio describe un sistema fiscal que los países podrían aplicar, en ausencia de un marco global consensuado en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE): impuestos generales sobre servicios digitales o centrados en la publicidad; gravámenes culturales inspirados en los que financian a las industrias audiovisuales; la ampliación del IVA con un criterio redistributivo; y tasas basadas en el valor generado por los usuarios en las plataformas.
Entre los principales obstáculos señala: la falta de consenso público para asignar tributos a los medios frente a otras prioridades sociales; el riesgo de crear dependencia excesiva de los medios respecto a las plataformas, perpetuando el vínculo con el mercado publicitario digital; la dificultad de definir qué es el periodismo de interés público y diseñar fórmulas de reparto justo; y obstáculos legales, como ocurrió en Chile, donde se requería una reforma constitucional.
Como recomendaciones, el Foro urge instrumentar cuanto antes: una tasa digital con parte de los ingresos reservados a los medios; considerar la inclusión de la inteligencia artificial en el diseño del impuesto; establecer agencias independientes con representación de profesionales de prensa para gestionar los fondos; garantizar criterios transparentes y accesibles para que medios locales, digitales y sin fines de lucro; y evitar la independencia editorial frente a injerencias gubernamentales.
Más allá de las dificultades políticas, el informe subraya que el impuesto digital no es solo un correctivo de mercado, sino un imperativo moral: que las grandes tecnológicas paguen la parte que les corresponde y que los gobiernos reconozcan al periodismo como un bien público esencial para la democracia.
También plantea que, a pesar del contexto político actual, donde las negociaciones para un marco tributario global se han estancado y los aranceles están amenazados, este informe sirve como un recurso integral para expertos y formuladores de políticas que buscan soluciones efectivas y directas para abordar los desafíos financieros que enfrenta la industria de los medios y salvaguardar el periodismo de calidad en un entorno digital que cambia rápidamente.
El Foro es una entidad internacional fundada por organizaciones independientes de diferentes orígenes y regiones: Fundación de Derechos Digitales (Pakistán); Reporteros Sin Fronteras (Francia); Observacom (Uruguay); Instituto para el Diálogo Estratégico (Reino Unido); Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Berkeley (EE. UU); Alianza para el Gobierno Abierto (Francia); Centro para la Innovación en Gobernanza Internacional (Canadá); Instituto de Investigación para la Paz de Oslo (Noruega); Civicus (Sudáfrica); Free Press Unlimited (Países Bajos).
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